El sector de los centros de datos solicitará al Consejo de Estado y evalúa acciones legales contra el decreto

Rechazo del sector de centros de datos ante el nuevo proyecto de reglamento del Gobierno

El sector de los centros de datos en España ha expresado un rechazo rotundo al nuevo borrador de real decreto sobre ‘data centers’ presentado este lunes por la noche por el Gobierno. La industria ha advertido que recurrirá a todas las vías legales disponibles para impedir la aprobación de esta normativa.

Reacciones ante la propuesta del Ejecutivo y posibles impactos económicos

El Ejecutivo ha enviado al Consejo de Estado una versión modificada de la propuesta, en la que se alivian las exigencias del primer borrador para definir el marco regulatorio del sector. Sin embargo, fuentes del sector consideran que el texto sigue siendo «inaceptable», calificándolo como «el peor escenario» y señalando que la regulación genera una situación crítica que ha llevado a los operadores a estar «echando chispas».

Además, alertan de que, por razones de confidencialidad, no pueden revelar las malas noticias que están recibiendo en los últimos días. La industria anticipa que esta normativa provocará una fuga constante de compañías hacia otros mercados cercanos. Algunas empresas ya estarían comenzando a trasladar sus operaciones fuera de España, en medio de un escenario de incertidumbre.

Tras la publicación del primer real decreto, se habrían retirado inversiones inmediatas por un valor aproximado de 9.000 millones de euros. Actualmente, el sector estima que están en riesgo unos 67.000 millones de euros, y se prevén noticias negativas en las próximas jornadas tras la decisión de empresas como Google de congelar sus planes de inversión.

Críticas a la regulación y riesgos para la estabilidad del sector

Las fuentes del sector rechazan enérgicamente las afirmaciones de que la normativa se haya suavizado. Insisten en que la opción A, que prevé ciertos requisitos, sigue siendo impracticable. La industria de energías renovables comparte esta opinión, ya que ninguna de las partes puede cumplir con esas condiciones en la práctica.

Respecto a la opción B, critican que genera una incertidumbre e inseguridad inaceptables para un sector que requiere operatividad 24 horas, argumentando que sufrir cortes de suministro de forma indefinida, sin remuneración y a criterio del Gobierno, sería una discriminación injustificada. La industria se pregunta quién invertirá en España sabiendo que puede perder la licencia, enfrentarse a peajes desproporcionados por regulaciones inalcanzables y experimentar desconexiones arbitrarias.

Para el sector, esta situación equivale a pagar por el «apagón del Gobierno», un escenario que consideran inasumible, y exigen que el debate público se realice con mayor serenidad, profesionalidad y transparencia.

Procedimientos oficiales y posibilidades de impugnación legal

El sector confirmó que comparecerá ante el Consejo de Estado tras ser aceptada su petición para presentar alegaciones, defendiendo la necesidad de tramitar la ley por la vía ordinaria y sin prisa. Consideran que se carece de tiempo suficiente para realizar un análisis técnico riguroso, dado que la intención oficial sería aprobar la normativa antes del 29 de noviembre, fecha en que entra en funciones un nuevo Ejecutivo.

En sus alegaciones, se señalarán posibles irregularidades legales, como la vulneración del principio de reserva de ley, la falta de proporcionalidad en las medidas y la ausencia de motivos suficientes que justifiquen la urgencia. Tras la revisión del Consejo de Estado, la normativa deberá recibir los dictámenes de los Ministerios de Transformación Digital, Transición Ecológica y Economía, antes de proceder a su aprobación final en el Consejo de Ministros.

El sector no descarta acudir a la vía judicial si considera que el texto final mantiene aspectos ilegales, especialmente en lo referente a la ausencia de una memoria económica y de impacto que justifique la revocación de licencias o la imposición de restricciones técnicas.

Críticas por trato desigual y solicitudes de revisión normativa

Desde la industria, la normativa es considerada ilegal por su imposibilidad de cumplimiento y por el trato favorable que, según denuncian, recibe la Administración pública. El sector señala que el Gobierno se aplica una exención y excluye a los centros de datos de la Administración, además de eximir a proyectos como la gigafactoría de Mora la Nova (Tarragona).

Desmienten categóricamente las interpretaciones que señalaban un suavizado de las exigencias, asegurando que el real decreto obliga a escoger entre aceptar una regulación excesiva, como el requisito de un 80% de generación renovable con una correlación horaria igualmente elevada, o afrontar el riesgo de cortes de red, algo que consideran especialmente grave para un sector que opera las 24 horas.

Asimismo, exigen que la norma vuelva a pasar por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), dado que consideran que las modificaciones introducidas son sustanciales y requieren un nuevo dictamen. Además, alertan que no se ha notificado oficialmente a la Comisión Europea mediante el procedimiento TRIS, lo cual consideran obligatorio al restringir aspectos técnicos relacionados con los servicios de la sociedad de la información, y alertan sobre un posible incumplimiento de la normativa comunitaria de unidad de mercado. La industria denuncia que solo han recibido el texto a través de portales públicos y medios periodísticos, sin notificación formal previa, reiterando su rechazo y solicitando una mayor participación del Gobierno en la elaboración de la regulación para evitar efectos perjudiciales en un sector estratégico que genera empleo e inversión.