Denuncian contratación irregular por más de 62 millones de pesos en el Ejército Nacional de Colombia
Nueva denuncia del sargento retirado Alexander Chala Sáenz revela posibles irregularidades en contratos de asesoría jurídica
El sargento retirado Alexander Chala Sáenz presentó una denuncia pública en la que solicita a las autoridades colombianas verificar la legalidad de contrataciones realizadas entre 2024 y 2026, relacionadas con servicios de asesoría jurídica en el Ejército Nacional de Colombia. La denuncia destaca la supuesta contratación de una asesora que no habría acreditado su inscripción como abogada en dos unidades militares del país.
Contratos cuestionados por posibles incumplimientos en requisitos profesionales
Según la documentación publicada por Chala, en esta denuncia difundida el 19 de noviembre, existen al menos dos contratos firmados con Jessica Martínez Hernández, cuyo valor conjunto supera los 62 millones de pesos colombianos. El denunciante ha solicitado que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Inspección General del Ejército investiguen estos casos.
El primer contrato, denominado 038-BASPC11-2024, fue suscrito por el Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate N.º 11, con sede en Montería. Según los datos presentados en la denuncia, este acuerdo tuvo un valor de 19 millones de pesos y consistió en la prestación de servicios de asesoría jurídica en materia disciplinaria. El documento señala que la supervisión estuvo a cargo del mayor Manuel Andrés Navia Roa, entonces segundo comandante del batallón.
El segundo proceso corresponde al contrato número 038-CENACUSAQUEN-2026, firmado el 28 de enero de 2026 por la Central Administrativa y Contable de Usaquén. Este acuerdo, con un valor de 43.291.500 pesos, tiene como objetivo brindar apoyo jurídico en los procesos disciplinarios, administrativos y en la gestión de acciones constitucionales para el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.º 13. La ejecución de este contrato está prevista entre el 2 de febrero y el 15 de diciembre de ese año.
Presuntas irregularidades en la acreditación profesional de la contratista
Chala Sáenz afirmó que, tras consultar con la Unidad de Registro Nacional de Abogados, se emitió el certificado N.º 1438404, en el cual se indica que el número de cédula del contratista no figura inscrito en dicho registro. Además, en una consulta realizada ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con certificado N.º 20261119-2831029, se habría detectado que el número de licencia temporal y la Resolución 35463 del Consejo Superior de la Judicatura, incluidos en los documentos del contrato, corresponden a otra persona.
De confirmarse esta situación, la contratista no contaría con la habilitación profesional requerida para ejercer como abogada en Colombia, lo cual invalidaría la legalidad de los servicios prestados bajo estos contratos.
Inconsistencias en documentos académicos y supervisores designados
La denuncia también menciona una posible inconsistencia en el diploma presentado por Martínez Hernández, expedido por la Universidad Popular del Cesar en julio de 2023. Se señala que alguna línea en la identificación del documento presenta irregularidades, aunque aclaró que esto no constituye una evidencia definitiva de irregularidad y debe ser sometido a verificación por parte de la institución educativa.
En relación al contrato de Montería, los documentos señalan como supervisores al mayor Manuel Andrés Navia Roa, entonces segundo comandante del batallón, y al coronel Rodrigo Castro Díaz como gerente del proyecto. Para el contrato de 2026, señala el denunciante, el firmante fue el teniente coronel John Alexander García Sánchez, director y ordenador del gasto de la Central Administrativa y Contable de Usaquén, mientras que el supervisor fue el mayor Edwin Javier Reyes Ferreira, en su condición de segundo comandante del mencionado batallón.
Solicitudes y llamadas a la investigación
Chala Sáenz hizo un llamado a que se determine si, durante la celebración y ejecución de los contratos, se realizó una verificación adecuada de los requisitos profesionales de la contratista y de los soportes aportados. La denuncia busca esclarecer si las autoridades y entidades encargadas de verificar estas condiciones actuaron con la diligencia debida para garantizar la transparencia y legalidad en los procesos de contratación en el Ejército Nacional de Colombia.





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