El deterioro de la seguridad ciudadana en Centroamérica sumó un diagnóstico alarmante. Un informe publicado por el centro de estudios Expediente Abierto concluyó que el sicariato representó el 70,6% de los homicidios cometidos en Costa Rica durante el año 2025. El documento define esta violencia letal como un mecanismo implacable de competencia comercial entre redes de narcotráfico que dejó un saldo de 870 muertes violentas en ese período, consolidando un cambio estructural donde los sicarios ya no resuelven rencillas personales, sino que ejecutan disputas por rutas, plazas de narcomenudeo, extorsiones y ajustes internos de disciplina.
En una entrevista concedida al semanario Búsqueda durante el monitoreo de la situación centroamericana, analistas regionales han coincidido en que el fenómeno responde a una reconfiguración de las economías ilícitas. A pesar de que los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registran al 2 de noviembre de 2026 un acumulado de 706 homicidios —una leve caída del 5,2% frente a la misma fecha del año anterior—, el arranque del corriente mes fue el más violento del año con 10 muertes en apenas 48 horas. Asimismo, el mapa delictivo mostró un desplazamiento histórico: la provincia caribeña de Limón superó por primera vez a San José en cantidad de asesinatos (185 contra 183), evidenciando el peso de los puertos como plataformas de exportación de droga.
Antecedentes del pico de violencia y gobernanza criminal
La escalada del crimen organizado en el país tico alcanzó su nivel más crítico en 2023, cuando se registró un récord de 905 homicidios, manteniéndose en una meseta alta en los años posteriores. El reporte de Expediente Abierto subraya que el 60% de los crímenes a nivel nacional se concentra en tres provincias estratégicas: San José, como centro del mercado local donde operaban cerca de mil búnkeres de droga, junto a Puntarenas y Limón, que funcionan como nodos de abastecimiento marítimo y salida internacional hacia Europa y Estados Unidos.
El informe advierte sobre el avance de una «gobernanza criminal localizada», donde las bandas imponen sus propias reglas de convivencia y erosionan la autoridad estatal en zonas urbanas marginales y costeras. Ocho de cada diez víctimas mortales en 2026 fueron atacadas con armas de fuego, concentrándose el mayor impacto letal en la población joven de entre 18 y 29 años.
La respuesta oficial: modelo carcelario y el «efecto hormiga»
Frente a la presión social y las elevadas tasas de mortalidad, la administración de la presidenta Laura Fernández apostó por una estrategia de mano dura. En octubre pasado se inauguró el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad construida en Alajuela e inspirada en el modelo carcelario implementado por Nayib Bukele en El Salvador. La medida busca cortar la comunicación de los jefes de las bandas con el exterior para evitar que continúen ordenando ejecuciones desde los pabellones. Fernández fijó como meta reducir la tasa de homicidios a 15,3 por cada 100 mil habitantes para el año 2030.
Sin embargo, el informe de Expediente Abierto cuestiona la eficacia a largo plazo de este enfoque centrado exclusivamente en detenciones e incautaciones. El estudio señala la presencia de un «efecto hormiga», mediante el cual las redes criminales se fragmentan tras la caída o encarcelamiento de sus líderes pero se recomponen rápidamente, reocupando los territorios y manteniendo operativas las estructuras del narcotráfico.
Proyección regional del impacto criminal
La crisis de seguridad costarricense expone la vulnerabilidad de los países con democracias consolidadas e instituciones abiertas frente al poder financiero de los carteles transnacionales. La infiltración gradual en economías locales y la violencia derivada del sicariato representan un desafío geopolítico para todo el istmo.
El éxito de las políticas de contención dependerá en los próximos años de la capacidad de las agencias de inteligencia para desarticular los esquemas de financiamiento, combatir la corrupción institucional y articular respuestas integrales que vayan más allá del encarcelamiento masivo.
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