Rendición de Cuentas Uruguay 2026: el gobierno de Yamandú Orsi aprobó sus prioridades presupuestales y la reforma de transferencias para la infancia con votos de Cabildo Abierto, pero debió dejar varias iniciativas por el camino.
El Frente Amplio, que no cuenta con mayoría propia en la Cámara de Representantes, construyó acuerdos puntuales con los diputados cabildantes Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita. Esa alianza permitió superar votaciones ajustadas, incluida una definición por 50 votos contra 49 sobre la forma de pago de la nueva asignación y las condiciones vinculadas a la asistencia educativa y los controles médicos.
El oficialismo presentó el desenlace como una victoria porque logró preservar los cuatro ejes anunciados por el Poder Ejecutivo: combate a la pobreza infantil, seguridad pública, educación y atención a las personas en situación de calle. La oposición, en cambio, sostuvo que su actuación conjunta permitió rechazar o separar para otro debate más del 70% de los artículos que había identificado como prioritario frenar.
Rendición de Cuentas Uruguay 2026: una mayoría construida artículo por artículo
La votación también dejó una señal política que excede el contenido económico. Cabildo Abierto se convirtió en el actor capaz de inclinar la balanza entre dos bloques de tamaño casi idéntico. Sus dos representantes acompañaron varias propuestas oficiales, introdujeron cambios propios y también se apartaron del Frente Amplio en asuntos donde no consiguieron respaldo.
El Ministerio de Economía y Finanzas había presentado la Rendición de Cuentas como un proyecto concentrado en prioridades sociales y de seguridad. Según la información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, el paquete incorpora unos 3.000 millones de pesos para esas áreas, financiados en un 40% mediante recaudación y gasto tributario y en un 60% a través de reasignaciones presupuestales.
La reforma de las transferencias obtuvo un respaldo amplio
La creación de un sistema unificado de transferencias para la infancia y la adolescencia fue la iniciativa de mayor alcance. El núcleo de la reforma recibió 97 votos de los 99 diputados. Los únicos legisladores que no la acompañaron pertenecen a Identidad Soberana.
El nuevo régimen busca integrar prestaciones que actualmente funcionan por separado, como las asignaciones familiares, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza. La propuesta oficial prevé comenzar en 2027 con niños nacidos desde 2025 y alcanzar inicialmente a más de 50.000 beneficiarios.
El Gobierno estima que el aumento promedio para el grupo de cero a tres años superará el 80% y que la reforma podría reducir en 25% la pobreza dentro de la población incorporada, según la presentación oficial de Presidencia.
La coincidencia general se terminó cuando comenzó la discusión sobre el mecanismo concreto. El acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto estableció que el pago se realizará mediante transferencia a una institución bancaria, en las condiciones que determine posteriormente la reglamentación.
También se aprobó por 50 votos contra 49 una reducción del 40% de la prestación ante incumplimientos relacionados con la asistencia a centros educativos o la realización de controles médicos. Cabildo Abierto reclamó garantías para que el dinero no quedara completamente sujeto a la libre disponibilidad de los adultos responsables.
El oficialismo respondió que las distintas posiciones serán contempladas durante la reglamentación. Ese proceso deberá definir cómo se realizará el pago, cuáles serán los controles y en qué situaciones se aplicará la reducción prevista.
Seguridad, cárceles y armas abrieron nuevas diferencias
La Cámara aprobó transformar el Instituto Nacional de Rehabilitación en un servicio descentralizado denominado Instituto Nacional de Reinserción. Identidad Soberana fue el único sector que no acompañó el cambio general, aunque la gobernanza del organismo provocó diferencias entre los partidos opositores.
El Partido Nacional apoyó esa parte, mientras el Partido Colorado y el Partido Independiente votaron en contra. Desde la oposición también se cuestionaron las atribuciones otorgadas a la conducción del nuevo instituto.
Otro punto conflictivo fueron las modificaciones sobre la tenencia de armas presentadas mediante textos adicionales durante la sesión. El Frente Amplio y Cabildo Abierto reunieron los votos para aprobarlas.
