Un juez federal de los Estados Unidos dispuso este lunes 5 de octubre de 2026 el bloqueo de las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump para sancionar económicamente a migrantes sin papeles. La resolución judicial frena la imposición de multas que alcanzaban hasta 1,8 millones de dólares por persona en aquellos casos donde los afectados no abandonaron el país tras recibir órdenes definitivas de deportación.
La decisión fue adoptada por el juez federal de distrito George O’Toole, con sede en Boston, en el marco de una demanda colectiva iniciada el año pasado por dos migrantes directamente afectados, junto con la organización defensora de derechos civiles Centro de Recursos Legales para Inmigrantes. La demanda puso la lupa sobre el accionar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), organismo encargado de aplicar estas penalizaciones pecuniarias.
En sus argumentos por escrito, el magistrado fundamentó la necesidad de suspender de forma inmediata el cobro de los montos, señalando la extrema vulnerabilidad de los demandantes y la desproporción de las cifras aplicadas. «Los demandantes viven en una situación económica precaria incluso sin que se les impongan las exorbitantes multas del Gobierno», remarcó O’Toole en el texto del fallo, subrayando que la ejecución de las cobranzas llevaría inevitablemente a las familias a la insolvencia económica.
Por su parte, al momento de conocerse el pronunciamiento del tribunal federal, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional no emitieron comentarios oficiales ni hicieron declaraciones públicas sobre el curso legal que tomará el proceso.
El origen normativo y la escalada de penalizaciones diarias
Aunque la potestad para aplicar sanciones civiles a personas que incumplen órdenes de salida del territorio fue aprobada por el Congreso estadounidense en 1996 mediante la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes, ningún gobierno posterior había implementado este mecanismo de cobro de manera efectiva hasta la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
Tras el reinicio de su administración el año pasado, el Poder Ejecutivo comenzó a aplicar penalizaciones de 998 dólares diarios a cada migrante que no efectivizara su salida del país luego de ser notificado formalmente. El agravante principal radicó en la aplicación retroactiva de dicha cifra por períodos de hasta cinco años acumulados, lo que derivó en la generación de deudas que alcanzaron el tope máximo de 1,8 millones de dólares por expediente individual.
El impacto contable de la política implementada por la administración federal registró números de gran magnitud en pocos meses. Según datos oficiales difundidos por el propio DHS en julio pasado, el organismo gubernamental emitió más de 103.000 multas individuales a migrantes desde el año anterior, acumulando un volumen total de penalizaciones exigidas que asciende a unos 84.000 millones de dólares.
Irregularidades de procedimiento y falta de evaluación individual
El fallo judicial del juez O’Toole profundizó en los aspectos técnicos del procedimiento adoptado por el Ejecutivo. En julio de 2025, el DHS junto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pusieron en marcha un sistema acelerado con el objetivo explícito de agilizar las sanciones. Ese nuevo esquema eliminó la exigencia previa de otorgar un plazo de notificación de 30 días y acortó drásticamente los canales administrativos para presentar impugnaciones.
Al analizar las demandas presentadas por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes y los particulares, el tribunal determinó que la política viola la Ley de Procedimiento Administrativo. El magistrado observó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizaba formularios estandarizados y masivos que carecían de fundamentos específicos sobre cada expediente.
La resolución remarcó que las autoridades omitieron evaluar de forma independiente e individualizada si la persona había incumplido la orden de salida de manera «deliberada» o «voluntaria», un requisito legal indispensable antes de fijar montos punitivos. Asimismo, la sentencia concluyó que el Gobierno no respetó las normas de elaboración de políticas públicas al adoptar el mecanismo exprés sin brindar a la ciudadanía la oportunidad previa de presentar comentarios o correcciones a la medida.
Impacto para las comunidades latinoamericanas y escenarios futuros
El freno judicial a la política de multas astronómicas representa un alivio directo para miles de familias latinoamericanas radicadas en suelo norteamericano que enfrentan procesos de regularización o deportación. La aplicación de deudas multimillonarias imposibles de saldar no solo amenazaba la subsistencia básica de los hogares, sino que además bloqueaba cualquier alternativa de asistencia jurídica o resolución patrimonial de los involucrados.
En el plano regional, las organizaciones de derechos humanos y consulados latinoamericanos siguen con atención la evolución de la causa. Si bien la resolución del juez O’Toole suspende de inmediato la ejecución de los cobros y deja sin efecto el procedimiento agilizado, se proyecta que el Departamento de Justicia apelará la medida ante instancias judiciales superiores para intentar restituir el esquema punitivo.
Hasta tanto no exista una sentencia definitiva en tribunales de alzada, el fallo de Boston sienta un precedente jurisprudencial clave que paraliza las intenciones del Poder Ejecutivo de utilizar la vía financiera como herramienta de presión coercitiva en los procesos migratorios.
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