El sector de las trabajadoras domésticas en Uruguay se prepara para un cambio significativo. A partir del próximo mes de julio, entra en vigencia un nuevo régimen de categorías laborales diseñado para aportar claridad, formalización y una estructura más profesional a uno de los sectores con mayor nivel de ocupación en el país. La medida, que ha sido objeto de negociaciones en los consejos de salarios, busca ajustar la realidad de las tareas desempeñadas a las escalas salariales correspondientes.
La premisa detrás de esta modificación es sencilla pero profunda: dejar atrás la ambigüedad en las tareas. Muchas veces, la falta de una definición clara en las responsabilidades laborales generaba zonas grises tanto para la trabajadora como para el empleador. Con este nuevo esquema, el catálogo de tareas se segmenta con mayor precisión, permitiendo que cada rol tenga una referencia salarial adecuada a su nivel de especialización.
¿En qué consisten los cambios?
La nueva estructura divide el trabajo doméstico en categorías específicas que contemplan desde el mantenimiento básico del hogar hasta roles que implican cuidados especializados o tareas de gestión integral. Para las trabajadoras, esto supone una mayor protección y el reconocimiento de las funciones que realmente desempeñan en el día a día.
Para los empleadores, el desafío inmediato es la adecuación. Durante las próximas semanas, quienes contratan servicio doméstico deberán revisar en qué categoría queda encuadrado el personal a su cargo. No se trata solo de un cambio administrativo; es un paso hacia la formalización completa que el sector reclama hace años. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ya ha puesto a disposición los instructivos para despejar dudas y evitar errores en la liquidación de haberes a partir de julio.
Un sector que busca profesionalización
La formalización de las categorías no es un hecho aislado. Es el resultado de un largo proceso de diálogo tripartito que busca jerarquizar un trabajo esencial. En Uruguay, donde el servicio doméstico sostiene el andamiaje cotidiano de miles de familias, esta reordenación es vista por muchos como un acto de justicia laboral.
Sin embargo, como en toda transición, el éxito del nuevo régimen dependerá de la capacidad de los empleadores para adaptarse y del monitoreo del Estado para asegurar el cumplimiento. La transparencia en los recibos de sueldo y la correcta categorización no solo previenen juicios laborales a futuro, sino que dignifican el vínculo entre quien ofrece su servicio y quien lo recibe, cerrando un capítulo de informalidad que durante décadas caracterizó al sector.
