Salud y bienestar

Escándalo en el MSP: El Tribunal de Ética Médica apela a tecnicismos para no investigar a Cristina Lustemberg

Sede institucional del Colegio Médico donde funciona el Tribunal de Ética Médica en Montevideo

El Tribunal de Ética Médica apeló a formulismos de redacción para eludir la apertura de una investigación formal contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y la anestesista Inés Miralles, en el marco de uno de los episodios más bochornosos que afectan a la gestión de la cartera sanitaria. El órgano colegiado resolvió desestimar la presentación promovida por la familia de la pediatra Soledad Barrera, alegando de manera insostenible que el escrito impulsado «no narra con precisión los hechos concretos» que configurarían una falta deontológica susceptible de sanción.

Esta maniobra del tribunal disciplinario procura sepultar administrativamente las gravísimas responsabilidades que pesan sobre la cúpula ministerial encabezada por Lustemberg, cuestionada severamente tras haber morigerado de manera arbitraria la penalidad impuesta a Miralles. La profesional de la anestesia había sido responsabilizada formalmente por el desenlace fatal de la joven médica durante una práctica quirúrgica, en un caso marcado por irregularidades procedimentales y denuncias sobre el estado de la funcionaria sancionada.

La réplica de Rosario Barrera ante el fallo del Tribunal de Ética Médica

La postura exculpatoria del Tribunal de Ética Médica encontró una inmediata y contundente respuesta de Rosario Barrera, madre de la profesional fallecida. A través de un escrito remitido por correo electrónico al propio estamento examinador, la denunciante vapuleó la argumentación utilizada para cerrar el expediente, exponiendo el flagrante divorcio entre las actuaciones burocráticas del órgano y la conducta de la jerarca de la cartera de estado.

«Se supone que hacen un juramento hipocrático», fustigó Barrera en su misiva al cuestionar la tibia tutela ética que exhiben los pares de la ministra y de la anestesista. La madre de la víctima arremetió contra la resolución señalando que resulta incomprensible que el sistema gremial y de fiscalización opte por blindar a quienes incurren en mala praxis o a quienes, desde el ejercicio del poder público, alivian la carga punitiva de profesionales que quebrantaron las normas más elementales de la praxis médica.

La respuesta de la demandante deja al descubierto una red de contención institucional orientada a desarticular cualquier intento de revisión sobre las actuaciones de la jerarquía sanitaria. A criterio de la denunciante, las actuaciones sustanciadas en el Tribunal de Ética Médica confirman un patrón donde los códigos de casta y los alineamientos políticos terminan sepultando el deber supremo de velar por la integridad, la transparencia y el cuidado de la vida humana.

Las inconsistencias de la resolución y el papel de Cristina Lustemberg

La resolución emanada del Tribunal de Ética Médica sostiene de forma infantil que la denuncia incurría en vaguedades y que la asignación de competencias requería una delimitación técnica más estricta de las infracciones imputadas a Lustemberg y a Miralles. Sin embargo, el trasfondo de la acusación no es más que la constatación de hechos consumados: el beneficio administrativo otorgado por la ministra de Salud Pública a una profesional cuya imprudencia devino en una muerte evitable.

La conducta de la ministra Cristina Lustemberg continúa bajo la mirada crítica de amplios sectores de la oposición y de la opinión pública. Su decisión de respaldar de manera irrestricta los dictámenes del director del Servicio Jurídico del Ministerio de Salud Pública, Martín Esposto —artífice de la recomendación para rebajar la sanción a la anestesista—, acentúa las sospechas sobre la existencia de amiguismos e influencias políticas orientadas a proteger a determinados actores del sistema asistencial.

El fallo pronunciado por el Tribunal de Ética Médica no hace más que profundizar el manto de impunidad que rodea al caso. Lejos de actuar como un garante independiente del comportamiento deontológico, la estructura del Colegio Médico demuestra una notable permeabilidad a los intereses de la burocracia de turno, desoyendo las evidencias acumuladas sobre la deficiente actuación funcionarial e institucional.

Un manto de impunidad que golpea la credibilidad del sistema sanitario

El archivo dispuesto por el Tribunal de Ética Médica consagra una inadmisible señal para el colectivo médico y para la ciudadanía en general. La negativa a analizar el mérito del asunto y a establecer el nivel de responsabilidad que le cabe a la jerarca que atenuó la sanción a Miralles pone de manifiesto la inoperancia de los mecanismos internos de autorregulación profesional frente al poder político instituido.

Para la familia Barrera, la cadena de decisiones adoptadas desde la cartera conducida por Lustemberg hasta los pronunciamientos del Colegio Médico consolida un escenario de indefensión absoluto. La falta de respuestas éticas y de sanciones ejemplares reafirma la percepción de que la alta burocracia del Ministerio de Salud Pública opera con un sistema de privilegios que contrasta violentamente con las exigencias planteadas a los profesionales de a pie.

A pesar de los intentos por clausurar el debate mediante dictámenes corporativos, las derivaciones políticas y legales del caso continúan abiertas. Las contradicciones institucionales que rodean la conmutación de la pena a la anestesista mantendrán a Cristina Lustemberg en el centro de las recriminaciones parlamentarias, en una causa donde la ética pública y el juramento profesional han quedado reducidos a una mera declaración formal sin correlato en la realidad.

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