El narcotráfico internacional, la corrupción política y la violencia extrema vuelven a cruzar sus caminos en un expediente judicial que promete hacer temblar a más de uno a ambos lados del continente. Según documentos presentados por la Fiscalía de los Estados Unidos ante el Tribunal de Distrito Este de Virginia, el uruguayo Sebastián Marset admitió ante agentes de la DEA haber pagado sobornos a funcionarios de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela, además de haber ordenado personalmente un atentado con granadas y amenazas directas contra la actual fiscal de Corte, Mónica Ferrero, a quien catalogó sin filtro como «incorruptible».
La información, difundida en las últimas horas por el semanario Búsqueda, surge de los escritos presentados por el fiscal estadounidense Anthony T. Aminoff de cara al juicio oral que enfrentará el capo narco a partir de enero, luego de su captura concretada el pasado 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra tras años de mantenerse en las sombras. La estrategia de la fiscalía norteamericana busca incorporar al proceso un voluminoso cúmulo de pruebas —incluyendo mensajes interceptados de la aplicación encriptada Sky ECC— que desnudan el modus operandi del denominado «Primer Cártel Uruguayo» (PCU) bajo la implacable lógica del modelo de «plata o plomo».
Coimas en cuatro países y la ruta del dinero sucio
El documento judicial al que accedió la prensa señala sin ambages que Marset utilizaba una red aceitada de sobornos a autoridades gubernamentales y fuerzas de seguridad para garantizar impunidad total. «El acusado pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden», detalla el escrito presentado ante el juez Rossie Alston Jr., precisando que la red de corrupción operaba aceitadamente en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela.
Si bien en el caso uruguayo el escrito no identifica con nombre y apellido a los funcionarios corrompidos que recibían los pagos, los fiscales detallan un esquema alarmante en Bolivia, donde la organización mantenía convenios periódicos con un alto jerarca que luego redistribuía el dinero entre distintos mandos del gobierno. A cambio, los criminales obtenían corredores seguros para el tráfico de cocaína, alertas tempranas ante operativos e incluso la devolución de cargamentos incautados a cambio de extracciones financieras adicionales.
«Una hija de puta»: los chats sobre el atentado y la amenaza a Ferrero
Uno de los pasillos más oscuros del expediente revela el ensañamiento de la organización contra la justicia uruguaya y, en particular, contra la entonces fiscal Mónica Ferrero. Tras ser detenido por la DEA, el propio Marset confesó que, al chocar contra la negativa de la magistrada a negociar o encubrir sus maniobras, optó por la vía violenta: admitió que «una fiscal en Uruguay resultó ser ‘incorruptible’, por lo que él hizo estallar su oficina y la amenazó».
La investigación aporta las desquiciadas transcripciones de los mensajes que Marset ordenó enviar el 10 de mayo de 2020 a través de un teléfono descartable. «Escuchame bien. Tengo el número de la fiscal, es una hija de puta. Tenés un celular nuevo ahí. Vamos a mandarle un mensaje bien hecho», escribía el narcotraficante a sus escarabajos mediante la red Sky ECC. El texto intimidatorio que debían remitirle a Ferrero era por demás explícito: «Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar», rezaba la advertencia, firmada mafiosamente con un «Saludos del PCU».
A esa ofensiva terrorista se le suma la confirmación del atentado perpetrado contra la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en mayo de 2020. Los fiscales expusieron capturas de pantalla donde se ofrecían nada menos que 20.000 dólares a quien tuviera el valor de arrojar una granada contra la sede policial, un ataque que el propio capo celebró días después en los chats asegurando que era la «primera amenaza PCU» para obligar a las fuerzas a «quedarse quietas».
Catorce toneladas de cocaína y un juicio que promete voltaje puro
La ofensiva probatoria de la justicia norteamericana también incluye registros fotográficos y conversaciones que vinculan directamente a Marset con un alucinante cargamento de 10.000 kilos de cocaína interceptado en el puerto de Amberes, Bélgica, en abril de 2021. Para dejar en claro su estatus dentro del hampa, el propio narco utilizaba el alias «Omelet» en los chats encriptados intervenidos por la policía francesa, justificándose ante sus socios con una frase fiel a su estilo: «Porque tengo muchos huevos».
Mientras la defensa de Marset intenta por todos los medios frenar la admisión de estas comunicaciones como evidencia válida en el tribunal de Virginia, el panorama procesal se vuelve cada vez más asfixiante para el uruguayo. Con un prontuario internacional abierto que salpica a estructuras estatales de medio continente, el juicio que comenzará en pocas semanas se perfila como uno de los golpes más duros contra las redes del narcotráfico transnacional operadas desde el Cono Sur.
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