La Diputación Permanente del Congreso aprueba el decreto de vivienda y elimina el de alquileres indefinidos

Aprobación y derogación de medidas en el mercado de la vivienda

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves un decreto ley que contempla una serie de medidas para intervenir en el mercado de la vivienda. Sin embargo, también ha aprobado la derogación de otro decreto promovido por Sumar, que buscaba establecer la renovación automática de los contratos de alquiler y obligar al propietario a indemnizar al inquilino en caso de terminación del contrato.

Ambos textos legislativos debían ser ratificados en el Congreso en un plazo máximo de treinta días. No obstante, ante la disolución de las Cortes por el adelanto electoral, fue la Diputación Permanente, como órgano vigente en ese momento, la encargada de votar estas normativas.

Aprobación del decreto de medidas generales y rechazo del de renovación automática

El decreto orientado a medidas generales sobre vivienda fue convalidado con el apoyo de 35 diputados, entre ellos los representantes del PSOE, Sumar, ERC, PNV y Podemos, este último formando parte del Grupo Mixto. Por otro lado, 34 diputados, pertenecientes a PP, Vox y Junts, votaron en contra, una posición que en el Pleno habría resultado en mayoría absoluta. Respecto al decreto que promovía la renovación automática de alquileres y la indemnización por desahucios, la votación en contra, sumada a la abstención del PNV, llevó a su derogación definitiva.

Medidas clave en la regulación del mercado de vivienda

Entre las medidas del primer decreto, se destaca la prohibición de desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y la regulación de una prórroga automática en los contratos de alquiler durante todo 2028. Además, se establece un mecanismo llamado ‘Tu Casa’, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que contempla préstamos de hasta 50.000 euros para compra de vivienda, financiados con un fondo de 10.000 millones de euros.

Junto a ello, se crea un fondo de impacto social con una dotación de 400 millones de euros destinado a promover viviendas a través de proveedores sociales, así como a endurecer las condiciones para la compra especulativa de viviendas por fondos ‘buitre’, ampliando su definición y las excepciones respecto al texto anterior.

El segundo decreto, en cambio, establece que tras cinco años de alquiler (siete si el propietario es una persona jurídica), el contrato debe prorrogarse automáticamente otros cinco años (siete si el casero es una empresa). La ley también especifica que, si el propietario desea terminar el contrato, debe pagar una indemnización equivalente a un año de alquiler.

Debate político y posiciones de los grupos parlamentarios

Durante el debate, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió la norma de renovación automática alegando que afectaría a cinco millones de personas y podría suponer un ahorro de hasta 4.341 euros por inquilino. Destacó que medidas similares están en marcha en países como Francia, Alemania y Viena, ciudad que considera un referente en gestión de vivienda pública.

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, subrayó que la normativa protege a inquilinos y pequeños propietarios en un contexto de emergencia habitacional. Entre sus argumentos, mencionó la prohibición de desahucios a vulnerables, las prórrogas de contratos, deducciones fiscales y bonificaciones para propietarios que reduzcan precios de alquiler.

Durante las sesiones, los grupos parlamentarios mantuvieron sus posiciones previas: PP, Vox y Junts reiteraron su rechazo a ambos textos, mientras que PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos reafirmaron su apoyo. El PNV apoyó el decreto general, pero rechazó la propuesta de indemnización por desahucio al considerar que pagar doce mensualidades resulta desproporcionado.

Finalmente, estos resultados permitieron al Gobierno salvar al menos uno de los decretos tras la votación en la Diputación Permanente, dado que en el Pleno del Congreso, con mayoría absoluta en contra, ambos textos fueron rechazados y se adelantaron elecciones generales para el 29 de noviembre. Tras la disolución, el Ejecutivo volvió a presentar los textos con modificaciones menores, permitiendo su aprobación en la Diputación Permanente, en un contexto marcado por la huelga general por la vivienda y la proximidad del inicio de campaña electoral.