Adolescentes enfrentan acoso judicial por redes sociales
La revisión de teléfonos celulares, publicaciones en redes sociales y mensajes en los estados de WhatsApp han provocado detenciones y juicios contra adolescentes en Venezuela, según denuncias de la organización de derechos de la infancia Cecodap.
En una entrevista con Martí Noticias, el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, explicó que al menos 118 adolescentes fueron acusados de delitos estipulados en la Ley contra el Odio entre 2024 y 2025, principalmente en el contexto de la crisis política y la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
“En muchos casos, las detenciones se debieron a publicaciones en redes sociales y denuncias de la comunidad o de agentes policiales que revisaron los teléfonos y tomaron medidas en base a eso. Este fue el caso más común”, señaló Trapani.
Irregularidades en el tratamiento judicial de menores
El defensor de los derechos humanos indicó que estos procedimientos implicaron violaciones a las garantías judiciales especiales que deben proteger a los menores. Entre las irregularidades destacaron las detenciones arbitrarias, la falta de comunicación, la no notificación inmediata a familiares y restricciones al derecho de defensa privada.
“Se caracterizaron por incomunicación, detenciones arbitrarias, falta de información a los padres, limitaciones en la defensa legal y mantener medidas cautelares sin pruebas de culpabilidad”, detalló.
Trapani explicó que algunos adolescentes fueron inicialmente retenidos en instalaciones policiales o militares antes de ser trasladados a entidades previstas por la legislación venezolana para menores de edad. Además, Cecodap denunció violencia física y psicológica, intimidación y amenazas de agresión sexual.
Reforma de la Ley contra el Odio bajo cuestionamiento
Estas revelaciones coinciden con la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, promovida por la Asamblea Nacional oficialista. La legislación, aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido reconocida por Delcy Rodríguez como aplicada abusivamente.
Organizaciones de derechos humanos critican que una reforma parcial no resolverá los problemas de criminalización de opiniones y disidencia política. Trapani subrayó la necesidad de cambios estructurales en el sistema judicial para acompañar cualquier modificación legal.
Cecodap señala que proteger a los adolescentes requiere no solo la despenalización de determinadas conductas, sino también instituciones independientes, funcionarios competentes y garantías del debido proceso.
Derechos humanos y transición democrática
Estados Unidos ha manifestado preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela, destacando las restricciones a la libertad de expresión y el uso del sistema judicial contra disidentes.
Informes del Departamento de Estado documentan mecanismos de persecución y limitaciones a las libertades básicas en el país.
Washington apoya una solución a la crisis venezolana que promueva el restablecimiento de instituciones democráticas, el respeto al Estado de derecho y la protección de derechos fundamentales.
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