El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, presentó una proposición formal durante las discusiones sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027, con el objetivo de recortar más de 11.400 millones de pesos asignados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), destinando dichos fondos al sector de defensa para el pago de indemnizaciones.
Reasignación de Fondos
La propuesta económica fue presentada en el marco de los debates del proyecto presupuestal de la Nación, que tiene un monto global proyectado de 634,9 billones de pesos, y se está tramitando conjuntamente en las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes. Según los detalles de la proposición formulada por Briceño, los recursos financieros desviados del tribunal de justicia transicional se utilizarían exclusivamente para atender obligaciones con las familias de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que fallecieron en hechos atribuidos a la extinta guerrilla de las Farc-EP.
Apoyo en Redes Sociales
En sus redes sociales, el representante Briceño escribió: “Acabo de firmar esta proposición del Centro Democrático que busca hacerle una nueva reducción a la JEP por $11.402.272.009 para llevarlos al Ministerio de Defensa para pagar las indemnizaciones pendientes de las familias de los militares y policías asesinados por las FARC. Justicia”. La medida propone disminuir ese monto del presupuesto de inversión del programa “Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional” de la JEP y aumentar en igual medida el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Defensa, destinado exclusivamente al pago de sentencias ejecutoriadas por la muerte de miembros de la fuerza pública.
Problemas de Pago de Indemnizaciones
En la exposición de motivos, citan una respuesta oficial del Ministerio de Defensa del 8 de septiembre de 2026, que revela la existencia de 850 sentencias ejecutoriadas pendientes por la muerte de uniformados, sumando un total de 685.778 millones de pesos entre capital, intereses y costas. Actualmente, se están pagando turnos asignados en 2019, con una demora acumulada de siete años que ha costado al Estado 114.999 millones de pesos en intereses sobre 358 sentencias.
Reacciones de Víctimas y ONG
La propuesta generó una reacción positiva entre diversas víctimas del conflicto armado, particularmente entre los integrantes de la corporación Rosa Blanca, una ONG que representa a mujeres víctimas de reclutamiento infantil y violaciones cometidas por la antigua guerrilla de las Farc. A través de X, la organización expresó su apoyo al planteamiento y alentó la idea de redireccionar el gasto público hacia la reparación directa, criticando la intermediación de organismos internacionales en el manejo del presupuesto estatal.
En respuesta, Rosa Blanca manifestó: “Excelente propuesta. Ese es el camino para que las víctimas sean reparadas y la plata no se quede en la burocracia internacional inauditable del PNUD. A través de la Patria Milagro esperamos que su gobierno corrija la mayor injusticia en contra de las víctimas de las Farc, perpetrada por el Secretariado”.
Desafíos Constitucionales
Las modificaciones propuestas representan el curso de acción legislativo disponible para los congresistas en relación a la JEP, debido al blindaje jurídico que protege la existencia de esta corte transicional creada tras el Acuerdo de Paz de 2016, firmado entre el Estado y las Farc-EP. El tribunal fue incorporado a la Constitución Política con la misión de investigar, juzgar y sancionar delitos atroces como secuestros, ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento forzado, estableciendo un esquema de sanciones restaurativas para quienes aporten verdad y penas de hasta 20 años de prisión para quienes rechacen su responsabilidad.
Eliminar arbitrariamente la JEP mediante leyes ordinarias no es factible desde el punto de vista jurídico, ya que requeriría una reforma constitucional de alto nivel con revisión obligatoria por parte de la Corte Constitucional. Además, su existencia responde a compromisos internacionales adoptados ante la ONU; si el Estado suprimiera este mecanismo, se activaría la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional (CPI).
La JEP cuenta con un periodo de 10 años para adelantar sus investigaciones, desde su inicio oficial en marzo de 2018, etapa que concluiría en marzo de 2028; sin embargo, la Constitución establece un plazo total de 15 años para completar el proceso, que incluye investigaciones, juicios, resoluciones y sentencias, término que culminaría en marzo de 2033.
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