El diputado nacionalista Pablo Abdala cuestionó tanto el contenido como el procedimiento y sostuvo que las disposiciones reproducían una iniciativa que todavía estaba siendo estudiada en comisión.
Cabildo Abierto quedó aislado cuando Álvaro Perrone propuso habilitar la prisión domiciliaria para personas mayores de 65 años. La disposición podía alcanzar a condenados por delitos cometidos durante la dictadura que permanecen recluidos en Domingo Arena.
Solamente Perrone y Pérez Bonavita votaron a favor, por lo que la propuesta fue rechazada. El resultado permitió al Frente Amplio marcar que el acuerdo parlamentario con los cabildantes no implicaba respaldo mutuo en todos los asuntos.
Para el oficialismo, la votación demostró que la negociación estuvo limitada a determinados artículos de la Rendición y no incluyó un compromiso sobre la prisión domiciliaria.
Secreto bancario, ley de medios y otras reformas quedaron afuera
Entre las iniciativas que no prosperaron figura la modificación del secreto bancario sin intervención judicial. El Gobierno ya había impulsado una fórmula similar durante el tratamiento del Presupuesto, pero tampoco consiguió esta vez la mayoría necesaria para incorporarla.
También quedó por el camino un cambio en la prescripción del impuesto a las transmisiones patrimoniales en casos de herencia. La propuesta pretendía iniciar el cómputo con la declaratoria de herederos y no desde el fallecimiento. La oposición rechazó la modificación y la calificó como una medida con finalidad recaudatoria.
El Frente Amplio tampoco acompañó finalmente la disposición vinculada a compensaciones para funcionarios en comisión en la Cancillería, señalada por la oposición como el “artículo Goyeneche”.
El oficialismo defendió a Fabiana Goyeneche frente a los cuestionamientos personales y denunció violencia política, pero optó por no aprobar el texto.
Los cambios a la ley de medios aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou tampoco avanzaron como habían sido enviados. Algunos artículos fueron rechazados y otros regresaron a comisión para recibir un tratamiento separado.
Uno de los puntos discutidos impedía arrendar o ceder licencias bajo cualquier modalidad. El diputado colorado Conrado Rodríguez afirmó que esa prohibición podía perjudicar a los medios y afectar la libertad de empresa.
La transformación del Instituto Nacional de Bienestar Animal en una persona jurídica de derecho público no estatal también fue separada del proyecto.
Silvana Pérez Bonavita cuestionó la propuesta original porque, a su juicio, podía debilitar el respaldo institucional y reducir la representación de las organizaciones protectoras de animales.
Los asuntos que avanzaron y los que seguirán en discusión
El oficialismo y Cabildo Abierto sí aprobaron la creación de una agencia encargada de gestionar los inmuebles del Estado. La oposición se negó a acompañarla porque considera que la fórmula presenta problemas de constitucionalidad.
En otra votación, los votos del Frente Amplio e Identidad Soberana permitieron aumentar las sanciones por caza ilegal y habilitar la retención de armas hasta que exista una resolución definitiva.
Otros asuntos fueron retirados o separados para continuar su estudio fuera de esta Rendición. En esa lista aparecen la nueva estructura escalafonaria de la Guardia Republicana, modificaciones a la ley de patentes, cambios en el sistema de depósito y reembolso de plásticos y la limitación de los pases en comisión desde la Fiscalía.
El saldo parlamentario muestra una victoria parcial para cada bloque. El Gobierno aseguró recursos y herramientas para sus principales políticas, especialmente la unificación de las transferencias infantiles.
La oposición consiguió frenar cambios institucionales, tributarios y regulatorios que consideraba inconvenientes o insuficientemente discutidos.
La Rendición de Cuentas 2026 en Diputados expuso además el nuevo funcionamiento de la Cámara: el Frente Amplio debe buscar socios para cada votación y Cabildo Abierto puede convertirse en aliado decisivo sin asumir un respaldo permanente al Gobierno.
Tras el cierre de esta etapa, el proyecto continuará su trámite parlamentario y las iniciativas separadas deberán recorrer caminos legislativos propios si el Poder Ejecutivo pretende retomarlas.
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