Colombia

Senado aprueba presupuesto 2027 de $635 billones; pendiente en la Cámara

El Senado aprobó el presupuesto 2027 de $635 billones, que ahora debe ser votado en la Cámara antes del 20 de octubre.

Senado aprueba presupuesto 2027 de $635 billones; pendiente en la Cámara
El Senado aprobó el presupuesto 2027 con 57 votos a favor y uno en contra, pendiente de votación en la Cámara.

La plenaria del Senado aprobó el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, que asciende a $634,9 billones, tras una jornada de debate que se extendió por casi 12 horas. Ahora, la propuesta deberá pasar la votación definitiva en la Cámara de Representantes, teniendo como plazo la medianoche del martes 20 de octubre para concluir el trámite impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Aprobación en el Senado

El lunes 19 de octubre, la iniciativa fue aprobada con 57 votos a favor y uno en contra. La bancada del Pacto Histórico se retiró antes de la fase final del debate, mientras que la Cámara de Representantes, que había entrado en receso cerca de la medianoche, fue convocada nuevamente para las 12:10 de la mañana. El presupuesto establece los recursos del Estado para su funcionamiento, el servicio de la deuda y la ejecución de inversiones para el próximo año, superando en un 10% la propuesta inicial del Gobierno de Gustavo Petro y representa un incremento del 14% respecto al presupuesto anterior.

Distribución del presupuesto

La propuesta abarca tres grandes componentes de gasto: $393,2 billones para funcionamiento, $147 billones para el servicio de la deuda y $94,6 billones para inversión. El rubro de funcionamiento abarca los recursos necesarios para la operación de las entidades estatales, mientras que el servicio de la deuda responde a los compromisos financieros del Estado. En cuanto a la inversión, esta financia programas, proyectos y otras iniciativas públicas.

Durante el trámite legislativo, se plantearon modificaciones en la distribución de recursos entre sectores y entidades, con el fin de fortalecer partidas para salud, educación e infraestructura, aunque algunos cambios generaron controversia, especialmente aquellos que afectaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ajustes presupuestales y debates

Entre los ajustes discutidos se incluyen $3 billones adicionales para salud, $100.000 millones para educación y un incremento similar para proyectos de Invías en Santander. Se propusieron recursos adicionales para diversas entidades, incluyendo un aumento de casi $3 billones para el Ministerio de Minas y Energía, para programas relacionados con subsidios de electricidad y gas, así como el transporte de combustibles líquidos en regiones fronterizas. Además, el Ministerio de Ambiente, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Instituto Nacional de Vías (Invías) también recibirían $100.000 millones cada uno.

Uno de los temas centrales fue la reducción de $11.402 millones en los recursos de inversión de la JEP, que se destinarían al Ministerio de Defensa para pagar indemnizaciones pendientes a familiares de miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional asesinados por las extintas Farc-EP. Esta propuesta fue presentada por el representante del Centro Democrático Daniel Briceño y generó una intensa discusión debido al impacto que tendría sobre la inversión de la jurisdicción transicional.

Oposición y negociaciones

El debate legislativo también estuvo marcado por diferencias entre las bancadas. Integrantes del Pacto Histórico se retiraron antes de la votación final en desacuerdo con la propuesta presupuestal del Gobierno. Asimismo, algunos integrantes de la bancada liberal abandonaron temporalmente la discusión en reacción a las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos en San Andrés, lo que llevó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, a dialogar con los congresistas para facilitar su regreso al debate.

El Gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, prepara una iniciativa separada del presupuesto de 2027 para reducir el gasto público y reorganizar las finanzas del Estado. Según el ministro, esta «ley de rescate» está prácticamente lista, aunque su discusión se mantendrá por separado del Presupuesto General de la Nación.

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