Denuncias sobre retiro de esquemas de seguridad en medio de eventos recientes
El expresidente Gustavo Petro ha denunciado públicamente que, presuntamente, le habrían retirado los vehículos blindados asignados a su esquema de seguridad. Según Petro, esta acción habría sido realizada con la intención de destinar dichos vehículos a la protección del primer mandatario, Abelardo de la Espriella, y de otras personas relevantes del gobierno. Estas declaraciones surgen en medio de una controversia relacionada con el uso de una embarcación de la Armada Nacional para transportar a Lucía de la Espriella, hija del presidente, y a unas amistades suyas.
Detalles sobre la movilización de la hija del presidente en Cartagena
Los hechos ocurrieron el 14 de noviembre durante el Festival Náutico de Cartagena, en conmemoración del Día de la Independencia de la ciudad. Según explicó el portavoz presidencial, Miller Soto, Lucía de la Espriella fue trasladada en una embarcación de la Armada Nacional desde un punto marítimo hasta la embarcación a la que se dirigía, para posteriormente salir utilizando nuevamente la misma embarcación oficial. Soto aclaró que esta movilización fue realizada con motivos de seguridad y en estricto cumplimiento de la normativa vigente, específicamente del Decreto 1066 de 2015, que contempla la protección del presidente de la República y su núcleo familiar.
Reacciones sobre la supuesta retirada de vehículos blindados
En su denuncia, el expresidente Gustavo Petro afirmó que los vehículos blindados que le habían sido asignados, y que estaban destinados a la protección de su familia y de él mismo, habrían sido removidos. Petro sostuvo que estos vehículos fueron reasignados para la protección de varios generales de la Policía, o bien se habrían transferido a la escolta del presidente, acusando al gobierno de no preocuparse por su seguridad personal. “La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mí y mi familia, varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la policía. Al gobierno no le importa un atentado contra mí”, afirmó en su cuenta de X.
Por otra parte, la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue consultada por Infobae Colombia acerca de estas denuncias. La entidad afirmó que, hasta ese momento, no se habían realizado cambios en los esquemas de seguridad de ningún tipo, descartando así la remoción de vehículos blindados o alteraciones en la protección del exmandatario y su familia.
Denuncias desde el Pacto Histórico sobre la protección de otros dirigentes
La exsenadora María José Pizarro, afiliada al Pacto Histórico, también se refirió a la situación. Pizarro alertó que otras personas vinculadas a la colectividad habrían sido despojadas de sus esquemas de protección, a pesar de que varias de ellas son víctimas de amenazas y peligros de atentados. “Desde el @PactoCol denunciamos el retiro de los esquemas de protección de la dirigencia y miembros de nuestro movimiento, algunos con antecedentes gravísimos de atentados y amenazas reiteradas. El Gobierno es responsable por ley, así lo establece el Estatuto de Oposición en su artículo 30 de nuestra seguridad”, manifestó.
La ley en cuestión, la Ley 1909 de 2018, regula el Estatuto de la Oposición y establece directrices específicas para la protección de los miembros de organizaciones políticas que se declaran en oposición al gobierno. En su artículo 30, la normativa señala que el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política debe diseñar programas de protección con enfoques diferencial y de género para los dirigentes y miembros en oposición.
Solicitudes de protección y preocupaciones sobre la seguridad
María José Pizarro solicitó formalmente el respaldo de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo, advirtiendo que la posible retirada de esquemas de seguridad podría poner en grave riesgo tanto la integridad de los dirigentes del Pacto Histórico como la de sus familias. La excongresista expresó que la situación podría afectar la estabilidad y la libertad de participación política de sus miembros.
Por su parte, la senadora Kamelia Zuluaga, también del Pacto Histórico, afirmó que otros altos funcionarios que colaboraron en el mandato del expresidente Petro estarían sufriendo la pérdida de sus esquemas de protección. Zuluaga cuestionó si estas acciones serían una forma de retaliación y resaltó la importancia de garantizar la seguridad de Petro y de la oposición en general, advirtiendo que dejar a los dirigentes políticos sin protección podría ser una estrategia de intimidación.





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