El caso que sacudió los cimientos del sistema sanitario uruguayo sumó este miércoles un capítulo escandaloso con ribetes de papelón judicial. Mientras el gobierno intenta dar vuelta la página tras las idas y vueltas entre el presidente Yamandú Orsi y la ministra Cristina Lustemberg, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y la Justicia civil pusieron contra las cuerdas al Estado por una negligencia burocrática inentendible que complica todo el escenario.
La trama judicial gira en torno al recurso de nulidad presentado por la anestesista Inés Miralles, quien fue inhabilitada por cinco años tras la trágica muerte de la pediatra Soledad Barrera, fallecida en 2023 en el SMI luego de diez meses de agonía en estado casi vegetativo a raíz de un paro cardíaco. La hipótesis principal del caso expuso una cruda realidad: la profesional se habría ausentado del block quirúrgico para irse al baño a consumir fentanilo, desatando la tragedia. Al agotar los recursos en el Ministerio de Salud Pública (MSP), la defensa de la médica llevó el expediente a la órbita de lo Contencioso Anulatorio.
El error no forzado: un día tarde y chao prueba del ministerio
Lo que parecía un trámite rutinario de defensa estatal se convirtió en un verdadero gol en contra institucional. Según confirmaron fuentes del propio MSP a El Observador, la cartera demoró la entrega del escrito de contestación por apenas un día fuera de plazo. Ese simple desliz temporal activó de inmediato la temida «regla de admisión» procesal.
Ante la falta de respuesta en tiempo y forma, la jueza de lo Contencioso Anulatorio de 1° Turno, Lucía Techera, aplicó todo el rigor de la normativa: dio por ciertos los hechos narrados por la anestesista respecto al procedimiento y la atención médica, barrió de un plumazo la prueba que quería presentar el ministerio y, para colmo, habilitó de lleno la prueba de la defensa junto a una pericia técnica de oficio. El Ministerio de Salud Pública quedó atado de manos y expuesto a las consecuencias de un proceso que ya entró en zona de máxima ebullición.
Sumario urgente y la bronca que no cesa en el sanatorio
La metida de pata procesal no pasó desapercibida en el décimo piso. La falta de respuesta en plazo desató un sumario interno urgente a la abogada encargada del trámite, cuyo expediente concluyó recientemente dictaminando que corresponde aplicarle una sanción por «falta grave» debido al monumental perjuicio procesal ocasionado al Estado.
Este traspié judicial cae como una bomba en el peor momento político, justo cuando el Ejecutivo intentaba cerrar filas luego de las renuncias en la Comisión de Salud y las críticas opositoras por el intento fallido de bajarle la pena a la médica. Ahora, con la pericia médica en marcha y la resolución final prevista recién para 2027, la gran pregunta que se hacen todos en los pasillos judiciales es si la impericia del Estado terminará regalándole una puerta de salida a la anestesista cuya conducta dejó sin vida a una colega.
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