El motín en la cárcel de Puerto Barrios en Guatemala dejó dos reclusos heridos en el Centro de Detención Preventiva para Hombres situado en el departamento de Izabal, Guatemala. Las fuerzas combinadas de la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y la Dirección General del Sistema Penitenciario intervinieron de forma inmediata para restituir el control en las instalaciones. La crisis derivó de la resistencia de un sector de la población penal frente a los operativos lanzados por el Gobierno para desmantelar las redes de extorsión y eliminar los privilegios no autorizados en el interior del centro asistencial y penitenciario.
Los Bomberos Voluntarios de la Séptima Compañía acudieron al penal para brindar los primeros auxilios a los lesionados. Los paramédicos trasladaron a uno de los reos al Hospital de la Amistad Japón Guatemala para recibir atención médica especializada. Las autoridades informaron que no se registraron víctimas mortales durante las intervenciones ni tampoco fuga de reclusos. La Dirección General del Sistema Penitenciario aclaró que la alteración se focalizó en dos sectores específicos debido a que un grupo masivo de privados de libertad se negó a sumarse a las acciones violentas promovidas por los cabecillas.
Antecedentes del operativo de seguridad y traslados masivos
El detonante directo del motín en la cárcel de Puerto Barrios se gestó durante la jornada del jueves 23 de julio, cuando las fuerzas estatales ejecutaron una requisa de alto impacto. Ese operativo previo culminó con el traslado estratégico de 34 privados de libertad calificados como de alta peligrosidad hacia las granjas penales de Pavón, Canadá y Cantel. Con esta medida, las autoridades buscaron aislar a los líderes de estructuras criminales que coordinaban actividades ilícitas en la región caribeña del país.
Durante la requisa general, el director del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, supervisó la demolición de diversas construcciones artesanales levantadas de forma ilegal dentro del recinto. Entre las estructuras destruidas figuraba un rancho VIP adaptado para la celebración de fiestas privadas y reuniones de los jefes de sector. El reporte oficial incluyó la destrucción de instalaciones eléctricas no autorizadas y equipos de climatización instalados de manera irregular.
Decomiso masivo de tecnología, licores y sustancias ilícitas
Los inventarios ratificados por el Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario detallaron una vasta red de contrabando dentro del penal. Las fuerzas de seguridad incautaron 57 teléfonos celulares, cuatro chips, memorias de almacenamiento, dos paneles solares, tres radios de comunicación con sus respectivos cargadores, un router de Internet, 14 televisores, 18 ventiladores y un equipo de aire acondicionado. Asimismo, se decomisaron 120 objetos punzocortantes, 724 cajetillas de cigarrillos y decenas de extensiones eléctricas.
En el apartado de bebidas y estupefacientes, las autoridades confiscaron 13 botellas de licor clandestino, seis toneles de licor fermentado artesanal conocido como cucha y 62 bolsas de la misma sustancia. El inventario antidrogas registró nueve paquetes y decenas de envoltorios con marihuana, bolsas con cocaína, piedras de crack y 16 pastillas de metanfetaminas. López Dellachiessa ratificó que la totalidad de los elementos incautados serán destruidos conforme a los protocolos legales establecidos.
Acciones de la ONPT y garantías de derechos humanos
La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (ONPT) de la Región Norte emitió un pronunciamiento institucional solicitando el cese de los actos de violencia y el establecimiento de mesas de diálogo. La entidad denunció que el personal de verificación enfrentó restricciones iniciales para ingresar al centro de detención debido a los protocolos de cierre preventivo activados por la Policía Nacional Civil en las calles aledañas al perímetro penitenciario.
Ante esta situación, la ONPT interpuso un recurso de exhibición personal en favor de los niños y niñas que conviven con sus madres en las áreas destinadas a mujeres dentro del complejo carcelario. La institución defensora de los derechos humanos anunció que mantendrá las visitas de inspección técnica en los días subsiguientes para elaborar un informe detallado con recomendaciones orientadas a garantizar la integridad física de la población privada de libertad.
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