El abogado de la familia de Soledad Barrera, Pablo Schiavi, se pronunció este miércoles de mañana sobre la resolución del presidente Yamandú Orsi que dejó sin efecto la rebaja de la sanción administrativa aplicada a la anestesista Inés Miralles. En declaraciones al programa Arriba Gente de Canal 10, el representante legal respaldó la intervención del mandatario y volvió a cuestionar el accionar de la titular de la cartera sanitaria, la ministra Cristina Lustemberg.
«El presidente de la República puso las cosas en su lugar», aseveró Schiavi al valorar el decreto del Poder Ejecutivo que restituyó la inhabilitación profesional de cinco años para la anestesista condenada por homicidio culposo tras la muerte de la joven pediatra. La resolución presidencial echó por tierra el acto administrativo firmado el año pasado por Lustemberg, el cual había reducido la suspensión a tres años.
Críticas a las declaraciones de la ministra de Salud
En su intervención televisiva, Schiavi fue especialmente crítico con los dichos recientes de la titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), quien se había referido públicamente al cambio de criterio resuelto por el mandatario. El profesional consideró que las explicaciones brindadas por la jerarca generaron mayor confusión alrededor de un proceso que ya contaba con un respaldo técnico y jurídico definitivo.
“Ayer lamentablemente, otra vez, las declaraciones de la ministra no fueron oportunas, creo que ya con la firma del presidente de la República esa resolución alcanzaba, y la ministra vuelve a manejar conceptos que no son claros”, manifestó el abogado querellante, remarcando la disconformidad de la familia con la postura mantenida desde el Ministerio.
Acciones ante el Colegio Médico y cierre de causas judiciales
En cuanto a las vías de reclamo que continúan abiertas, Schiavi confirmó que la representación legal de la familia Barrera presentó el expediente ante el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay. La intención de los allegados a la víctima es que la sanción profesional alcance el tope máximo contemplado dentro de los estatutos de la colegiación.
Según detalló el jurista, si el Tribunal determina la existencia de una falta ética de carácter grave, “la suspensión puede ir hasta 10 años”. Por otra parte, Schiavi recordó que tanto la instancia penal —que derivó en la condena de Miralles— como el proceso civil quedaron cerrados, habiéndose alcanzado a mediados de este año un acuerdo de reparación económica para la familia golpeada por la mala praxis.
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