El presidente de la República, Yamandú Orsi, revocó la resolución del Ministerio de Salud Pública (MSP) que había reducido de cinco a tres años la inhabilitación para el ejercicio profesional de la anestesista María Inés Miralles. Con la firma del mandatario y de la propia ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto la rebaja y confirmó la sanción original de cinco años contra la médica, condenada por el homicidio culposo de la pediatra Soledad Barrera.
La decisión presidencial se fundamenta en un informe clave elaborado por la División Jurídica del MSP. El documento expone elementos contundentes recabados por una junta médica forense del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los cuales justificaron la reconsideración inmediata de la medida adoptada en octubre de 2025.
Las irregularidades médicas y la alteración de registros
Entre los hallazgos principales citados en la resolución, la investigación determinó que la anestesista extubó a Barrera de forma inapropiada en la sala de operaciones durante la cirugía de vesícula a la que era sometida. El informe señala que la propia evolución de la paciente —quien sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser reintubada en la misma área del block quirúrgico— respalda dicha constatación.
Asimismo, las pericias forenses confirmaron la existencia de mala praxis y constataron que se realizaron modificaciones en los registros de la historia clínica de la víctima.
El documento concluye que existió un claro «apartamiento de la conducta esperada para la media de un especialista en anestesiología». A su vez, advierte que no surgió evidencia de que la profesional hubiera notificado debidamente al equipo quirúrgico ni asignado a un responsable para continuar con el control anestésico durante sus ausencias en el quirófano, así como tampoco se pudo precisar la duración exacta de dichas ausencias.
Antecedentes en la institución médica y reclamo familiar
El expediente incorpora además un informe remitido por la Sociedad Médica Integral, centro asistencial donde se llevó a cabo la intervención. La institución médica detalló que desde abril de 2024 se había dejado de convocar a la doctora Miralles para prestar servicios debido a «actitudes irregulares».
El caso cobró fuerte repercusión tras la condena penal de la anestesista mediante un proceso abreviado por homicidio culposo. La posterior decisión del MSP de reducir la inhabilitación del título había generado el rechazo directo de la familia de la pediatra fallecida, cuyo padre, Néstor Fernando Núñez, llegó a entregar una carta al presidente Orsi solicitando la revisión de la medida.
Con las nuevas pruebas y el dictamen jurídico sobre la mesa, la División Jurídica del MSP recomendó rever la flexibilización, derivando en la firma del decreto que restituye la sanción máxima de cinco años por entender que «la gravedad de los hechos no admite reducción alguna».
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