El Ministerio de Salud cuestiona la propuesta de modificación de impuestos al tabaco y vapeadores
El debate en torno a la reforma tributaria para productos de tabaco y vapeadores reabrió la discusión sobre su impacto en la salud pública y en la financiación del sistema sanitario en Colombia. Aunque el Ministerio de Salud reconoce que subir los impuestos puede contribuir a reducir el consumo de estos productos, advierte que la propuesta actualmente en consideración en el Congreso podría tener efectos negativos en los recursos destinados a la atención de la población.
Revisión técnica del proyecto y preocupaciones fiscales y sanitarias
La postura oficial quedó consignada en un documento de 51 páginas entregado horas antes del cuarto y último debate del proyecto en la plenaria del Senado. Este informe fue firmado por la viceministra encargada de Salud Pública, Diana Julieta Díaz, y la viceministra de Protección Social, Marcela Brun.
La iniciativa en cuestión corresponde a los proyectos de ley 243 de 2026 en el Senado y 136 de 2025 en la Cámara, promovidos, entre otros, por los congresistas Efraín Cepeda, Ana Carolina Espitia y Carlos Julio González Villa. Para la cartera de salud, la propuesta presenta riesgos tanto fiscales como sanitarios y regulatorios.
Modificación del esquema tributario y posibles vacíos en clasificación de productos
La propuesta contempla cambios en el esquema tributario aplicado a los productos de tabaco. Organizaciones sociales han expresado su preocupación acerca de posibles vacíos en la clasificación de cigarrillos y vapeadores, lo que podría dificultar el control y la regulación de estos productos.
Actualmente, los impuestos aplicados al tabaco en Colombia constituyen aproximadamente el 62,8% del precio de venta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que esta carga tributaria alcance al menos el 75%. Sin embargo, el Ministerio de Salud sostiene que el mecanismo incluido en la propuesta no garantizaría un incremento efectivo en los impuestos.
El marco regulador actual establece que los impuestos se actualizan cada año en función del índice de precios al consumidor (IPC), además de un incremento adicional del cuatro por ciento. La reforma, en cambio, propone un impuesto específico fijo de $5.100. Al analizar su impacto, el Ministerio proyecta que, si esta medida entra en vigor en 2027, los ingresos por impuestos en 2028 y 2029 serían aproximadamente un 4,2% y un 5,1% menores, respectivamente, en comparación con el esquema actual.
Impacto en los recursos del sistema de salud y distribución de fondos
Según las proyecciones del Ministerio de Salud, la implementación de la reforma podría disminuir en un rango de entre $79.000 millones y $99.000 millones el ingreso destinado al sistema sanitario colombiano. Esta reducción afectaría principalmente los recursos que financian la cobertura en salud, ya que se estima que cerca del 84% de estos fondos dejarían de llegar a esa área.
Más allá de la menor recaudación total, la preocupación se centra en cómo se redistribuirían esos recursos adicionales. Actualmente, una parte importante de los ingresos del impuesto al tabaco, aproximadamente el 16%, se destina a actividades deportivas. La propuesta de modificación tributaria podría desplazar fondos desde el financiamiento del aseguramiento en salud hacia el sector deportivo. Para datos de 2025, esta posible redistribución implicaría una reducción en los fondos destinados a salud por alrededor de $125.700 millones.
Adicionalmente, el Ministerio advierte que la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) podría dejar de recibir cerca de $547.000 millones acumulados entre 2027 y 2030, en caso de que la reforma sea implementada según lo propuesto.
Clasificación de productos y posibles vacíos regulatorios
El Ministerio de Salud también cuestionó cómo están clasificados los productos sujetos a impuestos en la propuesta. Señala que las denominaciones actuales podrían facilitar que nuevas presentaciones comerciales de cigarrillos y vapeadores queden fuera de la regulación vigente, creando vacíos que dificultarían la inspección y el control.
Asimismo, el Ministerio solicitó que los parches de nicotina utilizados para dejar de fumar mantengan su reconocimiento como productos medicinales, para garantizar su acceso y regulación adecuada.
Reacciones de organizaciones sociales y críticas adicionales
Las objeciones no provienen únicamente del sector gubernamental. Organizaciones como Red PaPaz, la Liga Colombiana Contra el Cáncer y la Fundación Anáas también expresaron su preocupación. Estas instituciones argumentan que el proyecto no incorporaría de manera suficiente las denominaciones de productos en la legislación vigente y advierten sobre posibles vacíos jurídicos que podrían impedir una efectiva lucha contra el consumo de nicotina.
Por su parte, la Red Colombiana de Cesación de Tabaco y Nicotina (ReCeTa Colombia) alertó que un diseño tributario inadecuado puede incentivar a los consumidores a cambiarse de productos, sin que ello necesariamente implique una disminución global en el consumo de nicotina. Las organizaciones no rechazan la utilización de los impuestos como herramienta de salud pública, pero enfatizan que cualquier modificación debe buscar reducir efectivamente el consumo y evitar ventajas para ciertos productos que puedan perpetuar el problema del tabaquismo.
El debate sigue abierto entre la necesidad de incrementar los recursos para el sistema sanitario y la prioridad de reducir el consumo de tabaco y vapeadores en Colombia.
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