Controversia por la devolución de bienes incautados en Perú
Una nueva disputa en torno a la gestión de bienes incautados por el Estado ha surgido en Perú, debido a retrasos en la devolución de inmuebles cuya restitución ha sido ordenada por el Poder Judicial. El conflicto involucra al Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) y a varias entidades públicas, entre ellas la Superintendencia Nacional de Migraciones, que aún ocupan algunos de estos locales.
Traslado pendiente de inmuebles incautados en investigaciones por lavado de activos
El caso se relaciona con propiedades vinculadas a una institución universitaria privada, incautadas en 2023 durante una pesquisa por presunto lavado de dinero. Posteriormente, un fallo judicial anuló la medida y ordenó la devolución de los bienes. Sin embargo, al 4 de noviembre, la entrega física de algunos inmuebles seguía sin concretarse, según informó el periódico Expreso.
Decisiones judiciales y retrasos en la devolución de bienes
El 12 de agosto, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictaminó la devolución inmediata de inmuebles vinculados a la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas y a la Universidad Alas Peruanas, mediante la Resolución N.º 65, tras dejar sin efecto la incautación anterior. Sin embargo, PRONABI recibió formalmente la notificación el 20 de agosto y, posteriormente, solicitó aclaraciones que generaron nuevas actuaciones en el proceso. Aunque las aclaraciones judiciales sirven para resolver dudas sobre las decisiones, no suspenden automáticamente la ejecución de las órdenes de devolución.
El 19 de octubre, el juzgado emitió la Resolución N.º 78, que dejó sin efecto un extremo cuestionado dentro de una resolución posterior, manteniendo vigente el mandato de devolución inmediata de la Resolución N.º 65. Sin embargo, al 4 de noviembre, diversos inmuebles aún no habían sido entregados, pese a la orden judicial.
Implicaciones de la demora y la ocupación de locales en proceso de restitución
PRONABI sostiene que debe esperar una resolución definitiva y consentida, ya que existe una apelación pendiente. Sin embargo, la demora en la restitución genera cuestionamientos sobre si una interpretación administrativa o interna puede retrasar una orden judicial que no ha sido suspendida expresamente por una instancia superior, según informó Expreso. La devolución no solo requiere comunicación entre instituciones, sino también la liberación de espacios, organización de traslados, entrega de llaves y revisión de los predios para garantizar la correcta ejecución del fallo judicial.
El 28 de octubre, PRONABI comunicó a Migraciones las actuaciones relacionadas con la devolución, pero al 4 de noviembre, la entrega material seguía sin concretarse, generando incertidumbre respecto a los plazos y las acciones adoptadas para cumplir con la orden judicial.
Propiedades involucradas y desafíos en la reubicación
Se reporta que uno de los inmuebles cuya devolución está pendiente se encuentra en la avenida San Felipe, en Jesús María, y es utilizado actualmente por Migraciones. La información oficial indica que el local aloja principalmente oficinas administrativas, incluyendo la del superintendente nacional, y no instalaciones críticas para la emisión de pasaportes o atención al público en general.
Esta situación añade un componente operativo al conflicto. Si una entidad pública ocupa un inmueble que debe ser devuelto, es necesario que prepare alternativas de reubicación y establezca un cronograma para la entrega. La falta de un lugar alternativo puede complicar el proceso, pero no anula la validez de la resolución judicial. PRONABI comunicó a Migraciones que la devolución está condicionada a la resolución judicial definitiva, aunque la apelación presentada por el Ministerio Público no paraliza automáticamente el mandato de restitución, según informó La República.
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