Colombia

La Cámara aprueba reforma de pensiones tras modificar nueve artículos rechazados

La Cámara de Representantes aprobó la reforma pensional tras corregir nueve artículos devueltos por la Corte Constitucional, sin necesidad de conciliación con el Senado.

La Cámara aprueba reforma de pensiones tras modificar nueve artículos rechazados
La Cámara de Representantes subsanó artículos de la reforma pensional, permitiendo su aprobación sin conciliación con el Senado, tras decisión de la Corte Constitucional.

Camara de Representantes corrige y aprueba la reforma pensional tras devolución de la Corte Constitucional

La reforma pensional avanzó en el Congreso después de que su trámite en la Cámara de Representantes generara una controversia significativa en 2024. En ese momento, la corporación aprobó el texto proveniente del Senado sin tener en cuenta las proposiciones presentadas, lo que provocó una serie de debates y demandas judiciales.

Subsanción de artículos y cumplimiento de las decisiones judiciales

La Cámara de Representantes resolvió rápidamente la situación en las últimas horas, subsanando los nueve artículos que la Corte Constitucional había devuelto a la corporación. Este proceso se llevó a cabo sin necesidad de una conciliación con el Senado, a diferencia de otros proyectos como el Presupuesto General de 2027, que se cayó por falta de tiempo en su trámite final.

Tras estos ajustes, uno de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Petro logra avanzar tras lo ocurrido a inicios de agosto de 2026, aunque mantiene cierta oposición por parte de sectores cercanos al Ejecutivo, como el Centro Democrático, que ha propuesto una contrarreforma.

Aprobación de la reforma y reacciones políticas

El 25 de agosto de 2026, la Corte Constitucional aprobó en gran medida la reforma pensional que había sido aprobada en 2024 en la Cámara, pero devolvió nueve artículos por no considerar que se habían discutido adecuadamente las proposiciones presentadas en el Senado, desencadenando una serie de recursos judiciales.

El 28 de octubre, un día antes de que expirara el plazo establecido por la corte, la Cámara informó que se habían subsanado todas las proposiciones relacionadas con los artículos de la reforma. La notificación indicó que se negaron o retiraron todas las proposiciones, lo que facilitó la aprobación del proyecto y permitió mantener el texto original aprobado por el Senado.

El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, detalló en un video publicado por Red+ Noticias el proceso seguido: “Cumplimos con la sustanciación ordenada por la Corte Constitucional frente a la reforma pensional. En la plenaria dimos un debate serio, responsable y con garantías para todas las bancadas, en el que estudiamos las diez proposiciones devueltas por la Corte. Todos los puntos ordenados por la Corte fueron cumplidos”.

Asimismo, Barguil enfatizó que al no haberse introducido cambios en los artículos tras la negación de las proposiciones, no era necesaria una conciliación y que se respetaba la decisión judicial, garantizando un debate democrático transparente.

Reacciones y opiniones en el Congreso

El representante Santiago Osorio, del Partido Verde, celebró la decisión y expresó: “Reafirmamos la voluntad popular y democrática de avanzar hacia un sistema de protección para la vejez más incluyente. Esta reforma representa una conquista social por la que hemos luchado durante décadas. Millones de colombianos y colombianas que trabajaron toda su vida sin alcanzar una pensión podrán contar con una protección económica en su vejez”.

Osorio fue uno de los legisladores que manifestó su apoyo tras la aprobación de la reforma, tras subsanar las nueve proposiciones devueltas por la Corte Constitucional.

Consideraciones del Ministerio de Hacienda sobre la reforma

Durante la sesión en la Cámara, el Ministerio de Hacienda advirtió que algunas modificaciones propuestas podrían elevar los costos fiscales y reducir los ingresos operativos de las administradoras privadas de pensiones.

El Ministerio solicitó mantener la redacción original del artículo 23, que autoriza una comisión de hasta 0,7% sobre el saldo de los recursos gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones y las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual. Argumentó que eliminar este cobro afectaría los recursos necesarios para que esas entidades cumplan con sus funciones operativas y reduciría en un 77% sus ingresos por administración, según cálculos del propio Ministerio.

Asimismo, se examinaron cambios respecto al cálculo de los bonos pensionales y las equivalencias previstas en el artículo 14, proponiendo que estos se definan mediante cálculos actuariales realizados por el Departamento Nacional de Planeación. Hacienda considera que esa oficina tiene la experiencia necesaria para determinar los valores y realizar los cálculos adecuados.

Propuestas adicionales y alternativas al sistema actual

Otra proposición contempla reducir las semanas de cotización necesarias para que las mujeres con hijos puedan acceder a la pensión, descontando 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptivo, con un límite de tres hijos. Esto permitiría acceder a la pensión con un mínimo de 850 semanas, en comparación con las 1.000 semanas actualmente requeridas. El Ministerio advierte que esta modificación sumararía una carga adicional al sistema, al aumentar el pasivo pensional, que ya alcanza el 19,4 % del PIB previsto para 2025.

Por otro lado, el Centro Democrático presentó un proyecto para modificar la reforma del gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa propone que los afiliados que no logren pensionarse puedan optar entre la devolución total del saldo, incluidos rendimientos, una indemnización sustitutiva o una mensualidad vitalicia. Además, mantiene la edad de pensión en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, y permite que quienes tengan ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos decidan si quieren cotizar en Colpensiones o en un fondo privado.

Este proyecto también contempla cambios en las condiciones de cotización y la opción de que los afiliados puedan cambiar de administradora cada cinco años, con asesoría doble, y en fondos privados, cada seis meses. Prevé que, si no se realiza la elección en ese plazo, se asignará una administradora de manera aleatoria. También se plantea revisar mecanismos como el reconocimiento de semanas por hijos, la pensión familiar, el sistema actuarial y la garantía de una pensión mínima. La mensualidad vitalicia se establecería con base en una renta básica solidaria como piso y hasta el 80 % de un salario mínimo como techo.

En cuanto a las cotizaciones, se mantiene la tasa en 16 %, con el empleador cubriendo el 75 % y el trabajador el 25 %. Los aportes se destinarían según la elección del afiliado y las reglas establecidas en la iniciativa. Los requisitos de semanas para hombres seguirían en 1.300, mientras que para las mujeres, la cantidad disminuiría progresivamente desde 1.135 semanas en 2026 hasta 1.000 en 2035, con posibilidad de que los afiliados a fondos privados puedan pensionarse a cualquier edad si acumulan capital suficiente para una pensión mínima.

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