Murió José Breijo a los 71 años de edad en la ciudad de Caracas, donde cumplía una medida de arresto domiciliario tras haber permanecido privado de libertad en centros de detención estatales. El ciudadano de nacionalidad uruguaya residente en Venezuela desde hace varias décadas había obtenido la excarcelación a mediados de mayo de 2026 en el marco de una amnistía otorgada por el gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
El deceso del compatriota fue informado públicamente por el comunicador venezolano Carlos Julio Rojas a través de canales digitales y plataformas de derechos humanos. Rojas señaló que el estado de salud del adulto mayor se había visto seriamente comprometido durante su estadía tras las rejas, período en el cual desarrolló afecciones respiratorias severas, incluyendo un edema pulmonar que no recibió la atención médica especializada ni los tratamientos farmacológicos adecuados requeridos para su frágil condición física.
El caso del nacional uruguayo generó una amplia preocupación entre organizaciones internacionales de derechos humanos e integrantes de la comunidad diplomática. Su detención se produjo a finales del año 2023, cuando agentes de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano lo arrestaron de manera intempestiva e imputaron delitos de alta gravedad institucional, mantenidos habitualmente contra opositores políticos y ciudadanos extranjeros atrapados en la crisis sociopolítica de la nación caribeña.
Los antecedentes de la detención del ciudadano uruguayo en Caracas
Las circunstancias que derivaron en el encarcelamiento del compatriota uruguayo estuvieron marcadas por una profunda precariedad económica y de salud. Según el testimonio brindado por el propio afectado a la agencia internacional de noticias AFP poco después de su excarcelación, su arresto sobrevino tras intentar vender una fotografía que había tomado de la fachada de una edificación en Caracas, la cual supuestamente albergaba oficinas vinculadas a un grupo islamista.
El objetivo del ciudadano uruguayo al comercializar la imagen fotográfica era reunir la suma de 1.500 dólares estadounidenses. Ese dinero estaba destinado exclusivamente a financiar una intervención quirúrgica cardiovascular, de tipo cateterismo, que requería con urgencia para tratar una patología coronaria previa. No obstante, las autoridades de inteligencia interpretaron la acción como una actividad de espionaje y conspiración, formalizando la acusación de terrorismo y traición a la patria.
Durante los meses en que permaneció privado de su libertad en instalaciones de seguridad, la salud del adulto mayor se degradó progresivamente. Las condiciones de hacinamiento y la falta de insumos médicos agravaron sus dolencias cardíacas y derivaron en un cuadro de edema pulmonar. Esta complicación pulmonar crítica dejó secuelas irreversibles en su organismo que persistieron aun después de haber sido beneficiado con la medida alternativa a la prisión preventiva.
La precaria situación tras la amnistía y el reclamo de los organismos
Cuando murió José Breijo, su situación habitacional y humanitaria reflejaba un panorama de extrema vulnerabilidad. Al salir del centro de reclusión en mayo tras la promulgación del decreto de amnistía, el ciudadano uruguayo retornó a su apartamento situado en un céntrico edificio de Caracas. Sin embargo, al arribar al inmueble descubrió que su vivienda había sido ocupada ilegalmente por una familia desconocida durante el tiempo que duró su cautiverio.
Imposibilitado de ingresar a su propio hogar y sin recursos económicos para costear un alojamiento alternativo, el uruguayo se vio obligado a pernoctar en el pasillo común de la edificación residencial. Esta situación fue visibilizada por activistas comunitarios y defensores de derechos humanos, quienes solicitaron de forma reiterada la intervención de las autoridades judiciales y consulares para restituirle sus derechos patrimiales y brindarle asistencia médica de emergencia.
La noticia de su fallecimiento en estas condiciones provocó repercusiones en sectores políticos y diplomáticos de Montevideo. Diversas organizaciones que monitorean la situación de los prisioneros políticos en Venezuela señalaron que el caso del compatriota evidencia las secuelas físicas e institucionales que sufren las personas privadas de libertad bajo acusaciones de índole política, donde la falta de atención médica oportuna suele desencadenar desenlaces fatales.
Reacciones tras confirmarse el deceso en la capital venezolana
La confirmación del fallecimiento del ciudadano uruguayo reabrió el debate sobre la asistencia consular a los nacionales en el exterior y las garantías del debido proceso en la República Bolivariana de Venezuela. Periodistas y activistas venezolanos expresaron su solidaridad con los allegados del fallecido, destacando que el régimen de prisión domiciliaria en el que se encontraba no estuvo acompañado del soporte sanitario necesario para evitar su deceso.
Por su parte, voceros de agrupaciones de derechos humanos locales e internacionales remarcaron que, aunque se le había concedido la libertad condicional en mayo bajo la figura de la amnistía, la persecución penal y las secuelas del encierro deterioraron de manera definitiva la vida del adulto mayor de 71 años. El seguimiento de las condiciones de otros ciudadanos extranjeros bajo medidas similares continúa siendo un tema de agenda para la Cancillería uruguaya y las representaciones consulares acreditadas en territorio venezolano.
El legado de las denuncias formuladas sobre las arbitrariedades de su detención y las penurias vividas en el pasillo de su propio edificio quedan como testimonio documental del impacto del sistema penal venezolano sobre los sectores más vulnerables de la población y la comunidad de residentes extranjeros.
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