Expertas y activistas llaman a investigar de manera independiente y pronta las acusaciones contra Gustavo Petro
La politóloga y profesora universitaria Karol Solís Menco, junto con la periodista Laura Camila Vargas, instaron a los sectores progresistas a exigir una investigación rigurosa, rápida e imparcial respecto a las denuncias formuladas por la excontratista Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro. Ambas advirtieron que el caso no debe ser utilizado como herramienta para proteger automáticamente al líder político ni como excusa para desviar la atención de otros debates públicos importantes.
El contenido del video y su impacto en la discusión pública
Las activistas coincidieron en que el video divulgado por Jiménez, en el que aparentemente se muestra un momento íntimo con Petro, puede respaldar la existencia de una relación entre ambos, pero no constituye, por sí solo, prueba de que existieron contratos estatales a cambio de favores sexuales. Para ellas, corresponde a la justicia determinar si dicha cercanía estuvo vinculada a decisiones de contratación y de qué manera pudo haberse dado una posible relación de poder que afectara la vigencia de las normas.
Por su parte, la Fiscalía y la Procuraduría ya han iniciado procesos de investigación, mientras que Jiménez ha rendido declaración ante la Corte Suprema de Justicia. Petro ha negado rotundamente haber utilizado contratos estatales para obtener favores sexuales y ha solicitado que el material audiovisual sea sometido a peritajes forenses para corroborar su autenticidad y contexto.
Debate sobre la vida personal versus la posible corrupción
Solís resaltó que el análisis del caso no debe centrarse en la vida privada del expresidente, sino en la denuncia de que pudo haberse vinculado una relación sexual con una contraprestación en contratos públicos. “La denuncia es otra. Deicy Jiménez dice que recibió contratos estatales a cambio de favores sexuales, eso es lo que tiene que resolver la justicia con base en las pruebas”, afirmó en un video difundido en redes sociales el pasado 5 de noviembre.
Asimismo, advirtió que que una mujer adulta tenga la capacidad de decidir sobre su vida no elimina la necesidad de examinar posibles asimetrías de poder, especialmente en contextos donde la vulnerabilidad puede ser explotada. “Si un presidente o un congresista aprovecha las necesidades económicas de una mujer o su condición social para obtener favores sexuales, está explotando esa vulnerabilidad, algo que un movimiento progresista dice combatir”, explicó Solís.
La analista también indicó que si se llegara a comprobar que estas denuncias tienen un carácter sistemático o recurrente con otras mujeres, la gravedad de los hechos aumentaría significativamente. “Si nos importan los derechos de las mujeres, hay que pedir investigación y celeridad”, enfatizó.
La necesidad de un enfoque equilibrado y crítico
Vargas exhortó a quienes se identifican con la izquierda y el feminismo a no blindar a ningún dirigente por afinidades ideológicas. “No se metan las manos al fuego por ningún hombre, menos si son de izquierda o feministas”, afirmó, aclarando que una denuncia puede tener implicaciones políticas, pero que también debe someterse a una investigación seria y transparente.
En su análisis, Vargas subrayó que la cobertura del caso no debería desplazar temas esenciales como la reforma tributaria, el origen de recursos para campañas electorales o las alertas sobre grupos armados, pero tampoco debería hacer que permanezca en el silencio frente a los señalamientos contra Petro. “Una denuncia puede ser cierta y, al mismo tiempo, ser utilizada políticamente como una cortina de humo”, comentó, y agregó que ambas posibilidades merecen ser analizadas sin que una invalide a la otra.
Contratos y relaciones de poder: un análisis cuidadoso
La periodista recordó que los registros públicos muestran que Jiménez firmó diez contratos con entidades estatales, entre ellas el Senado (siete contratos), el Ministerio del Interior (dos contratos) y la Superintendencia de Vigilancia (uno). Sin embargo, aclaró que estos datos no prueban, por sí mismos, que hayan sido obtenidos por influencia directa de Petro.
Para Solís y Vargas, una relación entre dos adultos solo se considera problemática cuando existen elementos de presión, aprovechamiento de una posición de poder o uso de recursos públicos para favorecer a una de las partes. “El problema está en si esa cercanía derivó en recomendaciones, accesos preferenciales o contratos pagados con recursos del Estado”, afirmó Vargas, quien llamó a revisar minuciosamente los procesos de selección y la función real desempeñada por Jiménez.
De acuerdo con la académica, también es importante analizar la ruta contractual, los procedimientos de adjudicación y los posibles intervenientes en la evaluación de estos casos. Solís agregó que su análisis debe abordar además las perspectivas de género y clase, considerando que una diferencia de poder no implica automáticamente la falta de consentimiento, pero sí obliga a evaluar las condiciones en las que se desarrollaron las relaciones y si estas estuvieron marcadas por influencias o condicionamientos.
La postura del abogado de Petro y la necesidad de peritajes
El abogado defensor de Petro, Alejandro Carranza, afirmó que la autenticidad, el origen, la fecha y el contexto del video deben ser comprobados mediante peritajes. Asimismo, explicó que aún en caso de verificar la autenticidad de la grabación, esto no demostraría, por sí solo, la existencia de contratos, pagos o decisiones administrativas irregulares relacionadas con el expresidente.
Una discusión que trasciende los vaivenes políticos
Ambas creadoras de contenido subrayaron que la discusión debe enmarcarse en una crítica más amplia a la defensa de líderes políticos por parte de sectores que priorizan la lealtad partidista sobre la ética y los derechos de las mujeres. Solís destacó que el progresismo debe ser “más grande que Petro y que el Pacto Histórico” y que “uno de mis principios mínimos compartidos es no encubrir ningún abuso de poder contra las mujeres”.
Por su parte, Vargas expresó que “Petro no es incuestionable y tampoco puede seguir siendo nuestro único referente”, haciendo un llamado a la izquierda para mantener un criterio ético firme, especialmente cuando se ha cuestionado a otros sectores por proteger a políticos denunciados por conductas irregulares.
Avances en la investigación y atención a las instituciones
El proceso judicial continúa tras la citación de Jiménez para ampliar su declaración, además de la orden de extracción forense de información de su teléfono móvil. La Procuraduría anunció el inicio de una indagación previa contra funcionarios y funcionarios de diversas entidades, incluyendo el Congreso, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Salud, para esclarecer posibles irregularidades en los contratos y decisiones relacionadas.
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