La comisión especial de la Asamblea Nacional de Venezuela inició el proceso de revisión de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Aunque el parlamento de mayoría oficialista propone despenalizar ciertos aspectos de la normativa, grupos de derechos humanos han expresado preocupación porque una reforma podría dejar intactos los mecanismos utilizados durante años para limitar la libertad de expresión.
Las modificaciones en la Ley Contra el Odio en Venezuela generaron nuevas críticas de organizaciones de derechos humanos, que señalan que cambiar las penas o definiciones no supondría eliminar los instrumentos empleados para restringir la libertad de expresión y perseguir a personas que expresan opiniones disidentes.
El establecimiento de una comisión especial dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela con el objetivo de reformar la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, ha provocado nuevos interrogantes entre las organizaciones que defienden los derechos humanos en el país.
La comisión especial fue creada para revisar la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que fue aprobada originalmente en 2017. Las organizaciones de derechos humanos han advertido que la reforma podría mantener mecanismos de censura utilizados durante años para restringir la libertad de expresión. El proceso de revisión fue iniciado por la Asamblea Nacional, órgano legislativo de Venezuela con mayoría oficialista.
Grupos de derechos humanos advierten que cualquier modificación de las penas o ajuste de algunos artículos de la Ley Contra el Odio no suprime los mecanismos utilizados por el régimen chavista para restringir la libertad de expresión y perseguir a quienes critican oficialmente.
Se cuestiona la propuesta de reforma de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que fue aprobada en 2.017 por la Asamblea Nacional Constituyente y establece en su artículo 20 penas de entre 10 y 20 años de prisión para quien públicamente fomente, promueva o incite al Odio, la discriminación o la violencia Contra una persona o grupo.
Una comisión especial que inició el proceso de revisión de esa normativa anunció que estudiará los artículos 20, 21 y 22, además de precisar conceptos contenidos en el instrumento y avanzar en lo que el oficialismo ha denominado su 'despenalización'.
Grupos de derechos humanos alertan sobre riesgos de la reforma a la Ley Contra el Odio
Los grupos advierten que modificar las penas o cambiar algunos conceptos de la normativa no elimina los mecanismos que han sido utilizados para restringir la libertad de expresión y perseguir a voces críticas del régimen chavista.
La comisión especial que inició el proceso de revisión de esa legislación anunció que estudiará los artículos 20, 21 y 22, además de precisar conceptos contenidos en el instrumento y avanzar en lo que el oficialismo ha denominado su 'despenalización'.
Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, sostiene que la conversación sobre la Ley Contra el Odio debe terminar en la derogación total de la norma y critica el modo en que las autoridades están interpretando el término 'despenalización'. 'Es como decir que algo que antes era un delito, ahora deja de serlo. No se entiende por despenalización, por ejemplo, que se reduzca la pena. Eso no es despenalizar', afirmó Daniels.
Asociaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado durante años el alcance excesivo de las disposiciones legales y su uso Contra periodistas, líderes políticos, activistas y ciudadanos que Cuestionan a las autoridades venezolanas. Daniels expresó alarma por la posibilidad de que una reforma reduzca las penas de prisión pero mantenga otros mecanismos que permitan imponer sanciones adicionales. 'Se van a precisar los tipos penales para mejorar el tema del concepto de Odio.
Lo cual quiere decir que ese concepto seguirá vigente, y nos preocupa porque entonces podríos pasar de una pena de 10 a 20 años a multas que sean confiscatorias', señaló. El abogado usó como ejemplo las consecuencias que podría tener una sanción económica muy alta sobre la libertad de prensa. 'Si a un medio de comunicación se le impone una multa de 100 mil dólares por decir algo, eso implica el cierre de ese medio', dijo. La norma, según Daniels, es un instrumento para silenciar a la disidencia.
Según datos registrados por Foro Penal, desde que entró en vigencia la Ley en 2017, se han imputado 927 personas por instigación al Odio, en varios casos junto a otros delitos. La entidad indica que actualmente seis personas están privadas de libertad y otras 638 siguen bajo medidas cautelares en procesos vinculados a la aplicación de esa normativa.
Daniels sostuvo que esos hechos constituyen un problema que no se resolvería simplemente con modificaciones en las penas. 'Esto fue todo dentro de un marco de una gran política de Estado que dijo: utilicemos la Ley para acallar a la disidencia, para acallar a quienes se opongan al gobierno y, de esta manera, meter miedo a la población', afirmó.
El director de Acceso a la Justicia también criticó la proporcionalidad de las sanciones previstas en la legislación. 'Recordemos que en Venezuela el delito de homicidio simple tiene una pena de 12 a 18 años, y en la Ley Contra el Odio emitir una opinión Contra el gobierno costaba de 10 a 20 años. Es decir, es una Ley para la cual emitir una opinión es peor que matar a alguien', señaló. El artículo 405 del Código Penal venezolano establece una pena de entre 12 y 18 años de prisión para el homicidio intencional simple.
El proceso de revisión de la Ley Constitucional Contra el Odio comenzó tras que Delcy Rodríguez haya solicitado su modificación y haya reconocido públicamente que se presentaron problemas en su aplicación. "Hemos mandado a la Asamblea Nacional una propuesta para reformar la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Lamentablemente, fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa Ley, pero yo creo en los principios de esa Ley", afirmó Rodríguez, quien en 2017 lideraba la Asamblea Nacional Constituyente que aprobó el texto legal.
Organizaciones que exigen su derogación argumentan que los dudas no se centran únicamente en cómo fue aplicada la norma, sino que abarcan también su contenido, la ampliación de sus definiciones y su origen jurídico. La comisión parlamentaria ahora deberá redactar el proyecto de reforma y avanzar en las consultas previas a que los cambios sean presentados al Parlamento.
Para Acceso a la Justicia, el tema clave será saber si ese proceso elimina realmente las disposiciones utilizadas para sancionar expresiones críticas o si, por el contrario, cambia las formas de sanción mientras mantiene vigente el concepto que permitió su aplicación durante los últimos nueve años.
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