Víctimas del 11 de abril buscan justicia ante la Corte Interamericana tras 24 años de impunidad

Protestas del 11 de abril de 2002: búsqueda de justicia en Costa Rica

La Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo la primera audiencia pública del caso Trujillo y otros vs. Venezuela en San José, Costa Rica. Este caso está vinculado a las muertes, lesiones y presuntas violaciones de derechos humanos que se produjeron durante las protestas del 11 de abril de 2002 contra el gobierno de Hugo Chávez.

Consecuencias y búsqueda de justicia

Los eventos de aquel día resultaron en la muerte de 19 venezolanos y más de 300 heridos por armas de fuego. Ahora, más de 24 años después, familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos han acudido al tribunal internacional para exigir justicia y denunciar la falta de investigaciones y sanciones adecuadas en Venezuela.

En la audiencia participaron la periodista Delvalle Canelón, testigo de los hechos, junto a Yanfri Querales y Mohamed Merhi, quienes son familiares de dos de los fallecidos. Canelón compartió su experiencia y reveló haber recibido amenazas a raíz de su participación en el proceso judicial venezolano. Los familiares, a su vez, expresaron el impacto de la violencia y el largo tiempo sin obtener respuestas judiciales.

Impunidad y responsabilidades internacionales

Los abogados Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, representantes de las víctimas y dirigentes de Foro Penal, señalaron durante sus intervenciones la falta de acciones por parte del Estado venezolano para investigar los hechos de manera justa. Himiob afirmó que Venezuela está obligada a identificar y sancionar a los responsables, pero la situación actual es de impunidad total.

Romero destacó que lo sucedido el 11 de abril fue una clara advertencia temprana de las violaciones de derechos humanos que las organizaciones venezolanas denunciarían posteriormente. Subrayó la necesidad de que la documentación de los casos se traduzca en acciones judiciales concretas.

Proceso judicial y posibles medidas de reparación

Un proceso prolongado

El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002. Tras más de dos décadas de trámites, la Comisión lo remitió a la Corte en julio de 2024, al concluir que Venezuela violó derechos fundamentales como el derecho a la vida y la integridad personal. Aunque los eventos del 11 de abril ocasionaron 19 muertes y numerosas heridas, el expediente ante la Corte solo incluye siete fallecidos y cinco heridos.

Además, el Estado venezolano no tuvo representantes acreditados en la audiencia. La Corte aún no ha emitido su fallo y las partes tienen hasta el 13 de noviembre de 2026 para presentar los alegatos finales. Aunque Venezuela se desvinculó formalmente de la Convención Americana en 2013, la Corte sigue siendo competente para examinar los hechos anteriores a esa fecha.

El fallo potencial de la Corte podría establecer responsabilidades internacionales y ordenar medidas de reparación para las víctimas después de décadas de solicitudes ante diversas instancias.