Juzgado federal en Tijuana niega recursos legales a empresarios señalados por Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al Cártel de Sinaloa
Un juzgado federal en Tijuana rechazó las dos primeras solicitudes de amparo presentadas por los empresarios Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices, quienes buscaban recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, las cuales fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos operadores financieros de La Mayiza, una facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, según informó el semanario Zeta.
Determinación judicial y alcance de los congelamientos
La resolución del tribunal también afectó las cuentas de al menos cuatro empresas vinculadas a Moreno Gómez Santelices: Inteliproof Efficient, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Corevial Constructora y Baja Fixer Group. Todas ellas tienen recursos inmovilizados en distintas instituciones bancarias desde finales de septiembre de 2026. Las demandas de amparo se presentaron en un juzgado federal de Tijuana luego de que la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, ejecutara el Acuerdo 471/2026 el 28 de septiembre de 2026. Esta orden formalizó el congelamiento de las cuentas de los empresarios en el sistema financiero mexicano.
Acusaciones y sanciones internacionales contra Moreno Gómez Santelices
Su propietario, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, fue señalado por el Tesoro estadounidense como operador de una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo designó como responsable de una red de empresas dedicadas a seguridad, bienes raíces y entretenimiento, que supuestamente lavaba dinero en favor de René Arzate García, conocido como “La Rana”, quien es identificado como jefe de plaza de Tijuana para La Mayiza.
La documentación del Tesoro indica que Moreno Gómez Santelices actuaba como asociado de Jesús González Lomelí, un lavador de dinero de alto rango del Cártel de Sinaloa sancionado por la misma oficina en septiembre de 2025. La designación también lo vincula con los hermanos Alfonso y René Arzate García, así como con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”.
Empresas sancionadas y su actividad comercial
Junto con la promotora de conciertos Conciertos y Espectáculos Inhouse, la OFAC sancionó a otras nueve empresas relacionadas con el mismo operador: Grupo Baja Fixer, Inteliproof Efficient, Capital Privado Baja, Capital Privado Bursátil —que operan bajo el nombre comercial “Private Equity Baja”—, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Wermak Publired, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colaborativa.
Inteliproof Efficient está registrada en la Dirección General de Seguridad Privada con número DGSP/291-22/4718, vigente desde 2022 hasta diciembre de 2026, y ofrecía servicios de seguridad electrónica, videovigilancia CCTV y blindaje vehicular en Tijuana. Por su parte, Capital Privado Baja se presentaba en su sitio web como un “family office” con oficinas en el bulevar Salinas de Tijuana, brindando servicios de administración patrimonial, mercado cambiario y soluciones para el sector gubernamental.
La promotora Conciertos y Espectáculos Inhouse, bajo el nombre comercial In House Espectáculos, fue responsable de la apertura de la Arena Valle de Guadalupe en mayo de 2024 con un concierto de Christian Nodal. Durante ese año, el recinto también acogió presentaciones de artistas como Ricky Martin, Carín León, Banda MS, Los Aguilar, Luis Miguel y Los Ángeles Azules. La promotora cuenta con aproximadamente 36,000 seguidores en Facebook, aunque su última publicación data del 31 de diciembre de 2025.
Contexto y alcance de las sanciones internacionales
Las designaciones contra Moreno Gómez Santelices forman parte de un paquete de sanciones anunciado a finales de septiembre de 2026, en el cual la OFAC incluyó a 21 personas físicas y 25 entidades corporativas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados. Estas medidas se sustentan en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que otorgan al Departamento del Tesoro la facultad de bloquear activos de quienes brindan apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa.
En ese mismo paquete, el Tesoro también designó a Carlos Villela Gómez Santelices, con un perfil de negocios similar al de Moreno, así como a Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala, señalados por participar en el lavado de dinero del cártel en Tijuana a través de empresas conjuntas con Jesús González Lomelí.
Situación judicial de otros señalados y posibles implicaciones
En un amparo separado, la misma suerte corrió Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Según el semanario Zeta, Torres acudió el 16 de octubre de 2026 al Juzgado Segundo de Distrito en Mexicali para impugnar el bloqueo de sus cuentas en Banorte y su inclusión en la lista de fondos congelados. Seis días después, el juzgador rechazó la medida cautelar, argumentando que la inmovilización ordenada por la UIF responde a normas de orden público destinadas a proteger el sistema financiero mexicano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que Torres Torres habría utilizado su influencia política para facilitar las actividades del Cártel de Sinaloa y respaldar sus operaciones en Baja California, vinculándolo con una alianza directa con “El Ruso”, líder de Los Rusos que controla la plaza de Mexicali para Los Mayos.
El 29 de septiembre, día en que se anunciaron las sanciones, Torres rechazó públicamente las acusaciones y afirmó en un comunicado: “Niego cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México”, además de anunciar gestiones ante la OFAC para revertir la designación.
Empresas vinculadas y cambios societarios previos a las sanciones
La OFAC también sancionó a cinco empresas relacionadas con Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, entre ellas Vida Orgánica Tijuana —que opera como “Vive Orgánico Fresh Market”—, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF. Entre los socios originales de Vida Orgánica figuraban la propia gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y Carlos Torres, según documentos societarios. Sin embargo, una rectificación de escrituras fechada el 10 de septiembre de 2026 retiró a la mandataria de la sociedad, 19 días antes del anuncio oficial de las sanciones de EE. UU.
Con la mayoría de los amparos rechazados en menos de dos semanas —dos en Tijuana y uno en Mexicali—, los empresarios señalados por el Tesoro enfrentan un panorama judicial bloqueado, mientras sus cuentas permanecen congeladas en el sistema financiero mexicano.
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