Ampliación de controles estadounidenses incluiría a Cuba en tecnología sensible
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado a conocer una propuesta que ampliaría los controles para inversiones en tecnologías consideradas sensibles, y en ella Cuba sería incluida como parte de una lista de países bajo mayor vigilancia. La iniciativa, publicada el pasado 26 de octubre en el Registro Federal, busca fortalecer las medidas de seguridad nacional mediante nuevas regulaciones que exigen notificación para ciertos tipos de operaciones y prohíben otras.
El país como «especial preocupación» en el marco de sanciones y controles
Contexto de la inclusión de Cuba y otros países
En la propuesta, Cuba aparece categorizada como “país de preocupación”, junto con Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela, específicamente el régimen de Nicolás Maduro Moros. La medida forma parte de un programa que hasta ahora enfocaba sus controles en China, incluyendo Hong Kong y Macao. La expansión responde a la ley conocida como la COINS Act, aprobada por el Congreso en diciembre de 2025.
Discrepancias respecto a la situación en Venezuela
El documento aclara que, en el caso de Venezuela, el régimen mencionado ha dejado de existir formalmente, ya que desde el 5 de marzo de 2026 Estados Unidos reconoció a Delcy Rodríguez como jefa de Estado. Sin embargo, la propuesta mantiene la referencia por disposición legislativa, incluyendo a Venezuela en la lista de países de preocupación en su definición y regulación.
Objetivos y alcance de las nuevas disposiciones regulatorias
El Departamento del Tesoro argumenta que algunas inversiones estadounidenses pueden facilitar el desarrollo de tecnologías que, además de beneficios civiles, puedan potenciar capacidades militares, de inteligencia, vigilancia o ciberseguridad de los países considerados países de preocupación. La propuesta tiene como fin impedir que esos recursos financieros contribuyan a fortalecer tales ámbitos estratégicos.
Operaciones específicas y sectores afectados
Las disposiciones alcanzan operaciones relacionadas con personas y empresas que desarrollen actividades tecnológicas en áreas como semiconductores, microelectrónica, sistemas de superinteligencia —antes denominados inteligencia artificial—, tecnologías cuánticas, computación de alto rendimiento y supercomputación, así como sistemas hipersónicos y biotecnología. Este último sector fue añadido recientemente por el Tesoro bajo las facultades otorgadas por la legislación vigente.
Implicaciones para inversionistas y regulaciones futuras
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó el 22 de octubre que “bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos comprometidos a poner en primer lugar la seguridad nacional de Estados Unidos”. Añadió que las propuestas regulatorias fortalecerían los mecanismos existentes para prevenir que adversarios utilicen inversiones en tecnologías sensibles que puedan amenazar la seguridad del país, además de brindar mayor claridad a los inversionistas sobre sus obligaciones.
Operaciones sujetas a control y posibles excepciones
Las nuevas reglas contemplan diversas formas de inversión, como la adquisición de participaciones de capital, creación de empresas conjuntas, inversiones greenfield y algunos financiamientos de deuda que confieran derechos de gobernanza o financieros similares a los de una inversión de capital. Estas operaciones requerirían notificación al Departamento del Tesoro, generalmente en un plazo de 30 días, y una investigación razonable por parte de los inversionistas.
El esquema también contempla excepciones para ciertos valores cotizados, fondos y transferencias internas entre empresas. Asimismo, existe la posibilidad de solicitar exenciones en función del interés nacional. El Departamento del Tesoro aclaró que la intención no es prohibir toda inversión en los países señalados, sino establecer controles más rigurosos y específicos. Además, otras leyes estadounidenses podrían tener impacto adicional sobre estas operaciones.
Proceso y futuras consideraciones regulatorias
El programa original fue lanzado mediante una orden ejecutiva en agosto de 2023, con regulaciones que entraron en vigor en enero de 2025. La propuesta actual permanecerá abierta a comentarios del público hasta el 7 de diciembre, tras lo cual el Departamento del Tesoro deberá emitir un reglamento definitivo que establezca la fecha de entrada en vigor definitiva de estas nuevas regulaciones.
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