Los informes de la intervención del CASMU han sido formalmente sepultados bajo un manto de secretismo institucional que durará quince años. El Ministerio de Salud Pública (MSP) montó una ingeniería jurídica para evitar que la sociedad uruguaya sepa qué pasa dentro de una de las mutualistas más endeudadas del país, justo en el momento en que se promueve asistencia financiera y leyes especiales con el dinero del pueblo. La maniobra, llevada a cabo entre agosto de 2025 y abril de 2026 por la ministra Cristina Lustemberg, transformó una restricción temporal en un blindaje definitivo que atenta contra los principios más elementales de la transparencia y el control republicano.
Según documentos oficiales del MSP recopilados en exclusiva por Uruguay Al Día, el proceso comenzó el 13 de agosto de 2025 cuando la Secretaría de Estado emitió la Ordenanza 911. En ese texto, el ministerio declaró la «confidencialidad» de los informes elaborados por la Comisión Interventora que operaba dentro de la institución de asistencia médica. Los argumentos esgrimidos en aquel momento apuntaban a proteger la «naturaleza estratégica, financiera y sensible» de los datos, los cuales supuestamente podrían comprometer la estabilidad económica de la entidad, afectar negociaciones en curso y poner en riesgo la continuidad asistencial de los afiliados.
La figura de la confidencialidad, no obstante, encerraba una condición clara: la información sólo permanecería oculta mientras durara la situación de riesgo económico o hasta tanto no se viera afectada la intervención. Una vez superada esa contingencia o finalizado el proceso de auditoría, la ciudadanía tendría el derecho constitucional y legal de acceder a las actuaciones para verificar cómo se administraron los recursos públicos y privados dentro del CASMU.
La conversión al secreto absoluto mediante la Ordenanza 360
El escenario cambió radicalmente apenas ocho meses después. El 10 de abril de 2026, la ministra Cristina Lustemberg firmó la Ordenanza 360, una norma que borró de un plumazo la confidencialidad condicionada y la convirtió en una reserva absoluta. La excusa formal utilizada por el Ministerio de Salud Pública fue una sugerencia técnica contenida en el Informe N° 28 de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP). Al evaluar la Ordenanza 911, dicho organismo fiscalizador sugirió que, por la naturaleza de los datos, la figura correcta para encuadrar la restricción no era la confidencialidad sino la «información reservada».
Lejos de ajustar la norma para abrir los datos a la población una vez concluidos los riesgos, la División Servicios Jurídicos del MSP recomendó aplicar el castigo máximo a la transparencia. La ministra Lustemberg aprobó sustituir el numeral 1° de la Ordenanza 911 de 2025 e impuso que la totalidad de los informes de la intervención del CASMU pasen a la condición de «información reservada» por el plazo máximo que permite la Ley N° 18.381, equivalente a 15 años.
Esta decisión administrativa sepulta cualquier posibilidad de auditoría ciudadana hasta el año 2041. Con este mecanismo, el Estado encubre las auditorías financieras, los balances organizacionales y las decisiones operativas tomadas por la Comisión Interventora. La maniobra genera severas sospechas en torno al destino de los fondos solicitados para el salvataje de la institución, configurando una conducta que se aparta del mandato de transparencia en la gestión de la salud pública.
La opacidad sobre el dinero del pueblo en la salud
La contradicción del Ministerio de Salud Pública es flagrante. Por un lado, la cartera promueve iniciativas legales para destinar sumas millonarias provenientes de los impuestos de los uruguayos para sostener la estructura económico-financiera del CASMU. Por otro lado, la autoridad sanitaria utiliza la lapicera para aplicar el plazo de reserva más largo de la legislación nacional sobre los documentos que explican el agujero financiero de la institución.
El ocultamiento de los informes de la intervención del CASMU por tres quinquenios enteros priva al usuario y al contribuyente del derecho básico a conocer la verdad. Cuando una administración recurre al secreto de 15 años para esconder auditorías, informes técnicos y movimientos comerciales, surge el derecho legítimo de sospechar sobre la idoneidad de los actos cometidos dentro de esa intervención.
Las consecuencias institucionales del candado de 15 años
La vigencia de la Ordenanza 360 cierra la puerta a cualquier pedido de acceso a la información pública formulado por periodistas, legisladores o usuarios de la salud. El paraguas de los artículos 9°, 10° y 11° de la Ley N° 18.381 fue utilizado por el MSP no para proteger el interés general, sino para construir un muro infranqueable sobre las resoluciones de la comisión interventora.
Las repercusiones de este cerrojo administrativo trascienden las fronteras del CASMU. Sientan un antecedente nefasto en materia de gobernanza pública, donde cualquier intervención estatal sobre una entidad privada con fondos públicos puede terminar guardada en un cajón bajo llave durante década y media. El Ministerio de Salud Pública eligió el camino del secretismo total sobre los informes de la intervención del CASMU, dejando abiertas interrogantes sobre qué es lo que realmente contiene esa documentación que la ciudadanía no podrá leer hasta el año 2041
Uruguay Al Dia
Dejá tu comentario
Comentá con tu nombre y Gmail. Tu correo es privado y nunca se publica.