Organizaciones civiles denuncian ante la CIDH restricciones a comunidades religiosas en Nicaragua
Contexto y exposición de las denuncias
Representantes de diversas organizaciones civiles presentaron una serie de denuncias frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en Panamá, respecto a las restricciones que enfrentan diferentes comunidades religiosas en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Durante el 197.º período de sesiones del organismo, los denunciantes reclamaron que estas medidas afectan tanto a la Iglesia católica como a congregaciones evangélicas y otros grupos de fe.
Marylaura Acuña, representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), explicó las prácticas que consideran limitan el ejercicio de la libertad religiosa en el país centroamericano. Entre ellas, mencionó las cancelaciones de personalidad jurídica, confiscaciones, vigilancia, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y el destierro de líderes religiosos, prácticas que, en su opinión, restringen tanto los derechos individuales como colectivos en este ámbito.
Cancelaciones masivas y su impacto en las comunidades religiosas
Cientos de organizaciones religiosas canceladas desde 2018
Uno de los principales puntos abordados fue la cancelación de la personalidad jurídica de numerosas organizaciones religiosas. Katy Lechado, representante del colectivo Nicaragua Nunca Más, reveló cifras que ilustran la magnitud de estas acciones. “Desde 2018, al menos 1.341 organizaciones religiosas han sido canceladas”, afirmó. Entre ellas, la mayoría corresponden a comunidades evangélicas, junto con 132 instituciones católicas, además de tres judías, dos musulmanas y una hinduista.
Estas cifras reflejan un impacto profundo en la estructura y funcionamiento de las comunidades de fe, quienes consideran que estas cancelaciones dificultan sus actividades y el desarrollo de sus misiones religiosas.
Vigilancia y restricciones durante manifestaciones religiosas públicas
Control y limitaciones en actividades y procesiones
Las denuncias también abordaron el control ejercido sobre las actividades religiosas y las restricciones impuestas en manifestaciones públicas de fe. Según los testimonios remitidos a la CIDH, algunos sacerdotes han reportado vigilancia sobre sus sermones y procesiones, mientras que congregaciones evangélicas denunciaron presiones para entregar información privada de sus integrantes.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más documentó el cierre de 22 medios de comunicación religiosos, de los cuales 16 eran vinculados a la Iglesia católica. Las restricciones y limitaciones resultan más visibles en periodsos como la Cuaresma y Semana Santa, cuando las autoridades nicaragüenses parecen restringir diversas manifestaciones públicas de religiosidad durante estas fechas.
Situación judicial de líderes religiosos y llamadas a la atención internacional
Procesos legales y garantías judiciales
Durante la audiencia, también se cuestionó la situación de líderes religiosos sometidos a procesos judiciales en Nicaragua. Organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron las condiciones en que se llevan estos procedimientos, denunciando que en muchos casos se imponen condenas de prisión sin las garantías judiciales que consideran esenciales.
Los representantes de la sociedad civil solicitaron que la comunidad internacional mantenga su atención en estas restricciones y sus efectos sobre la libertad de religión en el país centroamericano. Cabe señalar que el régimen de Ortega y Murillo no envió representantes a la sesión en Panamá, por lo que las denuncias presentadas no recibieron respuesta oficial por parte de las autoridades nicas durante la audiencia.
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