El fuero penal del país vecino enjuició a cuatro castrenses por la privación de libertad, los castigos físicos y el envío encubierto de un grupo de orientales pertenecientes al Partido Comunista Revolucionario (PCR) en 1977. La resolución de los estrados expone la red operativa del Plan Cóndor en ambas orillas, dejando en evidencia el estrecho enlace entre el Batallón de Infantería 7 de Salto y el Regimiento de Caballería de Concordia.
De acuerdo con lo revelado por semanario Brecha, las oficinas de inteligencia de los dos lados de la masa de agua intercambiaban fichas de declaraciones, rastros de batidas y desplazamiento de reos en tiempo real. Ese esquema de violencia no únicamente abarcó vejámenes e invasiones a la intimidad, sino además el paso prohibido de compatriotas a suelo oriental mediante coches de las Fuerzas Armadas y embarcaciones.
Del arresto en Concordia al circuito de centros clandestinos
El procedimiento se desencadenó el 3 de julio de 1977 con la aprehensión de unos trabajadores de la quincha en la vecina orilla. Lo que nació como un entredicho cotidiano con un comprador escaló a una captura de seguridad cuando se constató que uno de ellos, Jesús Silverio Suárez Méndez, poseía pedido de captura de la dictadura oriental por integrar la cúpula del PCR. Desde ese instante, las agresiones recrudecieron y se desató una cacería que perjudicó a parientes y allegados.
Conforme a lo resuelto por la magistrada Analía Graciela Ramponi, comisiones del área de inteligencia militar salteña cruzaron a Entre Ríos para presenciar los interrogatorios. Los oficiales uruguayos pretendían desmantelar la red del PCR en suelo argentino y obtener datos sobre referentes del sector, como el letrado Héctor Giordano Cortazzo, más tarde desaparecido en Buenos Aires. Un conjunto de los prisioneros resultó trasladado de manera irregular cruzando el paso internacional sobre el embalse en camionetas del Ejército para ser juzgados por los tribunales castrenses en nuestro país, en tanto otros terminaron movilizados por la vía fluvial.
El impacto transnacional del Plan Cóndor en América Latina
La causa en Concordia suma evidencias sobre la operatividad del Plan Cóndor en el Cono Sur en los años setenta. Esta alianza de represión entre los regímenes de facto del continente provocó que los límites territoriales quedaran anulados para la caza, el secuestro y la eliminación de opositores.
El trueque de prisioneros y el trabajo conjunto de las huestes de seguridad regionales conforman un pasaje sombrío en la historia del continente. Las determinaciones judiciales que continúan reconstruyendo estos sucesos no solo aportan elementos para la verdad y la reparación, sino que ratifican las normas internacionales sobre la vigencia permanente de las causas por delitos contra la humanidad.
Resoluciones judiciales y la impunidad por «incapacidad»
El expediente promovido por la fiscal Josefina Minatta tras las acciones interpuestas por la víctima María Julia Suárez Méndez posibilitó enjuiciar a los hombres de armas Juan Alemán, Jorge Enrique Echeverría, Miguel Ángel Galeano y Horacio Alberto Goris. Con todo, la vía penal halló una traba en suelo oriental para indagar a los implicados locales.
La sede argentina requirió el testimonio y la extradición del coronel retirado Ramón Prudencio Barboza, indicado por los testigos como uno de los integrantes del S-2 de la unidad salteña que participó en las sesiones de apremios en Concordia. No obstante, el pedido terminó desestimado porque la sede penal uruguaya dictaminó la condición de «incapaz» sobre Barboza, impidiendo su citación e imputación por los delitos imputados.
Memoria, verdad y el camino que sigue
Más allá de los años transcurridos y de los impedimentos médicos o normativos que dificultan el juzgamiento de la totalidad de los acusados, los avances en los juzgados por atropellos a los derechos humanos continúan sacando a la luz episodios que pretendieron archivarse.
La reconstrucción del caso demuestra el valor fundamental del testimonio de las víctimas y de la conservación del archivo escrito. La sentencia constituye un avance destacado para la reparación de los damnificados y deja al descubierto la red de impunidad entre países que afectó a la región en aquella época.
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