Los senadores del Partido Nacional Rodrigo Blas, José Luis Falero y Graciela Bianchi presentaron este miércoles 11 de noviembre una denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. La acción legal busca que la Justicia investigue la filtración de fotografías, videos e información reservada relacionada con la Operación Trazador, la causa judicial que desarticuló una red dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero.
Esta nueva presentación se suma a las actuaciones que ya venían tramitándose en la sede fiscal a raíz de denuncias anónimas sobre el accionar de la Policía durante los allanamientos. El expediente principal se encuentra a cargo del fiscal de Delitos Económicos de 3° Turno, Gilberto Rodríguez, quien debe determinar si existieron conductas delictivas por parte del director general de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Robert Correa, o de otros efectivos involucrados en los procedimientos.
El foco en el delito de revelación de secretos y la comparecencia parlamentaria
El escrito impulsado por los legisladores nacionalistas plantea la eventual configuración del delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 163 del Código Penal. La denuncia toma como antecedente clave la comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, ante la Comisión Especial de Seguridad de la Cámara de Diputados el pasado 22 de octubre, donde el jerarca confirmó la existencia de dos videos filtrados a la prensa: uno integrado formalmente a la carpeta fiscal y otro grabado desde un teléfono particular.
La polémica se centra en las imágenes de la vivienda de Pablo Leiva —exasesor del edil blanco Gonzalo Gómez y condenado por lavado de activos—, las cuales fueron difundidas en el programa periodístico La Tapadita, conducido por Eduardo Preve. Durante la instancia parlamentaria, el diputado Pablo Abdala reclamó el distanciamiento preventivo de Correa por haber registrado el procedimiento con su celular personal, mientras que el ministro Negro respaldó la trayectoria del oficial y descartó removerlo sin pruebas definitivas sobre la autoría de la divulgación.
Riesgos operativos, pericias solicitadas y el trasfondo del caso
En su argumentación, los senadores blancos advirtieron que la difusión ilegítima del material puso en riesgo la seguridad de los efectivos policiales, comprometió métodos de trabajo operativos y expuso datos sensibles en el marco de la lucha contra el crimen organizado. Por tal motivo, solicitaron a la Fiscalía que ordene la preservación de dispositivos electrónicos, la reconstrucción de la cadena de custodia de las imágenes, la auditoría de los recorridos del sistema Sisconve y el relevamiento de las actuaciones administrativas internas del Ministerio del Interior.
La Operación Trazador permitió la incautación de más de 260 kilos de pasta base valorados en dos millones de dólares, además de vehículos de alta gama, armas de fuego, municiones de fusil AK-47 y sumas millonarias en moneda nacional y extranjera. El caso concluyó con la condena de tres personas —entre ellas Leiva, penado a dos años y medio de prisión— y derivó en derivaciones políticas como la suspensión por dos años del edil Gonzalo Gómez de su banca en la Junta Departamental de Montevideo.
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