En los pasillos de la Junta Departamental de Montevideo, el aire se cortaba con un cuchillo aquel jueves. La sesión, que prometía ser un trámite burocrático más, terminó convirtiéndose en el escenario de una de las fracturas políticas más incómodas del último tiempo para el Partido Nacional. Cuando el tablero electrónico marcó los 21 votos necesarios para aprobar los fideicomisos impulsados por la gestión del intendente Mario Bergara, el sonido de los aplausos oficialistas se sintió en la bancada blanca como un estruendo metálico.
Joaquín Campos, Nicolás Hernández, Federico Paganini y Guillermo Kruse hicieron lo que el manual de la oposición no permite: levantaron la mano para salvarle las papas del fuego al oficialismo. Afuera, en la calle, el ruido del tránsito y la lluvia fina de Montevideo parecían ignorar lo que sucedía puertas adentro, pero en el tercer piso del Palacio Municipal, el clima era de guerra fría.
Los cuatro ediles no solo votaron; eligieron un camino. Para ellos, Montevideo necesitaba esas obras —recolección de residuos, saneamiento, vialidad— y la política no podía quedar atada a un «no» por sistema. Pero para las estructuras partidarias, ese argumento es apenas una excusa que disfraza una traición a la línea de mando.
El manual de la disciplina frente al espejo
La política uruguaya tiene un código no escrito: la disciplina es la base de la supervivencia partidaria. Cuando un edil se corta solo, rompe el tejido de la representación. En el Directorio del Partido Nacional, los teléfonos no pararon de sonar durante toda la noche posterior a la votación. «No se trata de la obra, se trata del equipo», mascullaba un dirigente de peso, mientras tomaba un café amargo en un bar cercano a la sede de la calle Juan Carlos Gómez.
La posibilidad de sanciones está sobre la mesa, y el precedente de otros departamentos no es menor. Se recuerda bien lo que pasó en Salto, donde la disciplina partidaria se impuso con mano de hierro. Sin embargo, en Montevideo, donde la intendencia ha sido esquiva para los blancos durante décadas, el debate es más complejo. ¿Es castigar a quienes, en teoría, facilitaron una mejora para el vecino? Esa es la pregunta que divide las aguas.
Mientras tanto, en sus despachos, los ediles cuestionados preparan su defensa. Saben que el Tribunal de Conducta Política —o su equivalente partidario— no suele perdonar el desmarque público. Mientras tanto, en los grupos de WhatsApp de la militancia, las opiniones están polarizadas: algunos los tratan de «vendidos», otros los llaman «valientes».
La lógica del pragmatismo y el futuro de la bancada
El intendente Bergara, por su parte, observa la sangría ajena con un perfil bajo, casi invisible. Sabe que, al final del día, el fideicomiso es lo que cuenta para su gestión y que la política de alianzas coyunturales es, muchas veces, más efectiva que las grandes mayorías monolíticas. Para la intendencia, los votos de estos cuatro ediles son el oxígeno que le permitirá mostrar resultados antes de que termine el ciclo.
Pero el daño al Partido Nacional es tangible. La bancada ahora debe navegar con el peso de la desconfianza interna. ¿Cómo se sientan a negociar ahora, si cualquiera de sus miembros puede cambiar el voto en el último minuto? La respuesta es un misterio, pero una cosa es clara: la Junta Departamental de Montevideo no volverá a ser la misma después de esta votación.
