En medio de una fuerte sacudida política y sanitaria en Uruguay, la anestesista Inés Miralles —condenada en diciembre de 2025 por el homicidio culposo de la pediatra Soledad Barrera— abrió un nuevo y millonario frente judicial: reclama una indemnización de US$ 2.182.000 a la Sociedad Médica Universal luego de que la institución dejara de convocarla a intervenciones quirúrgicas en 2024.
De acuerdo con lo informado por el semanario Búsqueda, el reclamo apunta a compensar supuestas pérdidas de ingresos, perjuicios económicos y daño moral. Miralles sostiene que la mutualista resolvió apartarla a partir de sospechas sobre un presunto consumo personal de fentanilo que, según su versión, jamás fueron comprobadas, pero cuya repercusión terminó golpeando su reputación profesional y sus chances laborales en otros prestadores de salud.
El origen del conflicto: sospechas de fentanilo y un informe interno en 2024
La relación laboral entre Miralles y Universal comenzó en 2016 bajo un régimen de contratación independiente. Sin embargo, el vínculo empezó a resquebrajarse durante 2023, cuando surgieron cuestionamientos internos dentro de la institución en torno al manejo de fentanilo en block quirúrgico y la sospecha de un eventual uso personal de la sustancia.
Frente a esas alertas, la médica fue sometida a estudios toxicológicos que arrojaron resultados negativos. No obstante, en marzo de 2024, un informe interno advirtió sobre presuntas irregularidades en su desempeño profesional, señalando tanto un consumo o utilización de fentanilo superior al promedio de otros colegas como ausencias durante el desarrollo de operaciones.
Su última convocatoria para trabajar en Universal se concretó en abril de 2024. Desde entonces, la médica alega que esas imputaciones nunca fueron debidamente acreditadas y que la difusión pública del informe interno provocó un daño severo a su trayectoria.
La postura de Universal y el pase a la vía civil
Desde la Sociedad Médica Universal rechazaron de plano la millonaria pretensión económica. La institución argumenta que Miralles se desempeñaba como profesional independiente y que, bajo esa modalidad contractual, no existía ninguna garantía de un volumen mínimo de cirugías ni de ingresos fijos asegurados.
Las partes mantuvieron una audiencia de conciliación el pasado 10 de setiembre, instancia que cerró sin acuerdo. Tras el archivo del expediente en esa etapa previa, la anestesista quedó habilitada —y obligada— a presentar formalmente su demanda civil ante el juzgado competente para intentar cobrar los más de dos millones de dólares que exige.
Un reclamo que estalla en plena tormenta política por el caso Barrera
La ofensiva judicial de Miralles sale a la luz en el momento de mayor sensibilidad pública por la muerte de la pediatra Soledad Barrera, fallecida tras una intervención quirúrgica realizada en 2023 en el Servicio Médico Integral, hecho por el cual la anestesista recibió condena penal en diciembre de 2025.
En paralelo, la sanción administrativa sobre su matrícula desencadenó una crisis política de primer orden: luego de que el Ministerio de Salud Pública rebajara inicialmente su inhabilitación profesional de cinco a tres años, el presidente Yamandú Orsi resolvió revertir esa decisión y restablecer en cinco años el impedimento para ejercer la medicina tras un informe jurídico de Presidencia. A raíz de esa marcha atrás, la ministra Cristina Lustemberg será interpelada en la Cámara de Diputados el próximo 24 de noviembre a pedido de la oposición.
Impacto regional en controles hospitalarios y fármacos críticos
El caso vuelve a poner bajo la lupa un debate que atraviesa a los sistemas de salud de Uruguay y América Latina: la trazabilidad estricta de opioides hospitalarios como el fentanilo, los protocolos de seguridad del paciente en block quirúrgico y la responsabilidad de las instituciones médicas frente a alertas tempranas sobre el desempeño profesional.
Cuando la seguridad asistencial entra en tensión con reclamos laborales o civiles millonarios, el desenlace judicial no solo define indemnizaciones individuales, sino que marca estándares sobre hasta dónde pueden y deben actuar las mutualistas para prevenir riesgos antes de que ocurran tragedias irreparables.





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