Acoso laboral en el MTOP. Fernando Miño, técnico prevencionista e ingeniero que ingresó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en 2009, envió una carta formal al presidente de la República, Yamandú Orsi. En el documento, el empleado estatal expone un prolongado cuadro de hostigamiento y marginación de tareas que derivó en un severo deterioro de su salud psíquica, incluyendo cuadros depresivos y un intento de autoeliminación.
El funcionario prestó servicios entre 2019 y 2024 en la Dirección Nacional de Vialidad, área donde realizaba inspecciones de seguridad en infraestructuras de todo el país, impartía capacitaciones al personal y participaba en investigaciones de siniestros laborales. De acuerdo con su testimonio, las dificultades operativas se iniciaron tras desavenencias con un colega de cuadrilla, situación que dio paso a un progresivo aislamiento de las reuniones técnicas y del trabajo en territorio.
Posteriormente, las autoridades ministeriales dispusieron su traslado a la Dirección Nacional de Arquitectura. En esa repartición, según consta en la misiva elevada al mandatario, Miño quedó desprovisto de asignaciones concretas, limitándose a cumplir el régimen horario estipulado sin desempeñar actividades acordes a su formación profesional.
El origen del acoso laboral en el MTOP y el impacto en la salud
La falta de asignación de tareas operativas profundizó un cuadro clínico adverso que obligó al profesional a permanecer bajo régimen de certificación médica por espacio de un año. Especialistas en psiquiatría diagnosticaron episodios continuos de pánico y depresión, dictamen que resultó ratificado por una junta médica de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Ante este escenario, la defensa letrada de Miño gestionó una serie de peticiones ante la secretaría de Estado, solicitando su restitución a la división de origen o la autorización de un pase en comisión hacia otra dependencia pública. El escrito señala que la Dirección Nacional de Vialidad mantiene requerimientos técnicos que coinciden con su perfil, los cuales son cubiertos mediante contrataciones del sector privado.
El denunciante acudió en primera instancia a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Tras la intervención del organismo fiscalizador, la cartera de transporte argumentó que los antecedentes presentados constituían una versión parcializada de los hechos y dispuso la aplicación de una batería de pruebas psicotécnicas de adaptabilidad.
Contradicciones técnicas y la postura del organismo
La exigencia del psicotest generó discrepancias, dado que la INDDHH advirtió que el funcionario ya había sorteado los filtros psicológicos de ingreso a la función pública. El informe emanado de un panel de tres profesionales dependientes del ministerio arrojó valoraciones desfavorables sobre su conducta laboral, calificándolo como una persona con dificultades para la integración grupal.
En contrapartida, evaluaciones independientes presentadas por la defensa del funcionario concluyeron que su aptitud psicológica se encontraba dentro de los parámetros de normalidad para el ejercicio de sus funciones. El contraste entre ambos informes técnicos no modificó la determinación de mantener al trabajador dentro de la Dirección de Arquitectura.
Miño advirtió en su reclamo que dicha unidad administrativa cuenta con antecedentes judiciales en los que la Justicia condenó al Estado por demandas vinculadas a hostigamiento hacia otros dependientes. Pese a las gestiones administrativas reiteradas, las jerarquías ratificaron la continuidad de su actual destino de trabajo.
El reclamo de intervención elevado a Presidencia
Consultadas sobre el diferendo, fuentes de la secretaría de Estado señalaron que la administración actuó con apego a las garantías reglamentarias y completó los trámites de rigor que el ordenamiento jurídico prevé para estos expedientes.
El caso plantea una controversia sobre los mecanismos de gestión del personal público y el seguimiento de la salud ocupacional en el aparato estatal. El documento remitido a la Presidencia busca habilitar una vía administrativa que permita reincorporar al técnico al mercado laboral efectivo dentro del Estado, prescindiendo de pretensiones indemnizatorias adicionales.
Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido un pronunciamiento público formal respecto a la recepción de la carta o las posibles medidas a adoptar por el Poder Ejecutivo.
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