La Fiscalía General de la Nación formuló cargos en contra de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, por presuntos delitos de cohecho, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, dentro del marco del caso conocido como Ungrd. La acusación se basa en una supuesta participación en una trama de corrupción relacionada con contratos para la adquisición de carrotanques destinados a La Guajira, extendiéndose además a gestiones irregulares ante el Congreso de la República.
Acusaciones y antecedentes judiciales
Según el documento de acusación, Velasco, quien fuera en su momento jefe de la cartera de Interior, habría estado vinculado junto con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en un acuerdo para obtener apoyos parlamentarios destinados a proyectos del gobierno de Gustavo Petro. La investigación ha llevado a que se le impusiera una orden de captura y a que en diciembre de 2025 se le dictara una medida de aseguramiento intramural, que resultó en su traslado a un centro penitenciario. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto esa medida en agosto de 2026, permitiéndole recuperar su libertad.
Procesos judiciales y decisiones de la justicia
Tras la revocatoria de la detención domiciliaria negociada en noviembre del mismo año, la Fiscalía ordenó una nueva captura, que fue legalizada con una medida de arresto domiciliario. Esta restricción estuvo vigente hasta noviembre, cuando la misma instancia judicial, tras analizar las apelaciones de la defensa y de la Procuraduría, revocó la medida y ordenó su libertad inmediata. Sin embargo, el proceso penal en su contra continúa abierto, sin que esto implique una declaración definitiva de responsabilidad.
Reacción pública y acusaciones del exministro
Luego de los fallos judiciales, Velasco expresó públicamente su rechazo a las acusaciones, en una entrevista concedida a la revista Cambio. Allí cuestionó la focalización de la investigación en ciertos episodios y afirmó que permanecen sin esclarecer otros aspectos, como la distribución de más de 26 contratos que suman aproximadamente 1,3 billones de pesos. Además, señaló que la investigación ha sido parcial, al centrarse solo en algunos elementos que, según su perspectiva, no representan la totalidad del caso.
Velasco afirmó que Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd y piezas clave en la investigación, habrían intentado involucrarlo para negociar beneficios judiciales. “Ellos evidentemente se robaron la Ungrd. La Fiscalía no ha llegado al fondo porque solo ha investigado lo que la prensa destapó. El día que la Fiscalía deje de tapar cosas y realmente investigue, se llevará una sorpresa del tamaño y el monto de este robo”, afirmó.
Acusaciones, versiones y procesos alternos
El exministro relató que una primera versión de Sneyder Pinilla lo ubica en un desayuno en el que, supuestamente, habría impartido instrucciones para activar un esquema irregular. Sin embargo, Velasco aseguró que ese día se encontraba en Cali, en un evento con funcionarios y dirigentes políticos, y que sus abogados le aconsejaron guardar silencio para no comprometer su defensa. También sostuvo que tanto él como Ricardo Bonilla fueron presentados como responsables para desviar la atención sobre quienes estarían manejando en realidad la contratación irregular, calificando la situación como un “monstruoso” caso de corrupción en la Ungrd.
En cuanto a las investigaciones, reconoció que la Fiscalía ha recopilado una gran cantidad de información, más de nueve terabytes, pero sin entregar toda esa evidencia a los acusados. Para Velasco, lo mínimo que se debe a un investigado es tener acceso a las pruebas en su totalidad, lo cual ha sido negado en varias oportunidades, incluso retrasando la entrega de chats y otros archivos. La Corte Suprema llamó la atención a la Fiscalía y aplazó la audiencia preparatoria del juicio hasta febrero de 2027, debido a la sospecha de que algunos archivos esenciales aún no han sido presentados.
Relación con supuestos eventos en la Casa de Nariño y vínculos con congresistas
Uno de los hechos que la Fiscalía ha señalado es una reunión en la Casa de Nariño, el 27 de noviembre de 2023, donde supuestamente se solicitó una cuantiosa suma de dinero para lograr votos en el Congreso en favor de reformas al sistema de salud y pensiones. Velasco negó rotundamente esta afirmación y explicó que ese encuentro fue parte de un comité político creado por el entonces presidente Gustavo Petro en 2022, que se reunía periódicamente.
Sobre la versión del exdirectivo Olmedo López, quien afirmó que en esa reunión se habrían pedido cerca de 80.000 millones de pesos, Velasco dijo que todos los asistentes, incluyendo algunos que hoy tienen diferencias con el Gobierno, desmintieron esa versión. Ocho personas, en sus declaraciones, aseguraron que esas afirmaciones eran falsas, contradiciendo a López.
Asimismo, Velasco aclaró que su tarea en el Ministerio del Interior era facilitar reuniones entre congresistas y funcionarios del Ejecutivo, sin intervenir en la asignación de contratos o en gestiones de votos específicos. En particular, negó haber ordenado gestionar votos para la reforma pensional ante la Comisión Séptima del Senado, y explicó que las listas de congresistas enviadas a Olmedo López correspondían a quienes no asistieron a votar ciertos impedimentos en el Legislativo, no a una estrategia de compra de votos.
Diferencias con Olmedo López y problemática en la selección de funcionarios
Velasco relató que desde antes de llegar al Ministerio del Interior mantuvo diferencias con Olmedo López, cuya designación fue realizada tras instrucciones del presidente Gustavo Petro, a través de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete. Velasco admitió que inicialmente no quería contratar a López y que incluso sugirió que se le otorgara un contrato en lugar de un cargo directivo, decisión que generó molestias en López. Sin embargo, posteriormente, Petro lo nomina director de la Ungrd.
Sobre esa relación, expresó que solicitó a Sarabia que confirmara la existencia del comité político y de las reuniones que ella convocaba, pero que recibió una respuesta evasiva, ya que sus abogados le aconsejaron no participar en esas convocatorias.
Vínculo con el proceso judicial pasado y balance del Gobierno
Velasco también hizo una analogía entre su situación actual y un proceso judicial que enfrentó hace 18 años, en el que fue detenido y posteriormente absuelto. Relató que fue acusado en aquel entonces de ser paramilitar y guerrillero, y que la orden de captura fue firmada por el magistrado Leonidas Bustos, actualmente señalado como cabecilla del “Cartel de la Toga”. Aseguró que en aquel momento fue víctima de un montaje y que permaneció cuatro meses en prisión en La Picota, hasta ser declarado inocente.
Aunque desvinculó a la fiscal actual, María Cristina Patiño, de esas actuaciones pasadas, señaló que hubo vínculos laborales entre ella y Bustos, lo que, en su opinión, genera cierta sospecha. Además, afirmó que no atribuye a la fiscal las irregularidades del pasado, pero que existe una relación que no puede ser ignorada.
Al evaluar la gestión del actual Gobierno, Velasco destacó avances en reformas pensional y laboral, pero también reconoció que faltó autocrítica y mayores controles en la selección de funcionarios. Admitió que no se debieron confiar plenamente en personas cuyo historial no había sido suficientemente evaluado, y que esto facilitó la infiltración de personajes con vínculos problemáticos.
Futuras acciones y postura personal
Finalmente, Velasco anunció que se mantendrá alejado del debate político-partidista hasta que se aclare su situación jurídica. Además, informó que su defensa tiene previsto presentar, en febrero de 2027, testimonios y pruebas que respaldarán su inocencia ante la Corte Suprema de Justicia. En ese momento, espera obtener una resolución definitiva que aclare su participación en los hechos investigados y que restablezca su honor y buen nombre.
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