El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha decidido eliminar la jurisdicción especial en materia de terrorismo de cuatro tribunales en Caracas con competencia nacional. Esta estructura judicial había sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales, que la acusaban de irregularidades procesales y de vulnerar garantías fundamentales.
La eliminación fue oficializada mediante la Resolución N.º 2026-0010 del 13 de octubre, estableciendo la redistribución de los casos penales a tribunales ordinarios siguiendo criterios de competencia por materia, territorio y conexión procesal.
La medida no implica la eliminación del delito de terrorismo ni la nulidad automática de las decisiones judiciales emitidas por estos tribunales.
Una jurisdicción creada en 2012 y cuestionada internacionalmente
Los tribunales dedicados al terrorismo fueron instituidos bajo la Resolución N.º 2012-0026 en octubre de 2012, formalizada en enero de 2013 en la Gaceta Oficial. Más adelante, en 2015, el TSJ amplió y reorganizó su alcance.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuestionó su base jurídica en un informe de 2021, señalando que su competencia había sido configurada por resoluciones del TSJ y no por una ley que garantizara el principio del juez natural.
La misión también documentó irregularidades en procesos judiciales contra opositores al gobierno, específicamente en tribunales especializados en terrorismo. La CIDH también ha denunciado el uso del sistema penal venezolano contra opositores, manifestantes y defensores de derechos humanos.
Joel García: la decisión llega tarde
El abogado penalista venezolano Joel García opina que la eliminación de esta competencia es tardía, ya que, según él, la jurisdicción especial nunca tuvo un fundamento constitucional adecuado.
García argumenta que la competencia debería estar creada por ley, y los tribunales especializados en terrorismo no estaban contemplados en la ley contra la delincuencia organizada, calificando esto como un abuso del TSJ.
Vinculó la decisión a los cambios políticos en Venezuela desde el 3 de enero de 2026 y sugirió que las razones jurídicas para eliminar esta competencia existían desde su instauración, abogando por la revisión y posible nulidad de las decisiones tomadas por estos tribunales.
VEPPEX espera liberación de presos políticos
José Antonio Colina, presidente de VEPPEX desde EE.UU., consideró la eliminación de la competencia especial como un avance frente a las denuncias de persecución política en Venezuela. Colina afirmó que estos tribunales fueron usados para procesar a individuos acusados de terrorismo por motivaciones políticas.
Colina espera que esta decisión contribuya a la liberación de acusados injustamente y denunció que ciudadanos fueron procesados por expresar críticas o convocar manifestaciones pacíficas.
Según Colina, la eliminación de esta jurisdicción podría ayudar a reducir las acusaciones de terrorismo contra quienes ejercen sus derechos a la libre expresión y protesta.
Estados Unidos y el proceso de transición en Venezuela
La decisión del TSJ ocurre en un contexto de transición política tras eventos del 3 de enero de 2026. EE.UU. sigue atento a la situación, enfocado en la liberación de presos políticos y el respeto a los derechos humanos y las garantías democráticas.
La eliminación de la jurisdicción especial plantea ahora dudas sobre el futuro de los casos judiciales y la posibilidad de revisar decisiones de esta jurisdicción que operó durante más de una década.
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