«Voy a seguir hasta el final», afirmó la madre de Soledad Barrera

Rosario Barrera, madre de la médica Soledad Barrera —fallecida tras sufrir complicaciones en una cirugía de rutina debido a una mala praxis—, expresó públicamente su postura luego de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, revocara la rebaja de la sanción administrativa dictada previamente por el Ministerio de Salud Pública (MSP). En declaraciones brindadas al informativo Teledía, la mujer remarcó que el fallo del Poder Ejecutivo representa un paso importante dentro del reclamo familiar, aunque ratificó que continuará exigiendo que la investigación avance en todas sus instancias.

«No le puedo decir que estoy contenta. Contenta voy a me poner cuando se haga justicia y voy a seguir hasta el final con la investigación», afirmó Rosario Barrera al ser consultada sobre las sensaciones que le produjo la novedad institucional. Asimismo, valoró de manera directa la intervención del mandatario: «Agradezco al presidente que se haya puesto una mano en el corazón con esta decisión».

Antecedentes y las fallas en el quirófano

El pronunciamiento de la familia se produce horas después de que el Poder Ejecutivo dejara sin efecto la Resolución del MSP que en octubre de 2025 había disminuido de cinco a tres años la inhabilitación profesional de la anestesista María Inés Miralles. La profesional había sido condenada por la Justicia mediante un proceso abreviado por la comisión de un delito de homicidio culposo.

La ratificación de la sanción máxima de cinco años dispuesta originalmente por la Comisión de Salud Pública se apoyó en un dictamen contundente de la División Jurídica del MSP. El informe técnico tomó como base las conclusiones de una junta médica forense del Departamento de Medicina Legal, las cuales confirmaron la existencia de negligencia en el procedimiento médico.

Entre las irregularidades detalladas por las pericias forenses se constató que la profesional procedió a extubar a la paciente de forma inadecuada dentro de la sala de operaciones. Dicha maniobra obligó a una reintubación de urgencia en el propio block quirúrgico tras sufrir la víctima un paro cardiorrespiratorio que la dejó en estado irreversible. A su vez, los técnicos constataron modificaciones y adulteraciones en los registros de la historia clínica de la paciente, configurando lo que el informe definió como un claro «apartamiento de la conducta esperada para la media de un especialista en anestesiología».

Repercusión en la opinión pública y el estándar regulatorio

El caso de Soledad Barrera reinstaló el debate social e institucional respecto a la rigurosidad de los controles en el ejercicio de la medicina y las facultades del Estado para sancionar las faltas graves en la atención sanitaria. Desde el ámbito jurídico se señala que las decisiones administrativas del Poder Ejecutivo sientan un precedente relevante en la interpretación de los límites de las atribuciones delegadas en los ministerios.

Al ratificar que en la reducción previa «se incurrió en exceso de poder» y que «la gravedad de los hechos no admite reducción alguna», el decreto firmatorio presidencial marca un criterio estricto sobre las consecuencias administrativas de las condenas penales por mala praxis profesional en el país.

El reclamo familiar y el camino judicial

Para la familia Barrera, la restitutiva de los cinco años de inhabilitación atiende un reclamo ético y moral que venían impulsando públicamente. Semanas atrás, el padre de la víctima, Néstor Fernando Núñez, había mantenido contactos institucionales entregando cartas a las autoridades para manifestar su disconformidad con la flexibilización de la sanción.

Rosario Barrera fue enfática en señalar que el decreto de Presidencia no marca la conclusión de sus reclamos. La continuidad de los procedimientos administrativos e investigaciones judiciales en curso mantendrán el foco puesto en determinar las responsabilidades de la atención recibida en el centro asistencial y en garantizar la transparencia plena de las actuaciones.