La Intendencia de Salto retiró una matrícula a un taxi trucho durante controles de fin de semana; ya suman cuatro las chapas incautadas por transporte irregular mientras avanza un proyecto para regular Uber y Cabify.
La Intendencia de Salto retiró una matrícula a un taxi trucho durante controles de fin de semana; ya suman cuatro las chapas incautadas por transporte irregular mientras avanza un proyecto para regular Uber y Cabify.

La Intendencia de Salto no afloja en su lucha contra el transporte clandestino. Durante los operativos de fiscalización realizados este fin de semana, el área de Gestión de Tránsito procedió al retiro de una chapa matrícula correspondiente a un vehículo que operaba como taxi sin habilitación oficial, lo que popularmente se conoce como «taxi trucho». La medida fue aplicada en el marco del Decreto Departamental N.º 6732/2014, que habilita a los inspectores municipales a actuar ante este tipo de infracciones.

Con esta nueva incautación, el total de matrículas retiradas por transporte irregular de pasajeros asciende a cuatro, sumando la de este fin de semana a las tres obtenidas en controles anteriores. En todos los casos se inicia un expediente administrativo que luego se remite al área Jurídica de la Intendencia para su procesamiento formal.

Controles especializados y trabajo en terreno

Los operativos no son casuales ni improvisados. Desde Gestión de Tránsito se subrayó que las inspecciones están a cargo de funcionarios especialmente capacitados para identificar la prestación de servicios de transporte pago sin la habilitación correspondiente. En cada caso, los inspectores recaban información detallada sobre las características del viaje: origen, destino, tarifa cobrada y condiciones del vehículo.

Este tipo de trabajo en terreno busca proteger tanto a quienes usan el servicio de transporte como a los taximetristas que sí cumplen con todos los requisitos legales y cargan con los costos de habilitación, revisión técnica y seguros obligatorios.

En ese sentido, desde el área municipal se recordó a los usuarios de taxímetros la importancia de verificar, antes de pagar el viaje, que la unidad exhiba en forma visible la planilla tarifaria oficial. Este documento refleja el cuadro tarifario vigente, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas y ratificado por la Intendencia de Salto. Su exhibición no es opcional: es una obligación que garantiza transparencia y da certeza al pasajero sobre cuánto debe abonar por el servicio.

Motos en infracción y maniobras de riesgo

Durante la misma jornada de fiscalización, los operativos también dieron como resultado la incautación de dos motocicletas que circulaban en situación irregular y protagonizaban maniobras peligrosas conocidas como «willy», es decir, levantar la rueda delantera mientras se circula a velocidad. Este tipo de conducta pone en riesgo no solo al conductor sino también a peatones y otros vehículos que comparten la vía.

Un proyecto de 33 artículos para regular Uber y Cabify

En paralelo a las tareas de fiscalización, el intendente de Salto, Carlos Albisu, dio un paso significativo al remitir a la Junta Departamental un proyecto de decreto que busca regular y habilitar el funcionamiento de aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber, Cabify y otras plataformas similares. La propuesta consta de 33 artículos y representa una apuesta concreta por modernizar el marco normativo del transporte en el departamento.

Desde el Ejecutivo Departamental se entiende que contar con una regulación clara para estas plataformas no solo ordenará el mercado, sino que también contribuirá a reducir el transporte irregular, mejorar la seguridad vial y ampliar las opciones de movilidad disponibles para los salteños. La iniciativa llega en un momento en que ciudades de todo el país debaten cómo incorporar estas aplicaciones dentro de un esquema legal que proteja tanto a los usuarios como a los trabajadores del sector.

El avance de este proyecto, sumado a la continuidad de los controles en la vía pública, marca una doble estrategia del gobierno departamental: sancionar lo que opera fuera de la ley mientras se construye un camino regulatorio para las nuevas formas de transporte que la tecnología trajo consigo.