Reforma parcial de la Ley contra el Odio en Venezuela genera rechazo de organizaciones de derechos humanos
La propuesta de modificación a la Ley contra el Odio en Venezuela, presentada y aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, ha sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Estas entidades consideran que los cambios propuestos son insuficientes y advierten que la normativa continúa representando una amenaza para las libertades fundamentales del país.
El contenido de la reforma y su alcance
El proyecto busca eliminar las penas de prisión de entre 10 y 20 años establecidas en la legislación original y, en su lugar, reemplazarlas por sanciones administrativas que incluyen multas y trabajo comunitario para ciertas conductas. Sin embargo, expertos y organizaciones defensoras consideran que estos cambios no representan una verdadera despenalización.
Provea mantiene su rechazo y exige la derogación total
La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) sostiene que la modificación no elimina en realidad el carácter penal de la ley y continúa abogando por su derogación definitiva. El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, afirmó a Martí Noticias que «mantenemos nuestra posición original de que es una ley que debe ser derogada».
Murillo explicó que el simple hecho de reemplazar sanciones penales por medidas administrativas no garantiza el ejercicio efectivo de las libertades públicas, ya que estas medidas siguen siendo restrictivas y pueden limitar la libertad de expresión y opinión.
Ausencia de mecanismos de reparación y antecedentes legales
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, fue aprobada en noviembre de 2017 por la entonces Asamblea Nacional Constituyente, liderada por Delcy Rodríguez, quien actualmente ocupa cargos en el gobierno de Venezuela.
Desde su promulgación, distintas organizaciones han denunciado que esta legislación ha sido utilizada como herramienta para perseguir a quienes expresan opiniones críticas, restringiendo el derecho a la libertad de opinión. Provea, además, señala que la reforma propuesta no contempla mecanismos de reparación para las víctimas de aplicaciones arbitrarias de la ley.
«Tenemos identificadas al menos 90 personas detenidas de manera arbitraria, algunas en condiciones de desaparición forzada, bajo la imputación de la Ley contra el Odio», denunció Murillo. Para la organización, una ley que no incorpora medidas reparadoras ni garantías para evitar futuras arbitrariedades resulta insuficiente, dada la historia de vulneraciones documentadas.
Defensa de la legislación y declaraciones oficiales
Durante el debate en la Asamblea Nacional, el presidente del cuerpo, Jorge Rodríguez, defendió la continuidad de la ley, a pesar de las modificaciones. En sus palabras, «ojalá llegue el momento en que esta ley sea completamente inaplicable porque hayan desaparecido las expresiones de odio político».
Rodríguez argumentó que la legislación sigue siendo necesaria para hacer frente a manifestaciones de violencia relacionadas con el discurso político. Sin embargo, para Provea y otros defensores de derechos humanos, los cambios promovidos por el oficialismo no responden a las solicitudes de eliminación total de la ley, que han sido reiteradas por estos grupos a lo largo de los años.
“Lo que estamos presenciando es solo una simulación de cambio y transformación, que no refleja la realidad que se vive en el país”, expresó Murillo, quien además cuestionó las motivaciones políticas detrás del proyecto. «Aquí prevalecen los cálculos políticos, no una verdadera voluntad de reformar o derogar la ley».
La reforma aún debe ser sometida a una consulta pública y a una segunda discusión en el parlamento antes de su eventual aprobación definitiva, lo que mantiene en alerta a los defensores de derechos humanos y a la sociedad civil en general.
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