La denuncia de Susana Andrade ante la Fiscalía General de la Nación puso sobre la mesa el debate sobre los discursos de odio en las plataformas digitales y los límites de la interacción en redes sociales dentro del ámbito político nacional. La legisladora del Frente Amplio compareció en calidad de víctima ante el Ministerio Público tras recibir ataques verbales que explícitamente vulneraron su dignidad humana, haciendo alusión a su raza, sus creencias religiosas, su condición de género y su adscripción partidaria.
El hecho generador de la contienda judicial se produjo el pasado 5 de julio de 2026, momento en que la representante nacional compartió a través de sus canales digitales una reflexión orientada a su comunidad de fieles, titulada “Macumbero, macumbera; usted precisa entender de política”. En dicha columna de opinión, la senadora exhortó a los practicantes de religiones de matriz afro e afroamerindia, como la Umbanda y la Candomblé, a organizarse activamente y participar en el escenario institucional del Uruguay. Andrade argumentó en su escrito que la libertad de culto constituyó una conquista histórica que requiere una defensa permanente para proteger el patrimonio cultural y combatir la discriminación estructural.
Sin embargo, entre las múltiples interacciones generadas por el texto, dos comentarios superaron el terreno del intercambio de ideas y se convirtieron en agresiones personales directas. Según consta en el escrito judicial, uno de los internautas escribió: “Macumbera y del FA no se puede esperar mejor mierda que esa jaja”. Por su parte, un segundo usuario acotó en la misma publicación: “Negra acomodada igual que muchos, ni la primaria terminó”.
Ante el tenor despectivo de los calificativos empleados, la parlamentaria remarcó ante los fiscales que ambas expresiones quebraron el plano del debate democrático para proyectar prejuicios raciales y religiosos. Andrade remarcó que referirse a su persona como «macumbera» y «negra acomodada» representa un acto deliberado de hostigamiento motivado por el desprecio hacia sus orígenes, su fe y su actividad parlamentaria.
En el texto formal entregado a las autoridades, la representante frenteamplista rechazó con contundencia los agravios sobre su formación y su identidad civil: «Sí, soy una orgullosa mujer, integrante del Frente Amplio, de religión Umbanda y, aunque el autor de la calumnia no lo sepa, con título universitario”. Asimismo, la legisladora puntualizó que su determinación de recurrir a la vía penal no solo persigue una reparación personal, sino que busca sentar un antecedente protector para aquellas personas y colectivos vulnerabilizados que carecen de la visibilidad y los recursos institucionales necesarios para defenderse frente al acoso sistemático en entornos virtuales.
Los fundamentos jurídicos tras la denuncia de Susana Andrade
Desde una perspectiva strictly legal, el escrito elevado por la representación técnica de la senadora solicitó la apertura inmediata de un expediente penal, la designación de un fiscal adscrito para la tramitación de la causa y la emisión de directivas específicas a los departamentos especializados de la Policía Nacional. La prioridad del sumario estará enfocada en obtener las direcciones IP y la identificación civil completa de las personas físicas que gestionan las cuentas de Facebook desde las cuales se emitieron los agravios.
La tipificación legal invocada en las actuaciones guarda directa sintonía con las normas del Código Penal uruguayo relativas a la represión de los actos de odio, desprecio y violencia moral. La legislación nacional prevé sanciones penales de entre seis y 24 meses de prisión para quienes inciten o ejecuten actos de discriminación u hostigamiento contra ciudadanos en función de su raza, color de piel, convicciones religiosas, origen étnico, orientación sexual o identidad de género.
Expertos en derecho procesal penal e investigación tecnológica coinciden en que la recolección de evidencia demandará el envío de requerimientos formales a la corporación Meta para la preservación de los datos de tráfico y conexión. Del mismo modo, el Ministerio Público deberá ponderar el grado de difusión del mensaje y la intencionalidad del emisor para resolver si las conductas denunciadas configuran la figura típica del acto de odio o si corresponden a delitos de injuria o difamación.
Es importante destacar que la denuncia de Susana Andrade pretende marcar una pauta clara respecto a la responsabilidad jurídica de las expresiones emitidas en el ciberespacio. La senadora sostuvo que la sensación de impunidad que prevalece en las redes sociales degrada la convivencia pacífica y genera un efecto inhibitorio sobre la participación ciudadana de mujeres y minorías étnico-religiosas.
El contexto del racismo religioso y los antecedentes en el país
La presencia de prejuicios vinculados a las religiones afroamerindias y a la población afrodescendiente representa una problemática con antecedentes en el debate público uruguayo. Diversas organizaciones sociales han denunciado reiteradamente la persistencia de estereotipos estigmatizantes que asocian las prácticas rituales de la Umbanda con expresiones peyorativas como «macumbera», utilizándolas como herramientas de descalificación social y política.
En el campo parlamentario, la legisladora Andrade se ha destacado por visibilizar las demandas de equidad racial y tolerancia religiosa. La columna publicada el 5 de julio apuntaba precisamente a interpelar a los fieles para que asuman roles protagónicos en la vida pública, defendiendo que la presencia de minorías en las instituciones estatales constituye un pilar esencial para la consolidación del pluralismo democrático.
Defensores de derechos humanos señalan que los ataques verbales basados en calificativos como «negra acomodada» reproducen lógicas de exclusión que invisibilizan los méritos académicos y profesionales de las mujeres afrodescendientes. La utilización de estos insultos busca deslegitimar la ocupación de cargos de decisión por parte de sectores históricamente postergados.
Próximos pasos procesales ante el Ministerio Público
Tras la radicación formal de la denuncia en la mesa de entrada de la Fiscalía General de la Nación, la causa será asignada a una Fiscalía de Instrucción mediante el sistema automatizado de distribución de expedientes. El fiscal interviniente analizará los elementos probatorios presentados en la comparecencia inicial y dispondrá las primeras medidas indagatorias, que incluyen la ratificación del escrito por parte de la denunciante y la citación de testigos.
Simultáneamente, la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional ejecutará los peritajes técnicos destinados a identificar el origen de los perfiles de Facebook señalados. En la medida en que la investigación avance y se logre individualizar a los presuntos responsables, estos serán citados a prestar declaración en sede fiscal acompañados por su asistencia letrada.
El desarrollo de esta investigación judicial permitirá evaluar la eficacia de los instrumentos penales frente al acoso virtual y la discriminación en internet. A través de la denuncia de Susana Andrade, el sistema de justicia uruguayo enfrentará el desafío de delimitar la frontera entre el ejercicio de la libertad de expresión, el debate político vehemente y la comisión intencional de actos de odio castigados por la ley.
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