El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, expresó este martes el respaldo del Poder Ejecutivo al gabinete ministerial y salió en defensa de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien enfrentará una interpelación en la Cámara de Diputados por la controversia generada en torno a la sanción aplicada a una anestesista.
En declaraciones consignadas por medios locales, Sánchez remarcó que existe “total apoyo a los ministros” y reconoció que los jerarcas pueden cometer equivocaciones en el ejercicio de sus funciones. “Todo el que hace se equivoca, pero en las orientaciones estratégicas están alineados con la visión que tiene el gobierno sobre lo que hay que hacer”, sostuvo el jerarca.
Críticas a los pedidos de renuncia de la oposición
Durante su intervención, el secretario de la Presidencia cuestionó con firmeza la actitud de los partidos de la oposición frente a las polémicas de gestión. Según afirmó, los sectores opositores “viven pidiendo la renuncia de todos los ministros” debido a que aspiraban a alcanzar la presidencia y, al no haber ganado las elecciones, “piden que se vaya este gobierno”.
En ese sentido, Sánchez subrayó que los plazos institucionales deben respetarse y recordó que para un cambio de administración “hay que esperar cinco años”.
La revisión de la sanción a la anestesista
Respecto al episodio puntual que motivará el llamado a sala de Lustemberg —cuando el Ministerio de Salud Pública rebajó inicialmente la sanción a la médica y posteriormente el presidente Yamandú Orsi restableció la pena original—, Sánchez interpretó el desenlace como una señal positiva de institucionalidad, asegurando que demuestra que “el Estado de Derecho funciona”.
El jerarca explicó el recorrido administrativo que derivó en la rectificación: “Lo que terminó pasando es que, frente a una decisión del Ministerio de Salud Pública que había rebajado a tres años la pena para la médica que estaba comprometida en esta situación, la familia se sintió agraviada, presentó un recurso de revocación, se hizo un nuevo análisis de la situación con informes jurídicos claros y se estableció que lo que correspondía eran los cinco años y eso es lo que se corrigió”.




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