Economía de Argentina

El Congreso aprobará los decretos de vivienda el jueves, un día tras la huelga general

El Congreso votará los decretos de vivienda el jueves, antes de la huelga general y el inicio de la campaña electoral.

El Congreso aprobará los decretos de vivienda el jueves, un día tras la huelga general
El Congreso decidirá sobre los decretos de vivienda en una sesión clave antes de la campaña electoral y la huelga general.

La votación en la Diputación Permanente del Congreso y las implicaciones de los decretos de vivienda

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convocará una sesión el próximo jueves 12 de noviembre para debatir y votar sobre los decretos leyes relacionados con vivienda, en un momento previo a la huelga general programada para ese día y minutos antes del inicio oficial de la campaña electoral, que comenzará a la medianoche del viernes 13.

Estos decretos, publicados en el Boletín Oficial del Estado el 7 de octubre, entraron en vigor inmediatamente tras su publicación. No obstante, según la Constitución Española, deben ser sometidos a votación y aprobación en el Congreso en un plazo máximo de treinta días. Debido a la disolución de las Cortes tras el adelanto electoral, la responsabilidad de su convalidación recae en la Diputación Permanente, el único órgano legislativo en funciones hasta la reapertura del Congreso.

Debates y comparecencias en la Diputación Permanente

El orden del día de la sesión muestra que, además de las votaciones de los decretos, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparecerá para explicar la planificación de la red de energía eléctrica hasta 2030. La Diputación Permanente también deberá reunirse posteriormente para tratar otros dos decretos aún pendientes, uno relacionado con medidas de protección social y laboral, y otro destinado a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo.

Detalles y posicionamientos sobre los decretos de vivienda

Los decretos de vivienda comprenden dos textos diferentes. El primero incorpora un conjunto amplio de medidas para afrontar la escalada de precios en el mercado inmobiliario y regular la compra de vivienda por fondos especulativos, mientras que el segundo modifica el primero, estableciendo que el propietario deberá indemnizar al inquilino si decide rescindir el contrato de alquiler.

El Gobierno intentó aprobar estos decretos a principios de octubre, pero enfrentó la oposición del Partido Popular, Vox, Junts y UPN, que sumaban una mayoría absoluta de 178 escaños. Asimismo, el PNV y Coalición Canaria rechazaron el decreto que regula la indemnización a los inquilinos. La situación motivó el adelanto electoral al 29 de noviembre y la decisión del Ejecutivo de volver a presentar los textos, con pequeñas modificaciones, para su votación en la Diputación Permanente, donde la mayoría de los escaños favorece la aprobación del decreto más general.

Este órgano, con 69 diputados, está dividido prácticamente en partes iguales: 34 de la izquierda, agrupados en el bloque formado por el PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, y 34 de la derecha, integrados por PP, Vox y Junts. La clave para la aprobación recae en el escaño del PNV, que ha manifestado su apoyo al decreto de medidas amplias y su rechazo al de indemnización.

Impacto y contenido de los decretos en materia de vivienda

El decreto original incluye medidas como el mecanismo denominado ‘Tu Casa’, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ofrecerá préstamos de hasta 50.000 euros para adquisición de vivienda, con una dotación de 10.000 millones de euros. También contempla un fondo de impacto social con 400 millones de euros para promover viviendas por parte de proveedores sociales y endurece las condiciones para la compra especulativa por fondos ‘buitre’.

Entre otras medidas, se prohíben los desalojos a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y se regula una prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028. En cuanto al segundo decreto, establece que, tras cinco años de alquiler (o siete si el propietario es una entidad jurídica), el contrato se prorrogará automáticamente otros cinco años, y si el casero decide rescindir, deberá pagar una indemnización equivalente a un salario anual de alquiler.

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