El gobierno interino de Venezuela pidió a la Asamblea Nacional, que cuenta con mayoría oficialista, que revise urgentemente una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La medida fue presentada por la gobernante interina Delcy Rodríguez, quien dirigió la solicitud al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
La propuesta busca avanzar en la despenalización de ciertas conductas previamente reguladas por esa normativa. La Ley, que ha sido objeto de críticas durante años, fue citada por organizaciones defensoras de Derechos Humanos como un instrumento que ha facilitado detenciones arbitrarias y la criminalización de expresiones políticas y sociales.
Provea, entidad que representa a activistas y defensores de Derechos Humanos en Venezuela, sostiene que la legislación debe ser derogada por haber permitido detenciones sin fundamentos legales y por haber acelerado el proceso de sanción contra quienes expresan opiniones críticas.
La reforma fue solicitada por Delcy Rodríguez, gobernante interina de Venezuela, y dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con el objetivo de avanzar en la despenalización de conductas previamente reguladas por la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La Ley ha sido criticada durante años por organizaciones defensoras de Derechos Humanos por haber facilitado detenciones arbitrarias y la criminalización de expresiones políticas y sociales.
El gobierno de Venezuela anunció una reforma a la Ley contra el Odio, norma que fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente. La Ley establece penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes fomenten, promuevan o inciten públicamente al odio, a la discriminación o a la violencia.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) considera que dicha reforma no es suficiente y exige la derogación total de la Ley. "Lo que realmente espera el país es que una Ley contra el odio, que generó tanto sufrimiento y tanto dolor en las familias venezolanas, sea derogada, sea anulada y no solamente reformada", afirmó Óscar Murillo, coordinador General de Prove-thanos.
Activistas denuncian que la Ley facilitó detenciones arbitrarias
Organizaciones nacionales e internacionales han expresado críticas sobre la amplitud de las disposiciones de la Ley y sobre las posibles consecuencias que podrían tener para la libertad de expresión en Venezuela.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) sostiene que una reforma resulta insuficiente y reclama la derogación de la Ley.
Óscar Murillo, coordinador General de Provea, afirmó que lo que realmente espera el país es que la Ley contra el odio sea derogada y anulada, no solamente reformada.
Organizaciones nacionales e internacionales han cuestionado la amplitud de las disposiciones de la Ley y sus posibles consecuencias para la libertad de expresión.
Un informe presentado por Provea a Martí Noticias destaca que la Ley venezolana sobre prevención del odio limita severamente la libertad de expresión, incluye cláusulas 'ambiguas e imprecisas' y no cumple con el principio de taxatividad en el derecho penal. Además, el análisis cuestiona el proceso legislativo mediante el cual se aprobó la norma. Murillo señaló que esa amplia redacción ha permitido que las autoridades actúen con discrecionalidad. 'Fue escrita, como muchas otras leyes, con una redacción muy abierta, que permitía precisamente una libre discrecionalidad por parte del funcionario', afirmó.
El defensor de Derechos Humanos destacó que la norma 'termina […] aniquilando la libre expresión y sanciona la opinión y el ejercicio libre de los Derechos civiles y políticos'. Provea registró 125 casos de persecución, hostigamiento y criminalización entre enero de 2024 y octubre de 2025, incluyendo 36 detenciones arbitrarias y 40 imputaciones judiciales. La organización identificó la Ley contra el Odio y otras figuras penales como herramientas utilizadas en casos que considera de criminalización de la crítica.
Para Provea, el debate también debe abarcar las condiciones de las personas sometidas a procesos por disposiciones de esta legislación.
Murillo afirmó que si se produce la derogatoria de la Ley contra el odio, todas las personas que han sido acusadas conforme al texto de esa norma deberían ser absueltas, es decir, sus procesos deberían ser nulificados, porque de lo contrario no tendría sentido legal ni ético mantenerlas en juicio. La organización señala que dicha Ley permitió "la detención arbitraria y prácticas abusivas por parte del Estado Venezolano en los últimos años".
Murillo afirmó que las causas de personas imputadas bajo el articulado de la Ley contra el odio deberían ser sobreseídas, no anuladas, sino nulificadas en su totalidad. La organización señala que la Ley permitió detenciones arbitrarias y prácticas abusivas por parte del Estado Venezolano en los últimos años, destacando que estas acciones violan principios de derecho y justicia. El texto original especifica que las causas deberían ser absolutamente anuladas, no simplemente nulificadas, lo cual implica una diferencia jurídica clave en el tratamiento de los procesos.
Además, se menciona que la derogatoria de la Ley tendría consecuencias directas sobre la validez legal de los procesos vigentes en Venezuela.
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