Controversia diplomática entre Portugal y Colombia por el convenio de expedición de pasaportes
La disputa respecto a la expedición de pasaportes en Colombia ha escalado a un nivel diplomático, con Portugal enviando una nota de protesta formal al gobierno colombiano. La controversia se centra en la continuidad del convenio vigente para la producción de los libretas, mientras la Cancillería colombiana cuestiona un informe presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y avanza con una contratación provisional que devolvería la operación a la empresa Thomas Greg & Sons.
Reacciones de las empresas públicas portuguesas y francesas
Las empresas públicas de Portugal y Francia que participan en el acuerdo tripartito expresaron su preocupación por las decisiones adoptadas por el Gobierno colombiano. El convenio, suscrito por un valor de 1,3 billones de pesos colombianos y previsto hasta 2036, incluye inversiones, aportes y una transferencia progresiva de tecnología que permitiría a Colombia fabricar sus pasaportes de forma autónoma, según informó el medio local El Tiempo.
Proceso judicial y el papel del Instituto Nacional de Impresiones y la Casa da Moeda
El conflicto se desarrolla en medio de una acción popular que el Tribunal estudia en relación con el modelo de expedición de pasaportes. La autoridad judicial emitió medidas provisionales respecto a los convenios que sustentan el esquema, aunque aún no ha adoptado una decisión definitiva sobre el fondo del asunto. La controversia inicial se centró en un informe elaborado por la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal, en el que se indica que el sistema ha operado desde abril de 2026 y que, en su primera fase, la Imprenta Nacional ha personalizado más de 618 mil pasaportes ordinarios.
Por su parte, la Cancillería colombiana aclaró que no aprobó dicho informe y solicitó al tribunal una extensión de 20 días hábiles para verificar la información y presentar un análisis propio. La Casa da Moeda aseguró que el contenido del informe había sido acordado con las partes involucradas y que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se abstuvo de firmarlo en el último momento.
Respuesta diplomática y objeciones de Portugal
Antes de que se conociera la decisión temporal de retomar la operación mediante Thomas Greg & Sons, el gobierno portugués envió una nota verbal a Bogotá en la que expresó su objeción a las declaraciones de la Cancillería colombiana en un memorial presentado ante el tribunal. Portugal afirmó que el informe y las acciones del Gobierno colombiano no reflejaban la realidad y que su intención era dar una apariencia de acuerdo ante la autoridad judicial sin que esto correspondiera a los hechos.
En un comunicado, la Casa da Moeda explicó que mantuvo el uso del logo de la Cancillería en el informe debido a que la orden judicial exigía un reporte conjunto. La institución aclaró que no tuvo intención de utilizar dicho logotipo de manera irregular ni de generar confusión en el tribunal.
Compromisos y etapas del convenio de Portugal
Portugal reiteró su intención de cumplir con el Convenio 010 de 2025 y continuar con la ejecución del mismo, además de rechazar los cuestionamientos sobre su participación. El proceso contempla una transferencia tecnológica a largo plazo y diversas fases de producción. La primera fase implica la provisión de libretas en blanco desde Lisboa y Douai, Francia, además de la personalización en Colombia. Entre septiembre de 2027 y septiembre de 2030, se contempla la preparación, traslado, montaje y numeración de los libros, seguido por la impresión de páginas y contracarátulas en los años siguientes hasta completar la transferencia de fabricación en 2036.
Conflictos adicionales y posibles implicaciones legales
Fuentes cercanas a las partes señalaron que también existe malestar por una solicitud de reunión presentada por Portugal hace más de un mes y medio, sin que hayan obtenido respuesta. Además, hay un pago pendiente por las libretas en blanco entregadas a la Imprenta Nacional, cuyo desembolso estaba programado para el 14 de octubre de 2026.
Las entidades europeas afirmaron que la medida provisional emitida por el Tribunal no anuló el convenio, por lo que este sigue en vigencia. Sin embargo, la tensión aumentó luego de que la Cancillería colombiana firmara una autorización de urgencia de 15 meses con una unión temporal que incluye a Thomas Greg & Sons, en paralelo a un proceso de licitación pública para seleccionar un contratista permanente.
La exministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, criticó que el gobierno colombiano se hubiera adelantado a una decisión definitiva del tribunal, advirtiendo que dicha acción podría derivar en reclamaciones por USD 68 millones por incumplimiento contractual con Portugal, además de posibles acciones penales, disciplinarias y administrativas. Las partes involucradas continúan dialogando con la expectativa de resolver la situación antes de que la controversia escale a un conflicto contractual mayor.
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