La polémica por el congelamiento de la patente de rodados para 2027 levantó temperatura política este viernes cuando el intendente de Flores, Diego Irazábal, salió a defender la decisión del Congreso de Intendentes sin rodeos: admitió que las comunas necesitan recaudar, cuestionó que no se baje el tributo pese a la caída en el precio de los usados y le apuntó sin filtros a legisladores de su propio partido que criticaron la medida.
En diálogo con el streaming En Clave País, el dirigente nacionalista sostuvo que la resolución adoptada el domingo —que mantiene sin ajuste los valores de 2026 para los autos a combustión y sube los eléctricos de mayor valor— evita trasladar la inflación al bolsillo, aunque reconoció que el vecino tiene motivos para estar molesto y que la caja departamental se ve exigida.
Antecedentes: la dependencia de la patente y el fuego cruzado blanco
Irazábal puso números sobre la mesa para explicar por qué, a su juicio, rebajar drásticamente la patente golpearía el funcionamiento cotidiano de los gobiernos departamentales. Señaló que la patente es hoy una de las fuentes de ingreso más importantes de todas las comunas y que tocarla a la baja afectaría cronogramas de trabajo, pagos y actividades.
En el caso concreto de Flores, detalló que cerca del 50% de los ingresos municipales provienen de origen nacional y el otro 50% de origen departamental, y que dentro de esa mitad local el 40% corresponde a la patente de rodados, resumiendo que su gestión es «altamente dependiente» de ese cobro. También apuntó contra la carga fiscal general del país, al señalar que en un auto de US$ 20.000 unos US$ 10.000 son impuestos y que nadie habla de los gravámenes a los combustibles ni de la productividad parlamentaria mientras cuestiona a las intendencias.
Impacto regional: financiamiento local y tensión en el Cono Sur
El choque entre intendentes y legisladores por el cobro de patentes expone una tensión recurrente en Uruguay y en distintos países de América Latina: la fricción entre los gobiernos locales —que deben sostener servicios, alumbrado, caminería y eventos cotidianos con presupuestos ajustados— y los reclamos de alivio fiscal de los contribuyentes y dirigentes nacionales.
Cuando bajan los precios de mercado de los vehículos o cambia la estructura del parque automotor, el debate deja al desnudo hasta qué punto los municipios dependen de tributos ligados al transporte y cómo se reparten los costos reales de administrar el Estado.
Declaraciones oficiales y dardos dentro del Partido Nacional
Sin dar vueltas, Diego Irazábal blanqueó la necesidad financiera de las administraciones: «Con toda sinceridad, la gente dice ‘quieren recaudar’, sí, muchachos, queremos recaudar, una administración necesita recaudar», aunque aclaró que «el ciudadano tiene razón al estar molesto, caliente» y que el Congreso de Intendentes deberá dar una discusión al respecto.
Sus palabras más filosas fueron dirigidas a referentes del Partido Nacional que cuestionaron la resolución, como el senador Sebastián Da Silva y el diputado Sebastián Andújar. «Me indigna cuando veo políticos haciéndose los liberales con presupuesto ajeno», disparó Irazábal, agregando que todos son responsables del Estado que construyeron y que le duele la falta de diálogo entre compañeros de partido, además de chicanear que mientras los intendentes están «a mil», algunos legisladores pasan el día recorriendo programas y streamings.
El costo oculto de lo «gratis» y lo que viene
Al defender las estructuras financieras de las comunas, Irazábal recordó que el mismo vecino que reclama por el monto de la patente exige luego arreglos de calles y veredas o alumbrado público, y lanzó una frase directa sobre los espectáculos municipales: «No, loco, no son gratis los festivales que hacemos las intendencias, los estás pagando vos con la patente esta, hermano».
De cara a los próximos meses, la discusión abierta por el intendente de Flores anticipa que la pelea por la patente de 2027 no solo enfrentará a contribuyentes e intendencias, sino que seguirá agitando las aguas dentro del nacionalismo y en el debate sobre cómo se financia el Estado uruguayo.





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