El Gobierno de Honduras puso en marcha la preparación de una estrategia interinstitucional destinada a recibir y asistir a los connacionales que regresen al territorio nacional. Esta medida se adopta en un escenario marcado por la incertidumbre migratoria internacional y por crecientes denuncias sobre hondureños que estarían siendo enviados a terceros países bajo acuerdos migratorios, una situación que, según advierten organizaciones defensoras de los derechos humanos, también afectaría de manera directa a personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS).
La directora de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Flavia Zamora, detalló que la administración central trabaja de manera coordinada en mecanismos operativos para garantizar la recepción y atención adecuada de los compatriotas que retornen al país, sin importar las circunstancias particulares que hayan motivado su regreso.
Coordinación interinstitucional y retorno de bienes
El eje central para articular esta respuesta gubernamental es el Consejo Nacional de Protección al Migrante, un espacio establecido formalmente en la Ley de Protección al Hondureño Migrante. En esta instancia participan activamente cerca de 20 instituciones estatales, sumadas a representantes del sector privado y de diversas organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con la funcionaria, la concurrencia de estos actores permite estructurar una ruta de trabajo integral orientada a cubrir las necesidades básicas de las personas retornadas, coordinando de manera eficiente las labores de recepción, orientación social y reintegración laboral en el territorio nacional.
A este esfuerzo se suma la aplicación complementaria de la Ley de Facilitación del Retorno y Protección de los Bienes de las Personas. En este proceso, la Cancillería colabora directamente con la Administración Aduanera de Honduras, el Poder Legislativo y otras entidades públicas para fijar procedimientos claros que agilicen el regreso de los connacionales y resguarden plenamente su patrimonio.
Denuncias sobre traslados y llamados a la consularización
Mientras el Estado diseña estas respuestas internas, persiste la preocupación generalizada por la situación de miles de hondureños en el exterior que se encuentran en condición migratoria irregular. Zamora reconoció que el temor a las deportaciones o sanciones legales provoca que muchos eviten el contacto con las representaciones diplomáticas, por lo que instó formalmente a los connacionales a acercarse a los consulados para recibir asesoría personalizada.
En paralelo, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes encendieron las alarmas al denunciar que varios compatriotas estarían siendo trasladados hacia El Salvador en el marco del programa denominado Tercero Seguro. La activista Itsmania Platero aseguró que decenas de hondureños, incluidos beneficiarios del TPS, habrían sido llevados a instalaciones carcelarias en territorio salvadoreño, mencionando específicamente centros como el denominado Alcatraz de los Caimanes y el CECOT.
Ante este panorama, analistas en migración solicitaron un seguimiento diplomático más riguroso por parte de las autoridades hondureñas sobre los connacionales derivados a terceros países, exigiendo canales de comunicación directos para conocer su estado legal y físico. Asimismo, la Cancillería emitió una advertencia sobre estafas vinculadas a supuestas asesorías y falsas jornadas de consulados móviles.
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