La Asociación Médica Mundial denuncia la represión contra los profesionales de la salud en Nicaragua
Durante su reciente Asamblea General en Róterdam, la Asociación Médica Mundial (AMM) revisó una resolución que denuncia las circunstancias adversas que enfrentan los médicos en Nicaragua y solicita la protección de los profesionales sanitarios, así como el respeto a su independencia, autonomía clínica y libertad de expresión científica.
Contexto de la crisis sanitaria y perseguições
La resolución de la AMM cita informes nacionales e internacionales que indican que más de 400 médicos han sido despedidos o forzados a renunciar desde 2018, y que más de 200 se han visto obligados a exiliarse. Además, describen obstáculos en la formación médica, restricciones al ejercicio libre de la medicina y una escasez significativa de personal sanitario.
En julio de 2021, en medio de la pandemia de COVID-19, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales, la mayoría vinculadas al sector salud, incluyendo la Asociación Médica Nicaragüense, principal referente del gremio médico en el país hasta ese momento.
Impacto en la vida de los profesionales y la seguridad de los pacientes
La AMM advirtió que estas acciones del gobierno sandinista “han puesto en riesgo la vida tanto de los pacientes como del personal sanitario en Nicaragua”.
El presidente de la Asociación Médica Mundial, Jung Yul Park, declaró en un comunicado que “cuando los médicos son despedidos, exiliados o amenazados solo por ejercer su profesión, los pacientes son los que pagan el precio. Los médicos nicaragüenses deben tener la libertad de atender a sus pacientes y de expresar la verdad sobre la salud del país. La comunidad médica mundial los respalda”.
Exilio y resistencia: la historia de la doctora Anely Pérez
Entre los profesionales perseguidos en 2023 se encuentra la doctora Anely Pérez, quien forma parte de la Unidad Médica Nicaragüense, organización surgida espontáneamente en 2018 para apoyar a los médicos que atendían a los heridos en las protestas contra el gobierno.
Pérez recordó a Martí Noticias que durante las protestas de 2018, algunos hospitales públicos se negaban a atender a los heridos o alertaban a la Policía, lo que motivaba la detención de los pacientes. “Muchos estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y de otras instituciones se posicionaron del lado de los manifestantes e incluso participaban en las protestas”, afirmó.
La especialista en dermatología explicó que la comunidad médica se organizó de manera espontánea, formando brigadas que recopilaban medicinas, insumos y coordinaban cirugías en centros privados sin cobrar honorarios. La finalidad principal era brindar ayuda a la población.
El peso de la pandemia y la censura sanitaria
Reacción ante la crisis sanitaria y la censura del régimen
Pérez detalló que, al inicio de la pandemia, la Unidad Médica Nicaragüense proporcionó equipos de protección personal y capacitación ante la ineficacia del gobierno para apoyar al gremio. También denunciaron públicamente que muchos médicos no podían informar sobre casos de COVID-19 en los hospitales y enfrentaban dificultades para conseguir camas para nuevos pacientes.
“No se permitía a los médicos advertir la gravedad de la situación ni hablar con los pacientes sobre el coronavirus y las medidas necesarias para el control. Fue una desorganización total que afectó gravemente tanto a la población como a los profesionales de la salud”, comentó Pérez, quien actualmente se encuentra en el exilio.
En respuesta a estas circunstancias, la Asociación Médica Nicaragüense emitió un comunicado solicitando mayor transparencia en la comunicación sobre la epidemia. Poco después, empezó la persecución contra el gremio médico, culminando en la cancelación de la personería jurídica de varias organizaciones, incluyendo la propia Asociación Médica Nicaragüense.
Limitaciones en la labor científica y sus implicaciones
Bloqueo a la investigación médica y formación continua
La líder de la Unidad Médica Nicaragüense señaló que la cancelación de las personerías jurídicas ha impedido la realización de congresos médicos en Nicaragua, lo cual representa un grave daño a la labor científica del gremio.
“La imposibilidad de participar en actividades académicas reduce significativamente la calidad de la educación médica y limita el intercambio de información crucial, especialmente durante epidemias como chikungunya, dengue o malaria, que siguen siendo endémicas en el país”, advirtió Pérez.
Asimismo, la doctora resaltó que la falta de libertad en el ejercicio profesional impacta directamente en la salud pública, ya que la comunicación entre médicos y con los pacientes se ve gravemente afectada, dejando a la población sin la protección necesaria frente a emergencias sanitarias.
Perspectivas sobre la inversión en salud y los desafíos estructurales
El régimen sandinista presume haber triplicado el presupuesto del Ministerio de Salud en el período de 2018 a 2025, incrementándolo en un 160 %, pero Pérez advirtió que la infraestructura sanitaria por sí sola no garantiza una atención adecuada.
“Tener hospitales equipados sin el personal capacitado es como no tener nada que beneficie a la población, dado que la atención especializada requiere años de formación, en algunos casos hasta 15 años”, explicó la especialista. Destacó además que el gobierno ha perseguido y obligado al exilio a numerosos médicos, incluyendo especialistas en diferentes áreas, profundizando la crisis del sector salud en Nicaragua.
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