Una denuncia penal de alto impacto político sacudió al sistema institucional uruguayo tras la presentación formal efectuada por senadores y diputados de la oposición contra la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. El escrito, radicado ante el Ministerio Público, atribuye a la titular de la cartera y a dos colaboradores de su entorno cercano la presunta comisión de conductas tipificadas en el Código Penal, derivadas de las actuaciones irregulares registradas durante el proceso de fiscalización y posterior cancelación del contrato con el astillero español Cardama.
La acción judicial fue impulsada por los legisladores José Luis Falero, Pablo Abdala, Gabriel Gianoli, Maximiliano Campo, Felipe Schipani y Gerardo Sotelo, representantes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente. Todos ellos integraron la comisión bicameral encargada de auditar la frustrada compra de dos buques de patrulla oceánica (OPV). Según la denuncia, la jerarca del Movimiento de Participación Popular (MPP) habría promovido y validado maniobras «con apariencia delictiva» entre el 1º de marzo y el 1º de junio de 2025.
El cuerpo de la denuncia señala la presunta configuración de cuatro figuras penales específicas: usurpación de funciones (artículo 166 del Código Penal), abuso de funciones, revelación de secretos conocidos en el ejercicio del cargo y utilización indebida de información privilegiada.
Injerencia de asesores sin nombramiento ni respaldo legal
El punto central de la acusación radica en la actuación de Damián Rojas y Daniel Marsiglia, señalados como los operadores directos de las pesquisas e interrogatorios promovidos desde la cúpula del Ministerio de Defensa. La oposición sostiene que ambos actuaron de forma ilegítima como «asesores» ministeriales durante meses, sin disponer de un nombramiento formal, respaldo jurídico ni habilitación normativa para ejercer atribuciones públicas.
Durante ese período de irregularidad administrativa, Rojas y Marsiglia llevaron adelante indagatorias, tomaron declaraciones a las máximas autoridades de la Armada Nacional y accedieron a documentación calificada como confidencial y sensible para la seguridad nacional. Fruto de estas acciones, elaboraron un informe reservado con fecha 29 de marzo de 2025 que sirvió de base para la imposición de sanciones disciplinarias de arresto a rigor a altos mandos navales, entre ellos los contralmirantes Miguel de Souza y José Ruiz, el capitán de navío Marcelo da Silva y el excomandante en jefe Jorge Wilson.
Los registros oficiales revelan además las inconsistencias de los pases en comisión. Rojas, funcionario presupuestado de la Universidad de la República que revistaba en el despacho de la diputada Cecilia Cairo, recién fue designado formalmente adscripto a mediados de mayo de 2025, tiempo después de haber ejecutado los interrogatorios y reuniones estratégicas. En el caso de Marsiglia, procedente del Ministerio de Desarrollo Social, su pase al Ministerio de Defensa se efectivizó recién el 15 de junio de 2025, pese a actuar en nombre de la cartera desde meses antes.
Filtraciones confidenciales y reclamos del astillero español
Las actuaciones de Rojas y Marsiglia incluyeron reuniones directas con el titular de la firma naval, Mario Cardama, así como con representantes de firmas proveedoras internacionales como Caterpillar, Terma, Cintranaval y profesionales intervinientes. Estas gestiones, desarrolladas al margen de las vías administrativas reguladas, expusieron al Estado uruguayo a eventuales responsabilidades por el quebrantamiento de los compromisos de confidencialidad estipulados en los contratos internacionales.
El propio astillero Cardama remitió notas formales de protesta a la casilla institucional de la ministra Sandra Lazo en junio y julio de 2025. En dichas comunicaciones, la empresa española denunció la filtración sistemática a la prensa de correos electrónicos y documentación confidencial vinculada a la negociación. En uno de los mensajes, el empresario español manifestó que en 110 años de trayectoria de la firma nunca habían enfrentado un episodio de similar naturaleza con ningún gobierno. La denuncia opositora remarca que la difusión periodística de estos documentos contenía marcaciones y tachaduras dirigidas específicamente a resguardar la identidad de los asesores intervinientes.
Antecedentes y la posición del oficialismo
El conflicto con el astillero Cardama comenzó en diciembre de 2023, cuando se firmó la compra de dos buques OPV por un monto de 82 millones de euros bajo la gestión del exministro Javier García. Tras meses de prórrogas y rechazos a las garantías presentadas, la administración de la cartera aceptó en noviembre de 2024 un aval emitido por la firma Eurocommerce, lo que permitió el desembolso por parte del Estado uruguayo de más de 28,8 millones de euros en sucesivos giros.
Hacia octubre de 2025, al confirmarse que Eurocommerce era una firma de papel y que el instrumento de cobertura carecía de validez, el presidente Yamandú Orsi anunció el inicio del trámite de rescisión por indicios de estafa. El contrato se canceló formalmente en febrero de 2026, lo que derivó en la apertura de la investigación parlamentaria y en una demanda internacional planteada por la empresa constructora contra la República.
Paralelamente, el informe en mayoría elaborado por los legisladores del Frente Amplio en la comisión bicameral también sugirió la remisión de los antecedentes a la Justicia Penal. No obstante, el oficialismo centró su pedido de investigación en la eventual responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en la aceptación de la garantía falsa de Eurocommerce, planteando figuras penales como abuso de funciones, omisión de los deberes del cargo y falsificación ideológica. La causa impulsada por la oposición quedó radicada en la Fiscalía a cargo del magistrado Gilberto Rodríguez.
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