Las polémicas deportaciones a terceros países implementadas por el gobierno de Estados Unidos han sumido a decenas de migrantes en un limbo judicial absoluto, transformando las órdenes de expulsión administrativa en condenas de reclusión indefinida dentro de prisiones de máxima seguridad en África y otras regiones del mundo. El mecanismo consiste en trasladar forzosamente a extranjeros —muchos de ellos con décadas de residencia en territorio estadounidense y cuyas penas penales ya fueron extinguidas en su totalidad— hacia naciones receptoras que aceptan su confinamiento a cambio de cuantiosas transferencias financieras aportadas por Washington.
El caso de Roberto Mosquera, un ciudadano de origen cubano de 59 años que arribó a Estados Unidos en 1980 durante el histórico éxodo de Mariel cuando apenas tenía 12 años, ilustra la crudeza de este sistema. Tras cumplir en los años noventa una condena judicial por delitos cometidos durante su juventud en pandillas de Miami, Mosquera había rehecho su vida en libertad bajo supervisión oficial, trabajando como capataz de plomería y criando a su familia. Sin embargo, al acudir a renovar su permiso laboral de rutina, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y embarcado en un vuelo secreto con escalas internacionales que culminó en el sur del continente africano.
Al descender de una aeronave militar de carga, Mosquera se encontró en el reino de Eswatini (la antigua Suazilandia), una nación de la que jamás había escuchado hablar. Junto a otros cuatro hombres provenientes de Jamaica, Laos, Yemen y Vietnam, fue introducido en una jaula metálica y conducido de forma directa al Complejo Penitenciario de Matsapha, el centro carcelario de máxima seguridad del país africano, donde quedó recluido bajo vigilancia armada sin que exista ninguna causa penal abierta en su contra bajo la legislación local.
El negocio millonario tras las deportaciones a terceros países
El entramado que sostiene las deportaciones a terceros países se ha expandido aceleradamente mediante la firma de acuerdos con al menos 35 gobiernos extranjeros, muchos de ellos regímenes autoritarios, monárquicos o atravesados por severas crisis institucionales que requieren divisas de manera apremiante. De acuerdo con datos recabados por organismos de monitoreo de derechos humanos, la administración estadounidense transfirió 5,1 millones de dólares a Eswatini para viabilizar el confinamiento de los expulsados, una práctica que ya había tenido antecedentes notorios como el desembolso de 6 millones de dólares al gobierno de El Salvador para albergar temporalmente a centenares de migrantes en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Organizaciones internacionales como el Consejo Global de Litigios Estratégicos y el equipo legal de Novo Legal Group denuncian que estos convenios vulneran principios fundamentales del derecho internacional, en particular la figura del non-refoulement (no devolución) consagrada en la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Al expulsar a personas hacia jurisdicciones intermedias que carecen de sistemas judiciales independientes, se habilita el denominado «retorno en cadena», donde los reclusos quedan expuestos a ser deportados posteriormente hacia sus países de origen, de los cuales huyeron bajo riesgo comprobado de persecución o muerte.
En el Complejo de Matsapha, las condiciones de vida descritas por los propios reclusos dan cuenta de un aislamiento riguroso:
Incomunicación inicial: Los detenidos permanecen semanas sin acceso a llamadas telefónicas, sin derecho a representación letrada y bajo encierro de 24 horas continuas en celdas de castigo.
Falta de atención sanitaria: Reclusos de edad avanzada sufren el avance de patologías crónicas no tratadas, como el caso del propio Mosquera, quien desarrolló glaucoma severo perdiendo hasta el 80% de su capacidad visual sin recibir asistencia oftalmológica adecuada.
Sustento familiar: La alimentación básica resulta deficiente y los medicamentos deben ser costeados por los familiares desde el exterior mediante giros monetarios internacionales canalizados a través de los mandos de la prisión.
Impedimento diplomático: Países como Cuba o Yemen carecen de representaciones consulares en Eswatini, lo que imposibilita cualquier gestión formal de repatriación o verificación de identidad.
Protestas internas, huelgas de hambre y el vacío legal en África
La desesperación ante la falta de un horizonte temporal de liberación impulsó medidas extremas de protesta dentro de los muros de Matsapha. Al constatar la llegada de nuevos contingentes de deportados y ante la exigencia de las autoridades penitenciarias de firmar documentos donde supuestamente renunciaban al auxilio legal, Roberto Mosquera inició una prolongada huelga de hambre que se extendió por casi un mes.
En sus diarios manuscritos, el recluso documentó el deterioro acelerado de su organismo, padeciendo afecciones renales, mareos constantes y la pérdida de sensibilidad en sus extremidades. La protesta solo fue levantada tras la intervención de sus abogados desde Estados Unidos, quienes le advirtieron que continuar con el ayuno derivaría en su muerte sin que el gobierno de Eswatini asumiera responsabilidad alguna. Como única concesión tras la huelga, los custodios le permitieron adquirir un dispositivo móvil que permitió registrar en video la realidad del encierro y el arribo de nuevos vuelos con migrantes expulsados.
La situación jurídica se asemeja a los vacíos procesales observados históricamente en enclaves como la Bahía de Guantánamo: una vez que el Estado expulsor deposita a los extranjeros fuera de su territorio soberano, los tribunales domésticos pierden jurisdicción efectiva sobre las condiciones de cautiverio, mientras que los jueces del país receptor se niegan a intervenir bajo el argumento de que los reos responden a convenios interestatales de seguridad.
Otros casos en Eswatini y el oscuro panorama en Sudán del Sur
La realidad de Matsapha alcanza a diversos perfiles de extranjeros. Entre ellos se encuentra Kassim Saleh Wasil, un ciudadano yemení de 71 años que residió legalmente en Estados Unidos desde 1977 y cumplió dos décadas de prisión antes de ser arrestado por el ICE, y Juan Carlos Font Agüero, un cubano de 60 años que había aceptado voluntariamente ser trasladado a México pero terminó aterrizando en el sur de África. Ambos coinciden en que, habiendo cumplido sus respectivas sentencias en territorio estadounidense, su reclusión actual constituye un secuestro de Estado sin base legal.
La gravedad del escenario se acentúa en otros destinos africanos como Sudán del Sur, un país sumido en la inestabilidad política donde permanecen recluidos migrantes nacidos en Laos, Vietnam, Cuba y Myanmar. En dicha nación, los abogados defensores y observadores internacionales han perdido contacto total con los detenidos, temiéndose por sus vidas en caso de que se reactive el conflicto armado civil.
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostiene que estos procedimientos son esenciales para la seguridad interna y se ajustan al debido proceso, defensores de los derechos civiles continúan interponiendo recursos ante cortes federales para frenar la salida de nuevos vuelos. Para quienes ya se encuentran tras las rejas en Matsapha, la batalla diaria es contra el olvido y la certeza angustiante de que podrían no volver a pisar la libertad.
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