Entre 2021 y 2025, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) registró exactamente 37.482 incautaciones en todo Uruguay, por un valor total de $ 5.381 millones, según datos oficiales del sistema LUCÍA reunidos en un expediente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al que accedió El País.
El reporte permite mirar de cerca el pulso de los controles en fronteras y rutas: cigarrillos, vestimenta, cosméticos, artículos para el hogar, bebidas y vehículos figuran entre los rubros más frecuentes, además de detallar cómo operan las regionales y cuál es el destino final de lo que se retiene.
Antecedentes y comparativa El volumen de procedimientos tuvo su pico en 2023, con 10.964 incautaciones, y luego se ubicó en 8.998 en 2024 y 8.213 en 2025. En cambio, el valor económico de la mercadería mostró subas y bajas marcadas: pasó de $ 645 millones en 2021 a $ 1.764 millones en 2022, cayó a $ 694 millones en 2023 y volvió a subir hasta $ 1.383 millones en 2025.
En la operativa diaria, el país se divide en tres regionales: la Norte (Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres), la Oeste (Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro) y la Sur (que abarca Montevideo y otros diez departamentos). En 2025, la Regional Sur desglosó rubros como 291.304 cigarrillos, 18.212 unidades de cosméticos y limpieza, 17.850 comestibles, 13.243 prendas de vestir, 11.914 bebidas y 10.196 teléfonos y accesorios, además de 56 vehículos por casi $ 46,8 millones.
La Regional Oeste, por su parte, lideró en cantidad de cigarrillos retenidos durante 2025, con unas 908.550 unidades valuadas en unos $ 10,2 millones, junto a 82.322 unidades de comestibles (unos $ 9,1 millones), 27.934 bebidas (unos $ 6,9 millones) y 29 vehículos por cerca de $ 11 millones. En tanto, la Regional Norte reportó 256 procedimientos en 2025 por algo más de $ 108,6 millones, sin desglose por rubro.
Análisis regional y del impacto cotidiano En América Latina, el contrabando y los flujos irregulares de mercaderías atraviesan economías de frontera, asimetrías de precios y rutas comerciales clave. Cuando entran o circulan productos sin control, el impacto no es abstracto: golpea el comercio formal, altera la competencia y presiona sobre los controles del Estado.
Detrás de cada caja o vehículo incautado también hay una dimensión humana y social que suele quedar en segundo plano: trabajadores y familias que dependen del comercio legal en ciudades del interior y la capital, operativos que exigen presencia constante en rutas y pasos, y bienes que, una vez retenidos, deben ser administrados con transparencia.
Declaraciones oficiales y voces expertas El expediente del MEF —originado en un pedido de acceso a la información pública— muestra que entre el 1º de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025 se contabilizaron 47.447 salidas de stock hacia destrucción, 50.728 a remate y 92.202 a donación. Entre quienes recibieron donaciones sobresalen 22.847 registros vinculados a ANEP, jardines, CAIF, INAU, Primaria, Secundaria y UTU, 18.009 de ministerios y entes públicos, y 12.053 de clubes, ONG, obras sociales, hogares, merenderos y entidades religiosas, además de intendencias, Policía, cárceles, hospitales, Prefectura y Bomberos.
Sin embargo, los informes también dejan ver límites operativos en el seguimiento. La Administración de Aduanas de Montevideo indicó que su registro de incautaciones no consigna el destino posterior de los bienes —por lo que no puede precisarse cuánto quedó depositado a fines de 2025, cuánto se remató o destruyó ni los costos asociados—, y la Regional Sur señaló que, aunque usa depósitos propios sin alquiler, carece de un registro específico sobre condiciones o costos de conservación. Desde Aduanas aclararon a El País que el sistema LUCÍA junto con la herramienta Pentaho permiten procesar datos consolidados sobre incautaciones, valores y salidas de stock.
Proyección Con miles de procedimientos cada año y cifras millonarias en juego, el desafío hacia adelante pasa por sostener la capacidad de control territorial y, al mismo tiempo, afinar la trazabilidad de cada bien retenido desde que entra a depósito hasta su disposición final.
Una mayor precisión en los registros y en los costos de guarda y destino fortalecerá la rendición de cuentas y permitirá que lo que se incauta —especialmente aquello que termina en escuelas, hogares o instituciones sociales— se gestione con criterios claros y verificables.





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