El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió este miércoles en rueda de prensa a la reciente decisión de revocar el acto administrativo dictado por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, restableciendo de forma definitiva la inhabilitación profesional por cinco años para la anestesista Inés Miralles, condenada por el homicidio culposo de la pediatra Soledad Barrera.
En sus declaraciones, el mandatario ratificó su absoluto respaldo político a la titular del Ministerio de Salud Pública (MSP) y aseguró que la corrección de la medida constituyó una determinación tomada de común acuerdo entre ambas jerarquías. «Fue una decisión compartida», enfatizó Orsi al explicar la reevaluación legal del expediente tras los reclamos presentados por los familiares de la víctima.
La divergencia de los informes jurídicos y el respaldo al Gabinete
El jefe de Estado detalló la secuencia de hechos que desembocó en la rectificación del Poder Ejecutivo, señalando que el área jurídica de Presidencia no coincidió con el criterio inicial promovido por los servicios legales de la cartera de salud. «A partir de eso tomamos una definición entre los dos. Fue una decisión demasiado dura bajar una sanción, pero fue a instancia de la sugerencia jurídica. Ahí todos podemos ser inducidos al error», argumentó.
Consultado sobre las presiones de la oposición y los pedidos de dimisión que recayeron sobre Lustemberg y otros integrantes del gobierno, Orsi fue categórico al afirmar que su Gabinete se encuentra plenamente firme. El mandatario remarcó que la revisión administrativa puso en evidencia la necesidad de corregir a tiempo cuando existen asesoramientos técnicos equivocados dentro de las dependencias estatales.
El dictamen de la ONSC y la renuncia masiva en la Comisión de Salud
Según los antecedentes técnicos incorporados al trámite resolutivo, Presidencia solicitó un dictamen clave a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para dirimir el recurso impulsado por la madre de la víctima. El organismo dictaminó que la reducción a tres años resultaba «equívoca», al haberse acreditado cuatro apartamientos graves a la lex artis médica durante la intervención quirúrgica que desencadenó el paro cardíaco y el daño cerebral irreversible de Barrera.
La controversia se remontaba al 1° de octubre, cuando la resolución ministerial de rebajar la pena había desencadenado un cimbronazo institucional en la estructura sanitaria, motivando la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la Comisión de Salud Pública. Con la nueva firma estampada en conjunto por Orsi y Lustemberg, la inhabilitación de cinco años para el ejercicio de la medicina por parte de Miralles quedó definitivamente ratificada.
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